Con la atención de la política nacional puesta en la doble sesión del miércoles en Diputados, el Senado tuvo este martes su propia jornada activa. Las comisiones de Economía e Inversión Nacional y Presupuesto y Hacienda se reunieron en plenario y dictaminaron la segunda versión del acuerdo de conciliación con los fondos buitres Attestor y Bainbridge —la misma que había tenido que bajar del recinto en la última sesión por un «error material» que el oficialismo minimizó como «cuestiones técnicas menores». Este martes quedó claro en qué consistía ese error: el texto anterior incluía montos prescriptos en el listado de bonos y dejaba afuera otros que debían estar. El monto total a pagar por el Estado sigue siendo de 171 millones de dólares.
La sesión del plenario estuvo conducida por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton. El dato más resonante lo dio García Hamilton al anunciar que el plazo de sanción acordado con los fondos buitres se extiende hasta el 30 de junio. Eso le da margen al Congreso: el Senado puede llevar el acuerdo al recinto a partir del 26 de mayo, y la Cámara de Diputados tendría un mes para abordarlo. Según afirmaron fuentes parlamentarias a La Pluma, la sesión ordinaria para aprobarlo está proyectada para el jueves 28 de mayo, y el temario también incluiría el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada si el plenario de este miércoles firma el dictamen. El senador peronista Jorge Capitanich presentaría un dictamen de minoría en las próximas horas.
Propiedad privada se destrabó con concesiones
El otro movimiento del día fue justamente la convocatoria al plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General para dictaminar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, fijada para este miércoles 20 a las 11:30 en el Salón Arturo Illia. El proyecto lleva más de un mes trabado desde la última reunión informativa, y para desbloquearlo el oficialismo cedió en dos puntos que la oposición dialoguista venía reclamando: se elimina el Capítulo III completo, que derogaba artículos de la ley de regularización dominial urbana y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos, y se modifican partes del Capítulo IV sobre la Ley de Tierras Rurales. Con esas concesiones, el dictamen tiene chances de firmarse mañana y el proyecto quedaría habilitado para ir al recinto junto al acuerdo con los holdouts el 28 de mayo.
Lo que queda en pie del proyecto tampoco es menor: modifica el régimen de expropiaciones con criterios de proporcionalidad, establece un mecanismo de actualización indemnizatoria, moderniza el sistema registral con digitalización integral y deroga los artículos introducidos en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego que establecían restricciones de hasta 60 años para modificar el uso de tierras quemadas en bosques nativos. Esa última derogación, en particular, sigue generando resistencia en sectores ambientalistas. El peronismo no logró sacarla del texto.
Salud Mental, la semana que viene
El miércoles a las 14 horas, las comisiones de Salud y Legislación General también se reúnen por el proyecto de modificación a la Ley de Salud Mental, el que el Gobierno envió semanas atrás en un movimiento que buscó, en parte, correr la agenda del foco sobre el caso Adorni. La reunión es parte de la construcción del dictamen, aunque el texto todavía no está listo para ir al recinto: las diferencias entre el oficialismo y el sector salud mental siguen siendo profundas y el proyecto acumula cuestionamientos desde organizaciones de profesionales y desde la oposición. Por ahora no tiene fecha de sesión.
El cuadro del Senado en esta semana es el de una cámara que avanza silenciosamente en su propia agenda mientras el ruido político se concentra en Diputados. Con el acuerdo de holdouts dictaminado y la propiedad privada a un paso de tenerlo, el oficialismo se prepara para una sesión el 28 de mayo.
JD/CM
