El Senado comenzó a tratar en un plenario de comisiones la modificación de la Ley de Salud Mental impulsada el oficialismo. Los cambios que pretende implementar el Gobierno se da un un contexto de aumento exponencial de las enfermedades relacionadas a la salud mental, sobre todo post pandemia. En los últimos cinco años las internaciones aumentaron un 77% y las consultas por salud mental, 130%. En el caso de menores de edad, las internaciones subieron un 790,3%.
Especialistas consultadas por La Pluma notan que la propuesta del Gobierno aparece en medio del desfinanciamiento a la salud pública en general y que quienes estuvieron a cargo de la confección del borrador desconocen que, por ejemplo, no hay cantidad suficiente de psiquiatras en el país como para indicar internaciones compulsivas, tal como se propone. Hay objeciones varias al proyecto, que impulsa la vuelta de los manicomios, centra el padecimiento mental en el individuo aislándolo de las circunstancias comunitarias, y reemplaza términos: ya no se trataría de «padecimientos» sino de «trastornos mentales».
En medio del desfinanciamiento y en un pico de padecimientos mentales
El proyecto, que también introduce cambios en algunos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, y en la ley de prevención de las torturas y otros tratos inhumanos, ingresó al Congreso en medio del ajuste en salud. Por ejemplo, este año el Programa de Apoyo y Promoción de la Salud Mental tiene solo 47 millones de pesos destinados, se trata de 652 millones menos que en 2023.
La retracción del Estado Nacional se da cuando los padecimientos de salud mental se multiplicaron exponencialmente, sobre todo después de la pandemia. El «Informe sobre crisis de la salud mental en la Argentina 2019-2025» fue elaborado por la Provincia de Buenos Aires con el aporte de 16 provincias que contienen más de la mitad de población del país –Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán–.
El relevamiento indica que entre 2019 y 2025, aumentaron un 134% las consultas ambulatorias y un 77% las internaciones. Hay casos extremos. Por ejemplo en Santa Cruz. Allí la suba de las internaciones de Niños, Niñas y Adolescentes fue exponencial: 790,3%.
En la mitad de las 16 jurisdicciones se observan “un deterioro de las condiciones de vida y derechos vulnerados cotidianamente, que incrementan el sufrimiento e impactan en la salud mental”. Dice, además, que “se destacan la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el aumento de consumos problemáticos de sustancias; los cuadros clínicos se presentan más graves y en edades cada vez más tempranas”. Para Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias de la Provincia de Buenos Aires, “no hay otro tema de salud que haya aumentado tanto”.
Para Mariana Moreno, psiquiatra infantojuvenil y exdirectora Nacional de Salud Mental, “el escenario es crítico, sabemos que va en aumento el suicidio en la población adolescente, así como las conductas autolesivas. Todas las situaciones de violencia y los consumos problemáticos hacen que se requiera de una política pública comprometida. La ley actual es facilitadora, de avanzada basada en normativas internacionales, con perspectiva comunitaria y de cuidado integral”.
Quieren psiquiatras pero la mitad está en CABA
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina hay 3945 psiquiatras y la mayoría de ellos están en los grandes núcleos urbanos. “Más del 50%, están concentrados en la Ciudad de Buenos Aires y hay algunas ciudades que tienen uno o dos psiquiatras cada 100.000 habitantes.
Uno de los puntos más criticados del proyecto es que indica que los equipos deben ser interdisciplinarios (psicólogos, trabajadores sociales, etc.), pero que uno de los integrantes debe ser necesariamente médico psiquiatra. Sin embargo, es una especialidad que no tiene presencia en todas las regiones, lo que provocará complicaciones en el acceso a la salud.
«Es un proyecto que desconoce la realidad del campo profesional. Esto lleva a un riesgo importante dado que la ley vigente dice que, en caso de no haber psiquiatra, las internaciones las puede firmar cualquier médico o profesional de cualquier disciplina: un dermatólogo, un traumatólogo, cualquier persona que esté en la guardia”, advierte Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para Moreno al poner la responsabilidad en un psiquiatra y desvalorizar el trabajo interdisciplinar, el proyecto de LLA reinstala la hegemonía disciplinar. «Tener una perspectiva hegemónica empobrece y no permite dar una respuesta compleja a situaciones complejas. La responsabilidad recaería sobre el médico o médica psiquiatra y en estos años hemos aprendido que la responsabilidad compartida permite que trabajemos mejor y demos mejores respuestas«, apunta Moreno.
