En una nueva embestida en el cada vez más desgastado servicio de atención médica que brinda el PAMI, en las últimas horas un grupo de más de treinta clínicas distribuidas entre Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut anunciaron la suspensión total por 24 horas de las prestaciones que los sanatorios brindan en las provincias. La medida, prevista para el próximo lunes 24 de agosto, afectará la atención de más de 300.000 afiliados del sur del país.
La decisión fue anunciada a través de un comunicado conjunto publicado con la firma de los directivos de las instituciones sanitarias en el que denuncian la parálisis de los montos que los profesionales reciben por brindar prestaciones a la obra social. En el documento que, afirman desde el gobierno, aún no fue recibido de manera oficial, los médicos advierten una pérdida del valor real de los aranceles del más del 75%. Según datos del INDEC, la inflación acumulada entre enero del 2024 y julio del 2026 fue 341%, un valor significativamente más alto que el 143% de actualizaciones que la entidad firmó a regañadientes durante los mismos meses.
El conflicto no se mueve sólo por una cuestión meramente financiera que ahoga a los prestadores, sino que ya es palpable desde hace semanas debido a las diferentes medidas que adoptaron los diversos proveedores quienes debieron reducir sus actividades por consecuencia de la falta de pago. En este punto, desde las clínicas patagónicas hacen saber que desde hace varios meses el servicio de oftalmología, guardias, derivaciones, cirugías entre otras prestaciones fueron reducidas y hasta eliminadas de algunos sanatorios por falta de presupuesto.

El reclamo de los prestadores está dirigido directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien acusan de reducir como nunca el presupuesto destinado para la obra social de jubilados y pensionados. Si bien reconocen la desactualización tarifaria por debajo de la inflación -una política que, en rigor, es motorizada desde el Ministerio de Economía-, desde la cartera ministerial, en tanto, afirman que el oficialismo está tomando con celeridad el caso y buscarán, como con el resto de los prestadores, llegar a un acuerdo que permita mantener el equilibrio entre el rumbo económico y las obligaciones estatales frente a la habilitación de servicios públicos.
En este punto, fuentes del gobierno hacen saber que la voluntad del oficialismo es cumplir con los desembolsos y los ajustes presupuestarios, por eso entre junio y julio propusieron un aumento del 6% y 8%, respectivamente, con los que buscaron superar el índice inflacionario. Sin embargo, la insostenible acumulación de deudas y atrasos que el organismo tiene con los prestadores hace que éste porcentaje sea insuficiente y no haga más que reducir el margen ya vigente que, a su vez, se retroalimenta mes a mes con la actualización de la inflación.
En este sentido, en tanto, desde el PAMI reconocen la existencia del reclamo, aunque advierten que el organismo mantiene el equilibrio para que todos los prestadores del país puedan recibir por igual los aumentos e insisten en que la intención del organismo es mantener la diferencia por zona austral en el nomenclador de las prestaciones patagónicas aunque esto signifique una negociación continua por los porcentajes de aumentos.
El conflicto con la obra social de jubilados y pensionados se enmarca, además, en medio de la crisis institucional que atraviesa el organismo. Dos semanas atrás, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, y su número dos, Carlos Zamparolo, presentaron su renuncia ante el ministro de Salud, quien pese a la circunstancia decidió no aceptarlas. En aquel momento, en tanto, las versiones indicaban que la decisión del titular del Hospital Güemes de no ponerle la firma a las salidas no se debía a una custodia política frente a sus directores, sino una intervención directa de Karina Milei para controlar una situación que dentro del oficialismo ya empiezan a ver con cada vez más preocupación.

Pese a los trascendidos y los testigos que dan cuenta de lo contrario, desde la cartera sanitaria negaron rotundamente el relato periodístico y, a la fecha, insisten en advertir que el hecho nunca ocurrió. “Están tan firmes como el ministro”, dijeron desde la entidad sanitaria para echar por tierra todas las versiones sobre posibles salidas de Lugones, quien desde hace semanas está en el centro de la escena por los rumores que hablan sobre su posible salida en el corto tiempo.
Los embates contra el padre del consultor Rodrigo Lugones, socio y amigo de Santiago Caputo, comenzaron con la estrepitosa y todavía no explicada salida del virtual viceministro de Salud, Guido Gianna. El ex funcionario macrista llegó a la gestión libertaria apadrinado por Cristian Ritondo, quien le acercó su nombre al gurú presidencial para que lo sumara a la cartera. Aunque de manera oficial su eyección nunca fue justificada, conocedores de la dinámica oficialista advierten que el sucesor de Cecilia Loccisano decidió unilateralmente su partida debido a los numerosos conflictos económicos que el ministerio debe tolerar a diario por la decisión de Luis Caputo y Carlos Guberman de no habilitar mayores desembolsos para el sector.
En esta línea, en tanto, hay quienes insisten en advertir que la salida de Leguizamo y Zamparolo es cuestión de días dado la escalada de los conflictos en el organismo. En PAMI, por su parte, insisten en negarlo.
TS/CM









