Pese a todos los intentos del gobierno por reducir la erosión, Mario Lugones, volvió nuevamente al centro de la escena por la reactivación de la crisis en el sistema sanitario y los servicios del PAMI. Encerrado en una encrucijada por falta de fondos y la acumulación de deudas con prestadores y obras sociales, las versiones sobre la posible salida del ministro de Salud volvieron a aflorar aunque en el gobierno afirman tajantes que “no se va”.
El dueño del Hospital Güemes encabeza desde hace meses una serie de contratiempos que ponen en jaque la fluidez de su gestión. La causa judicial que inició el juez federal, Ernesto Kreplak, por las más de 110 muertes de pacientes a causa del Fentanilo contaminado, derivó en la detención de Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, funcionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT). Aunque la comunicación oficial trata de encapsular el escándalo, las detenciones tienen al oficialismo conmocionado y en estado de alerta por la posible expansión de la investigación por el analgésico adulterado elaborado en Laboratorios Ramallo y comercializado por HLB Pharma.
Si bien en sus declaraciones ante el juez las directoras despegaron a Lugones de cualquier responsabilidad frente al caso, lo cierto es que la presión para obtener un responsable crece. En este marco, desde el gobierno aseguran que el ministro está siendo víctima de una “operación” mediático-judicial para lograr correrlo de la gestión. “Mario está tranquilo y no se va a mover de donde está. Javier (Milei) lo apoya y está convencido de que no tiene nada que ver”, dijeron desde el oficialismo para descartar todo cambio en la cartera en el próximo tiempo.
Sin embargo, lo cierto es que la causa por el fentanilo no es la única mochila con la que carga el ministro. La crisis en el PAMI por la falta de pago a prestadores de servicios tiene al oficialismo ideando planes para hacer rendir a como dé lugar una sábana cada vez más corta. Desde hace dos meses, además de los reclamos, manifestaciones y reuniones de último momento con funcionarios nacionales, los encargados de brindar servicio a los hospitales que atienden la obra social de jubilados y pensionados decidieron avanzar con el recorte y paralización de los servicios para exigir al estado nacional el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma.
Según datos oficiales, la deuda estimada que acumula el PAMI asciende a los más de 500.000 millones, un saldo que en el oficialismo aseguran impagable debido a la decisión política del ministro de Economía, Luis Caputo, y su segundo, Carlos Guberman, de pisar los fondos previstos para la atención estatal. Siempre en base a relevamientos internos, desde el 2023 los montos percibidos por los hospitales perdieron un 75% de su valor real frente a la inflación, mientras que en clínicas sureñas denuncian que un aumento de precios de 341% con un reconocimiento del PAMI que no supera el 143% en tres años.
En el gobierno reconocen la crisis que atraviesa el sector pero avisan que no habrá modificaciones en el corto plazo en materia de presupuesto para la obra social de jubilados. En este punto, en tanto, aseguran que seguirán intentando “tapar agujeros”, aunque reconocen que la dificultad podría aumentar con el paso de los meses. “Estamos trabajando para encontrar soluciones, pero la verdad es que no hay un peso para esto”, confiaron en Nación.
El mismo destino parecería tener la atención a discapacitados. Semanas atrás, el gobierno había logrado negociar con los aliados nuevas disposiciones para acaparar la Emergencia por Discapacidad que el Congreso intenta prorrogar por un año más, sin embargo el martes por la noche todo parecería haber cambiado de parecer.
Con la presentación del Presupuesto 2027, el oficialismo busca derogar el Nomenclador de Prestaciones Básicas que garantizaba una actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores por inflación. La decisión llamó la atención en las bancadas aliadas de la Unión Cívica Radical y el PRO puesto que esta discusión, decían, ya estaba saldada. “Esto vuelve todo a foja cero”, dijeron desde una de las bancadas.
En este marco, este lunes, el titular de la cartera de sanidad encabezó un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud donde logró juntar a los veinticuatro ministros de Salud de todo el país para exponer en una mesa multipartidaria el estado de situación de la atención pública a nivel nacional, siendo la discapacidad el eje principal. Durante el encuentro, Lugones presentó como novedad un tablero interactivo para consultar los tiempos de tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque no existieron puntos de acuerdo respecto a la puesta en marcha de una nueva Ley de Salud Mental. El proyecto se encuentra en discusión en comisiones en el Senado y, por el momento, no tiene fecha para ser tratado en sesión.
Como si a Lugones le faltaran balas, quien se quitó las ganas de enviar un mensaje a su socio en el Hospital Güemes fue el sindicalista gastronómico, Luis Barrionuevo, quien aprovechó la gira promocional de su nueva película para destrozar a su ¿ex? amigo. “Yo digo que o resuelven el problema o que se la lleve Mario Lugones. ‘Acá tenés las llaves, manejá vos la obra social del gastronómico’. Y cada obra social tiene que darle la llave y que maneje él la salud”, dijo en una entrevista a La Nación. En esta línea, el ex menemista destrozó la pésima ejecución del oficialismo para resolver el conflicto sanitario y sentenció “son inconscientes o se hacen los boludos”. Todavía nadie le dio una respuesta.
TS/CM