Un problema del individuo escindido de lo social
Para el CELS, la segunda gran falencia de la propuesta libertaria –además de centrar la responsabilidad en el psiquiatra– es la de establecer una concepción que se centra solo en la persona y en su padecimiento. Explica Sabin Paz que el proyecto “no tiene en cuenta que los problemas de salud mental de la población no son cuestiones del individuo sino que son en relación. El modelo que plantean asume que la salud mental es algo de cada persona y desconoce que son problemas entorno a la vida que tenemos, la falta de trabajo o las dificultades para llegar a fin de mes”.
La vuelta del manicomio
Otra de las objeciones tiene que ver con que vuelve a un modelo de instituciones manicomiales, a las cuales la ley actual obliga al cierre progresivo. A diferencia de la norma vigente –que propone que las internaciones sean en hospitales generales–, el proyecto de LLA vuelve nuevamente a la manicomialización con la creación de nuevos centros especializados.
El proyecto habilita a los hospitales especializados en psiquiatría y a instituciones privadas a que se incorporen formalmente a la red sanitaria. Advierte que rechazar pacientes por el solo hecho de tratarse de problemáticas de salud mental será considerado un acto discriminatorio.
Para las especialistas consultadas, esto va en contra de los que sostienen la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, un organismo que Argentina ya no integra desde 17 de marzo siguiendo la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Con este modelo se vuelve a una idea bastante caduca en la organización de los sistemas de salud porque toda la tendencia mundial y expresada en la perspectiva de la OPS y OMS, hablan de avanzar hacia formas de atención de la salud mental basada en las comunidades, con perspectiva comunitaria, que fomente procesos de inclusión social y que no desvincule a la gente de sus centros de vida. Este proyecto iría en un sentido contrario”, explica Calmels.
Nueva condición para internaciones compulsivas
En los artículos 41 y 42 incorpora el estándar de “riesgo grave de daño” como condición para la internación sin consentimiento y regula el traslado de urgencia por parte de la autoridad pública. Reemplaza el concepto vigente de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
Ya no sería «padecimiento» sino «trastorno mental»
Otro de las modificaciones tiene que ver con el reemplazo del término “padecimiento mental” que, según el Gobierno, es “demasiado amplio para la práctica clínica”. Por ese motivo adopta la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y regresa al concepto de “trastornos mentales”.
«Eso implica que sí o sí para pensar en el cuidado de la salud mental va a haber que tener un diagnóstico. El padecimiento considera cualquier situación que afecte la salud mental de cualquier ciudadano o ciudadana aunque no tenga un diagnóstico definido. En ese sentido, termina siendo restrictiva«, explicó Moreno.
Rechazo en el Encuentro Federal de Salud Mental
La propuesta generó el rechazo de la mayoría de las autoridades del área provinciales porque no fueron consultadas y tienen más presión en los gastos en medio del desfinanciamiento. Además, los especialistas advirtieron sobre los riesgos que implica una norma de estas características en lo que parece un pico en internaciones y consultas relacionadas a la salud mental.
En el 3° Encuentro Federal de Salud Mental, que se hizo en el marco de Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), los referentes provinciales rechazaron el proyecto libertario porque consideran que implica un retroceso en materia de derechos, retira las fuentes de financiamiento esenciales, incorpora nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticula el enfoque comunitario, que es es el espíritu de la ley vigente.
La subsecretaria de Salud Mental bonaerense, Julieta Calmels, estuvo en el encuentro. Cuenta que una de las principales preocupaciones fue la económica porque el proyecto “quita el compromiso del gobierno nacional en el financiamiento a las provincias”, además de que crea barreras de acceso “al exigir la presencia de un psiquiatra o, en su reemplazo, un médico general para indicar las internaciones y otras prácticas de cuidado”.
CDB/VDM
