El ministro de Economía, Luis Caputo, giró la semana pasada al Congreso el proyecto de «Inocencia Fiscal II«, una reescritura del régimen que buscaba blanquear los cerca de 170.000 millones de dólares que el Banco Central estima que los argentinos mantienen fuera del sistema. La nueva versión eleva el umbral de «discrepancia significativa» que habilita a ARCA a revisar declaraciones juradas (pasa a un mínimo del 5% del monto de evasión, unos 5 millones de pesos), traslada la carga de la prueba al propio organismo recaudador y fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para blindar el uso de los dólares no declarados.
Pero el dato que más ruido generó no fue técnico: es que el nuevo texto, al igual que el original, no excluye a funcionarios públicos ni a sus familiares directos del beneficio. Este punto generó incomodidad en algunos de los aliados de las provincias según pudo saber La Pluma, mientras el PRO y la UCR optaron por no pronunciarse todavía, mientras estudian el nuevo proyecto.
«La doctrina Adorni sigue vigente»
La oposición no se guardó nada. El radical Pablo Juliano fue uno de los más explícitos al recordar los antecedentes: «¿Qué pasó después de la primera Inocencia Fiscal? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el Gobierno recapacitó? No. La ‘Inocencia Fiscal 2’ sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda«, escribió en su cuenta de X. El diputado socialista Esteban Paulón habló directamente de «festival de impunidad» e insistió con su propio proyecto para excluir a funcionarios del régimen, mientras que el peronista Agustín Rossi calificó la iniciativa de «vergonzosa»: «No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública«.
El entrerriano Guillermo Michel cuestionó la legalidad del proyecto: «Es inconstitucional porque el Estado no puede renunciar a su facultad de fiscalización«, publicó en X. En el Senado, la bonaerense Juliana Di Tullio presentó un proyecto para derogar directamente los artículos que sostienen las garantías fiscales y penales del régimen original.
El aval del FMI y las bromas de Georgieva
Mientras esa polémica crecía en el Congreso, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, llegó este lunes a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei y participar de un «Gabinete ampliado» en Casa Rosada. En la conferencia de prensa de la mañana calificó de «cute» (tierno) el nombre elegido para la Ley de Inocencia Fiscal, y horas más tarde, en un encuentro con unos 50 estudiantes de economía en el Palacio Libertad, bromeó preguntando «¿cuántos de ustedes tienen dólares debajo del colchón?«, según reconstruyó La Nación a partir de testimonios de los propios asistentes.
Georgieva repitió el mensaje de fondo que sostiene desde hace meses: que la Argentina «es distinta a cuando asumió» este gobierno y que «el foco ya no es si el país es solvente, sino si va a mantener este camino«. También dedicó elogios puntuales a los dos funcionarios más asociados a este tipo de reformas: describió a Caputo como alguien «de gran fortaleza», y destacó el trabajo de Federico Sturzenegger, el arquitecto de buena parte del paquete desregulatorio del año.
Pedidos de informes, declaración de persona no grata y un proyecto de Máximo K
La visita de Georgieva no pasó sin repercusión política. La diputada Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle los compromisos asumidos durante la visita, el estado de la deuda con el organismo y si se discutieron privatizaciones o concesiones sobre empresas públicas. Por su parte, Juliano cuestionó el trasfondo político del vínculo: «La puesta en escena de hoy con el FMI es otro capítulo de la personalidad de Milei convertida en política de Estado argentina», escribió, y agregó que la Cancillería «ya no conduce ni modera»: «se dedica a militar el humor del Presidente».
En un registro más duro, los legisladores de Fuerza por Buenos Aires impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto para declarar a Georgieva «persona no grata», al calificarla de representante de «el modelo económico de miseria planificada» y recordar que la deuda de la Argentina con el FMI, de unos 57.000 millones de dólares, equivale a trece veces la cuota del país en el organismo.
Asimismo, Máximo Kirchner presentó junto a otros catorce diputados de Unión por la Patria (entre ellos Sabrina Selva, Itai Hagman, Agustín Rossi y Cecilia Moreau) un proyecto de ley marco para fijar un techo del 200% de las exportaciones a la deuda pública externa, prohibir el uso de DNU para tomar nueva deuda con organismos internacionales y crear una comisión bicameral con acceso a información reservada para controlar los programas vigentes. El proyecto también instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al FMI una revisión del «excedente» de la deuda contraída en 2018, que Kirchner calculó entre 30.000 y 37.800 millones de dólares.
El contraste quedó muy expuesto: mientras el organismo que más peso tiene sobre la política económica argentina celebraba en público el nombre y el espíritu de la Inocencia Fiscal, adentro del Congreso crecía el rechazo a una de sus aristas más sensibles, la que deja la puerta abierta para que funcionarios y familiares directos regularicen fondos no declarados bajo las mismas condiciones que cualquier contribuyente. Con el debate recién arrancando y Diputados apuntando a tratarlo en agosto, la pregunta que empieza a instalarse en los despachos es si el aval externo de Georgieva le alcanzará al oficialismo para convencer a los propios aliados de que el capítulo de los funcionarios no es, como advierten Rossi, Paulón y Juliano, un nuevo «traje a medida».
JD/CM
