El sol cae temprano en otoño. Justo sobre el Congreso las nubes dibujan dos franjas paralelas, casi perfectas. Las separa un trazo de cielo lila, como si la bandera se hubiera teñido del color que brota en este momento en la calle en la plaza y las calles y avenidas que la circundan. Violeta y verde en pañuelos, remeras, buzos y carteles. Los alrededores son un embudo. La gente parece surgir de las baldosas. Hoy las militantes organizadas bajo banderas son minoría, porque reina la organización silvestre. La indignación convertida en movilización social que perturba la tranquilidad de una sociedad cada vez que un femicidio como el de Agostina Vega toma la agenda mediática. A once años del primer Ni Una Menos, el asesinato de una adolescente vuelve a convocarnos.
Los despachos de los diputados y diputadas están resguardados tras las vallas que impiden el acceso más cómodo por la avenida Callao. La policía puede sentirse, como Dios para los creyentes, omnipresente. Se dejan ver desde las sombras y perturban con su mirada el paso de las más jóvenes aferradas a sus carteles, que gritan “y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven…“, así como también en la sensación que nos salpica. Estamos incómodos y apretados. El operativo parece estar más abocado a preservar más los edificios públicos que a los manifestantes.
Un solo cuerpo intergeneracional
Hace tres años y medio están más incómodos los cuerpos de las mujeres en Argentina, desde que llegó Javier Milei a la presidencia para negar su existencia como engranaje elemental de la política libertaria.
“Soy la concha de tu hermana y también soy la concha de tu madre” reza un cartel escrito en fibrón sobre papel blanco, con poca decoración y muchos signos de exclamación. Arriba como flotando, reposa otro: ”No soy una niña histérica, quiero ser histórica. Soy una niña que quiere vivir sin miedo”. Los alzan Juana y su mamá, que la lleva en los hombros. Esas dos consignas emergen en lo que a contraluz parece ser un monstruo gigante más que una columna.
Con la fuerza de la trascendencia intergeneracional que caracteriza esta movilización donde hay muchas niñas y jóvenes, en la expresión más literal de lo que pasa cuando se juntan los reclamos, las dolencias y los malestares. Donde ya no son meras historias individuales sino un cuerpo social que encarna angustia y la convierte en acción.
“Me llamo Juani. Tengo 9 años y estoy acá porque quiero que todas mis compañeras lleguen vivas a sus casa”, dice la niña ante la pregunta de por qué están acá hoy. “Crío cuatro hijos y materno sola, es bastante complicado pero nos acompañamos en las marchas y la vida”, agrega su mamá y sigue: “Lejos de ‘adoctrinar’, siempre busqué transmitirle a ella y a todos mis hijos los valores que me enseñó mi mamá. Hoy marcho con ella para no marchar mañana por ella y sola” dice con ojos vidriosos.
La pedagogía de la crueldad en formato tuit
El documento unificado que las organizaciones leyeron sobre el escenario de la Plaza Congreso le puso nombres propios al desamparo: exigió la renuncia inmediata del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y sanciones severas para la cadena de funcionarios judiciales que, por acción u omisión, desprotegieron a Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada por, todo indica, Claudio Barrelier, de 33 años. Estuvo desaparecida una semana. Se sospecha que la mataron la noche en que la vieron por última vez, el 23 de mayo.
Sin embargo, la respuesta del poder central ante el grito de «Justicia por Agostina, Dulce y Noelia» fue la provocación digital. Mientras las calles circundantes al Congreso se plegaban en aplausos que convivieron durante la tarde como gritos de protesta, la senadora Patricia Bullrich usaba sus redes sociales para celebrar una supuesta reducción del 25% en los femicidios bajo su consigna punitivista de «el que las hace, las paga».
Minimizó en un posteo el desmantelamiento institucional al calificar a las políticas de género previas como un mero «marketing ideológico», al tiempo que aisló la brutalidad del crimen de Agostina bajo la premisa de que se trata simplemente de «un asesino con nombre y apellido» y no del fracaso de un sistema. El presidente Javier Milei clausuró la discusión validando el mensaje en su cuenta de X con una sola palabra: «MASTERCLASS».
