La Cámara de Diputados terminó una sesión de más de 12 horas sin aprobar ninguno de los proyectos que buscaban dar respuestas al creciente endeudamiento de las familias. La falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición dejó en suspenso las iniciativas y abrió un nuevo frente de disputa política en el Congreso. La Libertad Avanza (LLA) no contaba con los votos suficientes para avanzar con su propuesta, centrada únicamente en la educación financiera y la transparencia de las operaciones crediticias pero consiguió bloquear los proyectos opositores que buscaban la reestructuración de las deudas. El oficialismo envió nuevamente la discusión a comisión, sin establecer una fecha límite para emitir nuevos dictámenes.
La moción impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudici se impuso por 121 votos contra 117. El resultado generó cuestionamientos entre los bloques opositores, que interpretaron la decisión como una estrategia para cajonear indefinidamente el tratamiento de las iniciativas.
“El oficialismo no tenía los votos para imponer su no dictamen (solo cursos de educación financiera para que quienes no tienen dinero y contrajeron deudas sepan administrarse) y tuvo que pedir que el proyecto regresara a comisiones. Allí lo cajonearán”, cuestionó el diputado radical disidente Pablo Juliano en sus redes sociales.
El proyecto de La Libertad Avanza evitaba establecer límites a las tasas de interés, imponer refinanciaciones obligatorias o disponer quitas de intereses. La iniciativa se alineaba con la posición del presidente Javier Milei, quien definió el endeudamiento como “un problema entre privados”. En ese marco, la propuesta buscaba que los consumidores conocieran con precisión las condiciones de los créditos antes de contratarlos. Para ello, obligaba a las entidades financieras a informar el monto efectivamente financiado, las tasas de interés, las cuotas, las comisiones, los seguros, las consecuencias de la mora y el costo total de la operación.
También contemplaba mayores requisitos de seguridad para los créditos contratados por internet, con mecanismos reforzados de autenticación y doble validación de la identidad del consumidor y de su aceptación de las condiciones. Además, establecía que el silencio, la inacción o las opciones seleccionadas por defecto no podían interpretarse como consentimiento.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa con el argumento de que una mayor regulación podría restringir el acceso al crédito. “Si ponemos topes o regulaciones vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres que terminó agravando el problema”, habían señalado desde el bloque.
Durante el debate, Giudici sostuvo que el incremento de la morosidad debía analizarse junto con la expansión del financiamiento. “El crecimiento exponencial del crédito que hubo tiene un consiguiente aumento de la mora, pero también hubo 4 millones de personas que por primera vez accedieron a tomar un crédito en Argentina”, afirmó.
Las iniciativas opositoras planteaban una intervención más directa del Estado para aliviar la situación de los hogares endeudados. Uno de los dictámenes, impulsado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas, proponía declarar la emergencia por 180 días y establecer un régimen de refinanciación para deudas de hasta dos canastas básicas totales, según el Indec.
El esquema contemplaba una tasa vinculada a la TAMAR, utilizada para depósitos mayoristas, con un adicional del 25% sobre el costo financiero total. Los deudores podrían cancelar sus obligaciones en hasta 12 cuotas, sin penalidades por pagos anticipados y con cuotas que no superaran el 30% de sus ingresos. La propuesta también incluía la eliminación de los intereses punitorios para quienes ya hubieran ingresado en mora.
Un tercer dictamen, elaborado por representantes de Argentina Federal, planteaba declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de los consumidores financieros por un año, prorrogable por otro. Entre sus principales medidas, establecía un límite a los intereses de los créditos destinados al consumo, con un tope equivalente a 1,5 veces la tasa de los plazos fijos a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.
Además, creaba un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinaran al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y percibieran hasta diez salarios mínimos. El régimen preveía refinanciaciones con una tasa nominal anual fija de hasta el 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y ausencia de comisiones y gastos administrativos.
La votación que devolvió los proyectos a comisión también dejó expuestas las dificultades del oficialismo para construir mayorías. Cinco diputados cercanos al gobernador cordobés Martín Llaryora se abstuvieron en la votación, una decisión que incidió en el desenlace de la disputa parlamentaria.
Tras el cierre de la sesión, desde la oposición cuestionaron la estrategia libertaria y acusaron al oficialismo de buscar que el debate perdiera impulso. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lanzó duras críticas contra Giudici: “Giudici es una embustera”. Con los expedientes nuevamente en comisión y sin un plazo definido para retomar su tratamiento, las propuestas quedaron sin avances concretos.
AL/CM
