El proyecto de ley de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió anoche a Diputados eliminó artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en medio del debate que la propia Cámara venía dando sobre la prórroga de esa emergencia. La maniobra descolocó a los propios diputados de La Libertad Avanza, que este mediodía debían dar la cara en la comisión informativa junto a la oposición y las cámaras de prestadores. «Cambiaron todo», lamentaron desde el bloque libertario, que además reconoció que van a volver a juntarse para definir la estrategia parlamentaria. Desde la Casa Rosada se desligan de la responsabilidad y afirmar que, con el Presupuesto enviado, será el turno de debatirse en las comisiones.
El corazón de la reforma está en el artículo 39 del proyecto, que modifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901 y elimina la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el IPC. El texto establece además que el Nomenclador de Prestaciones Básicas «no incluirá valores universales»: cada obra social o prepaga podrá fijar sus propios valores, mientras que para el Estado nacional los montos los definirá trimestralmente la Secretaría Nacional de Discapacidad, con el IPC como referencia solo si esa actualización no se hace a tiempo.
A eso se suma la derogación de los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley 27.793: desaparece la cobertura médica automática para quienes cobran la pensión, el traspaso de oficio de pensiones preexistentes al nuevo esquema y el criterio de igualdad de aranceles en todo el país. El proyecto también vuelve al esquema de «pensión por invalidez laboral»: tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no garantizará el acceso al beneficio, que además será incompatible con un empleo formal o un monotributo de hasta dos salarios mínimos.
El malestar de los aliados
La jugada generó sorpresa entre el PRO, la UCR e Innovación Federal, que venían negociando con LLA una serie de «innegociables» para acompañar un proyecto propio: la actualización automática del nomenclador, plazos de pago más cortos para los prestadores -hoy pueden superar los 90 días-, más auditoría de las pensiones y agilizar las altas en Incluir Salud.
Cerca de Cristian Ritondo reconocieron que esto «cambia completamente la discusión». La exmacrista Silvana Giudici intentó bajarle el tono al conflicto en la comisión y pidió no perder de vista la división de poderes, remarcando que el Congreso tiene «un tiempo largo» antes de tratar el Presupuesto, con el dictamen de discapacidad fijado para el 23 de septiembre.
Pero el dato más revelador lo aportó a La Pluma un legislador libertario de peso: «Nosotros vamos a llevar una propuesta, así que está todo bien, habrá seguramente distintos dictámenes y el nuestro no va a contener ni una prórroga a la emergencia en discapacidad«. Es decir, más allá del malestar por el Presupuesto, LLA ya definió que su propio proyecto ni siquiera va a prorrogar la emergencia vigente hasta el 31 de diciembre, el punto que más preocupa a bloques como Provincias Unidas por los riesgos de que la norma caiga sin reemplazo.
En la comisión informativa, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés fue uno de los que más duro cruzó al secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, ausente esta vez pero cuestionado por su exposición anterior: «Me sorprendió que dijera que la Cámara Federal había resuelto a favor del gobierno en la cuestión de discapacidad, pero eso no es verdad, porque la Cámara de San Martín confirmó la Ley de Emergencia en Discapacidad».
Valdés también apuntó contra el vínculo roto con el sector: «Rompieron todo puente con el colectivo de personas con discapacidad, integrado por las personas, sus familias y los docentes y transportistas«, y citó la preocupación que expresó el Padre Quevedo por la situación de los cottolengos, en contradicción con lo que había dicho Vilches. Sobre el fondo del Presupuesto, fue categórico: «Quieren destruir el nomenclador, que es lo más importante que tiene el colectivo de personas con discapacidad en cuanto a la defensa de sus derechos», y advirtió que «si los funcionarios encargados del área no resuelven los problemas de las personas con discapacidad, los resolveremos los diputados».
Sus compañeros de bloque sumaron munición en el mismo sentido: Juan Marino calificó la maniobra de «ilegal e inconstitucional» y advirtió sobre la «presión a la baja de los aranceles» que generaría la fragmentación del sistema, mientras que el socialista Esteban Paulón la definió como «regresiva» y el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro dijo que «La Libertad Avanza no se detiene en su crueldad hacia las personas con discapacidad. Inhumanos, insensibles, cínicos y tramposos«.
Desde Unión por la Patria, Juan Grabois, en diálogo con La Pluma, se mostró expectante: «Ya es un logro y mejor que nada que hayamos logrado un emplazamiento y que el gobierno tenga que salir a pensar en una propuesta para solucionar este tema«.
JD/CM