En esa asimetría brutal se resume la encrucijada actual de los feminismos: la de insistir en la congregación de los cuerpos en la intemperie frente a un Estado que no solo desfinancia la supervivencia, sino que festeja desde las redes sociales el abandono de sus propias responsabilidades.
La arquitectura invisible de la desprotección
Detrás del desborde de gente que toma las avenidas Rivadavia, Callao, Yrigoyen, llegando hasta Avenida de Mayo hay una arquitectura invisible que sostiene esa desprotección. A once años del primero Ni Una Menos, el documento de este 3 de junio es tajante al denunciar un ‘antifeminismo de Estado’ a nivel nacional, una política de la crueldad que se traduce en el desmantelamiento de los dispositivos de prevención y asistencia.
Queda claro en las consignas que la convocatoria se posiciona con críticas duras al Gobierno Nacional. Es una marcha opositora que nuclea representantes y ciudadanos que se identifican con múltiples sectores políticos, desde la izquierda hasta el peronismo, pasando por las decenas de organizaciones sociales, centros de estudiantes, sindicatos y colectivos que se conglomeran hoy en una jornada que no cumple el rol de aniversario.
En la vereda de enfrente al gobierno nacional que dejó a las mujeres huérfanas de cuidado, el territorio bonaerense funciona hoy como una suerte de caja de resonancia o ‘escudo’ de ese impacto. El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires presentó esta mañana un informe, titulado justamente ‘La violencia por razones de género en tiempos de crueldad’. Allí, la ministra Estela Díaz esboza un diagnóstico: la violencia no crece en el vacío, está atada a las condiciones materiales de existencia y a la asfixia económica.
El primer síntoma del retiro de la Nación es un número que explota frente a las declaraciones de funcionarios como la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, al deslegitimar las víctimas de violencia de género en Argentina: desde el vaciamiento de la Línea 144 nacional, la demanda en la línea provincial de la PBA aumentó un 140%.
La plaza se llena Juanas y Madres de Juanas con el paso de los minutos. Es la síntesis de lo que parece el rostro humano de la precarización. En una economía en recesión, el Registro Único de Casos de la provincia (RUCVG) muestra cómo se desplomó la base material de las personas en situación de violencia. En 2024, el 18% de las mujeres que asistían a los dispositivos y tenían un trabajo contaba con aportes jubilatorios; para 2025, esa cifra cayó al 15%. Menos empleo formal es menos autonomía para mujeres en situaciones vulnerables.
El mercado las empuja al endeudamiento con aplicaciones o prestamistas barriales para comprar comida, mientras que la sobrecarga de las tareas de cuidado no remuneradas saltó del 35% al 41% interanual. En la misma provincia que concentra el 40% del padrón electoral y que se convirtió en la única en mantener en su estructura ministerial un área de Géneros, destinada al abordaje, la prevención y la contención de mujeres y diversidades en circunstancias violentas.
Otros territorios, mismas violencias
Las estadísticas muestran un fenómeno paradójico: mientras los femicidios registran una leve baja relativa (que el gobierno festeja como resultado de la anulación de las políticas nacionales para prevenir y atender la violencia de género y no como el resultado de años de su implementación) los intentos de femicidio aumentaron un 220% en 2024 respecto al año anterior, y sumaron un 11% más durante 2025.
El ataque físico es más encarnizado: el estrangulamiento y la asfixia crecieron un 30% interanual, y la privación ilegítima de la libertad un 9%. Es el cuerpo de las mujeres como territorio de descarga de esa crueldad social propagada directamente desde la Casa Rosada.
En la Argentina del presidente Troll, el otro gran salto conceptual, el que sufren de manera directa las pibas más jóvenes que marchaban aferradas a sus carteles en el Congreso, es el estallido de la violencia digital, amparada bajo el marco de la Ley Olimpia. El acoso sistemático en redes sociales y entornos virtuales creció un 75% en el último año. A su vez, la difusión no consentida de imágenes íntimas (potenciada exponencialmente por el uso de Inteligencia Artificial para manipular o crear contenido sexual falso) registró un aumento del 96% de un período a otro.
JA/VDM
