En los dos primeros meses del año, 1.575 mujeres y niñas denunciaron violencia de género en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El cálculo indica que son, en promedio, 27 casos al día. Más de uno por hora. De ese total, 9 de cada 10 sufrieron violencia psicológica además de otras como física, sexual y económica.
Los datos van en consonancia con el informe que publicó La Casa del Encuentro sobre femicidios, que registró 262 víctimas durante 2025. En ese escenario, lo único que ofrece el gobierno de Javier Milei es la destrucción de las políticas públicas para prevenir esos casos.
Hoy las mujeres y diversidades de todo el país y de muchos lugares del mundo llevan adelante un paro internacional y movilización en el marco del Día Internacional de la mujer trabajadora. En Argentina, es un reclamo por las condiciones laborales, cada vez más precarizadas, pero es también es una marcha por el derecho a una vida libre de violencias. Los datos de la OVD son una pequeña muestra de lo que pasa en el país.
Según los datos de la Corte Suprema, una característica común en todas las denuncias tiene que ver con la violencia psicológica, que se dio en el 97% de los casos evaluados. También hubo violencia simbólica en el 58% y física en el 39% de las situaciones, mientras que las violencias económica patrimonial y ambiental se registraron en el 29%. La violencia sexual el 7%, y la modalidad digital el 3%. Además, se registraron amenazas de muerte en 238 casos (15%), y el equipo médico constató lesiones en 277 mujeres y niñas (17%).
Esto se da en momentos donde existe una promoción permanente de discursos de odio –incluso, por parte el del presidente Javier Milei en los foros internacionales–, desprotección estatal y el desmantelamiento de todas las políticas que reconocían a la violencia de género como problema público.
En línea con estos datos, el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de la Casa del Encuentro, presentó su informe anual que indica que desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se registraron en la Argentina 262 víctimas por violencia de género: 238 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas (son los casos en los que el atacante agradece a algún familiar de la mujer para provocarle dolor), 1 lesbicidio, 3 trans/travesticidios y femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Como los datos son recopilados a partir de un relevamiento de medios digitales nacionales y provinciales, los números con respecto a otros años han variado porque, por ejemplo, ya no existe la Agencia Télam, que era un gran insumo de información y daba cuenta de lo que pasaba en todo el país. Para Fabiana Tuñez, directora Ejecutiva de la organización, “el informe deja claro que el incumplimiento de las leyes existentes, la falta de datos y un plan a largo plazo de asistencia, prevención y concientización genera que año a año los femicidios no disminuyen”.
El 39, 7% de las víctimas tenía entre 31 y 50 años, el 32, 2 entre 19 y 30 y el 11, 2 entre 51 y 65. La edad de los femicidas va entre 31 y 50 (40,5%), entre 19 y 30 (20,7%) y entre 51 y 65 (12,8%).
Un dato a tener en cuenta es el de la modalidad del crimen, un 29,3% de las víctimas murieron baleadas, un 18,6 murieron golpeadas y un 14, 5, apuñaladas. La preeminencia de las armas de fuego en las estadísticas no es casual. Desde que asumió, Javier Milei avanza en la desregulación del sector de las armas de fuego y las organizaciones que militan por el desarme del país advirtieron sobre las consecuencias irreparables.
En julio de 2025, el Ejecutivo publicó un decreto que transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en el Registro Nacional de Armas (RENAR), y lo ubicó bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Además, eliminó el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA). En noviembre dio un paso más y aprobó un nuevo régimen que regula la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles derivadas de armas militares.
En diálogo con La Pluma, Tuñez dijo que “la mayor facilidad de acceso a las armas producto de las últimas medidas hace que lamentablemente el agresor encuentre una alternativa no solo para matar sino para ejercer su poder”.
Desde el colectivo Ni Una Menos enmarcan esta situación en lo que está pasando en el mundo entero con los gobiernos de ultraderecha. Para la referente del espacio Luci Cavallero, la desregulación de la tenencia de armas tiene como objetivo estratégico el fomento y la desinhibición de las violencias sociales por abajo. “Entre ellas, la violencia de género es estratégica en tanto es una violencia que intenta reponer un poder perdido para muchos de los afectados por estas políticas de ajuste”, le dijo a La Pluma y agregó: “Una política de desregulación de tenencia de armas va a afectar aún más la inseguridad que ya sufren las mujeres”.
En cuanto al acceso a la Justicia, el informe de la Casa del Encuentro muestra el 17,4% de las víctimas habían presentado denuncias contra sus agresores y solo el 6,2% tenían medidas de restricción. “El rol de la justicia es totalmente lento y, lamentablemente, la falta de capacitación en la temática en base al incumplimiento de la Ley Micaela y el querer reducir la violencia de género a un tema de seguridad y no a un tema de derechos humanos hace que la justicia no actúe a tiempo. La falta de información y de campañas hace mucho más difícil a la mujer acceder a la misma”, dijo Tuñez.
El camino de la justicia
Dentro de los tribunales, si se mira el organigrama del Poder Judicial, las mujeres son mayoría, pero quienes acceden a los puestos de toma de decisiones son los hombres. La 15ª edición del Mapa de Género de la Justicia Argentina muestra que las mujeres representan el 57% del plantel total de todo el país y conforman el 31% de las máximas autoridades. Son el 61% del funcionariado y también del personal administrativo.
En 2025, el sistema estuvo integrado por 133.622 personas, de las cuales el 57% eran mujeres. Ellas representaban el 31% de las máximas autoridades (ministras/os, procuradoras/es generales y defensoras/es generales), un punto porcentual más que en el Mapa de 2024. Hay un dato relevante: desde 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no cuenta con ministras, aunque en 2025 el funcionariado del Máximo Tribunal estuvo compuesto en un 51% por mujeres.
Por su parte, si bien el plantel de la Justicia Federal y Nacional estuvo compuesto mayoritariamente por mujeres (54%), solo el 24% de quienes ocuparon el cargo de camaristas lo eran.
CDB/VDM
