El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert en una causa que investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada a una transferencia de USD 200.000 proveniente de cuentas asociadas al empresario condenado en EEUU. Federico «Fred» Machado.
Según el dictamen fiscal, el contrato de servicios profesionales presentado por Espert para justificar el ingreso de los fondos carecería de sustento real y habría sido utilizado como una simulación destinada a encubrir el verdadero origen del dinero.
La investigación judicial señala que el economista argumentó haber realizado tareas de consultoría minera para la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que no encontró elementos que acrediten la efectiva prestación de esos servicios. Entre las pruebas reunidas figura que Espert no registró viajes a Guatemala durante el período en cuestión y que los proyectos mineros vinculados a la compañía no se encontraban operativos.

Para el fiscal Domínguez, esas circunstancias debilitan significativamente la explicación brindada por el exlegislador respecto de la transferencia recibida. En consecuencia, solicitó que sea citado a prestar declaración indagatoria por presunto lavado de activos.
La medida también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., quienes son investigados por su presunta participación en la elaboración de documentación contable considerada irregular por los investigadores.
En paralelo, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y una prohibición de innovar sobre los activos financieros y patrimoniales de Espert y de su esposa, María Mercedes González, mientras avanza la causa.
El expediente tiene como eje el vínculo entre Espert y Machado, un empresario argentino que fue detenido por Interpol en 2021 y posteriormente sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos. Allí admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero como parte de un acuerdo judicial. Según la hipótesis que analiza la Justicia argentina, Machado habría aportado recursos económicos y apoyo logístico para la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019.

(Foto: Presidencia / AFP)
Los investigadores buscan determinar si la transferencia de USD 200.000 constituyó una operación legítima derivada de servicios profesionales o si formó parte de una maniobra destinada a introducir en el circuito legal fondos de origen presuntamente ilícito.
La definición sobre el pedido de indagatoria quedará ahora en manos del juzgado federal interviniente, que deberá resolver los próximos pasos procesales de una causa que suma un nuevo frente judicial para el referente liberal.
Espert que hace un año lanzaba su candidatura como Jefe de lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires se mantiene recluido y fuera de la luz pública. Semanas antes de la elección tuvo que declinar la candidatura ante las revelaciones que se acumulaban sobre su vínculo con Machado.
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