La Justicia federal resolvió frenar el avance de los despidos y la reestructuración impulsada en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al hacer lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El fallo suspende los efectos de la Resolución 42/26, una disposición oficial que había eliminado más de 900 servicios técnicos y que, según denunciaba el gremio, habilitaba un fuerte recorte de personal dentro del organismo.
La resolución 42/2026 fue firmada el 15 de abril y dispuso la “cesación de la prestación por parte del INTI de servicios sistematizados detallados”, es decir, que ordenaba cortar con todos los servicios que el organismo estaba prestando.
De acuerdo a su página web, el INTI ofrece “una amplia oferta de servicios” para asistir “de forma integral en todos los rubros industriales a las empresas argentinas para acompañarlas en los desafíos que implica mejorar su producción, alcanzar nuevos mercados y desarrollar nuevos productos”.
Los servicios que iban a anular
Según definiciones del propio organismo, los servicios que prestan son parte de un “ámbito de cooperación público-privada, con una sólida infraestructura de laboratorios, plantas piloto y tecnólogos altamente calificados”, con los que promueven “la competitividad industrial mediante una gran variedad de ensayos, certificaciones, asistencias técnicas, capacitaciones y soluciones innovadoras orientadas a dar respuesta a las demandas actuales y futuras de las empresas que requieren distinguirse en los mercados nacionales e internacionales”.
Toda esa estructura estaba en proceso de desguace desde el 15 de abril. La resolución también disponía que “los convenios, órdenes de trabajo y demás compromisos contractuales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución serán íntegramente cumplidos hasta su finalización, garantizando la continuidad de las prestaciones y el resguardo de los derechos de los usuarios”. Es decir que la decisión cortaba con todas las posibilidades de facturación a privados, pero extendía un plan de contención para cumplir con los contratos y convenios pactados.
Con ese motivo, le ordenaba a la dirección operativa del INTI que elabore e implemente “un plan de transición integral que contemple la finalización ordenada de los servicios alcanzados, el resguardo documental y la preservación de los registros técnicos, la comunicación formal a los usuarios y organismos competentes, y la identificación de aquellas capacidades críticas que deban ser sostenidas en el ámbito del Instituto”.
En pocas palabras, la resolución anulaba por completo la capacidad del organismo para prestar servicios para terceros y, al mismo tiempo, le encargaba a una parte de su staff a que disponga un plan de liquidación de todos esos contratos de prestaciones que, en todos los casos, implican ingresos económicos para el INTI.
El fallo que evitó la caída de esas prestaciones
La decisión fue adoptada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, en el marco de una acción de amparo sindical promovida por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. La presentación cuestionaba la legalidad de la reestructuración y advertía sobre el riesgo de desmantelamiento de áreas técnicas estratégicas del instituto.
En la resolución judicial, el magistrado ordenó al INTI “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo” derivado de la Resolución 42/26. La medida incluye la prohibición de concretar cesantías, transferencias de personal, modificaciones de funciones y movimientos de equipamiento técnico destinados a reubicaciones o cierres de servicios.
El fallo también dispuso garantizar la “ocupación efectiva” de los trabajadores alcanzados por la resolución oficial, preservando sus categorías laborales, salarios y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026. De esta manera, la Justicia busca evitar cambios estructurales mientras se analiza el fondo de la cuestión planteada por el gremio estatal.
Tras conocerse la decisión, Aguiar celebró el fallo y aseguró que representa “un histórico triunfo para los estatales”. A través de sus redes sociales, sostuvo que la resolución constituye “un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”, y remarcó que “no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.
Desde ATE señalaron además que la medida judicial frena el “desmantelamiento” del organismo tecnológico y cuestionaron las políticas de ajuste aplicadas sobre el sector público. “Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más”, expresó el dirigente sindical, en un mensaje dirigido al Gobierno nacional en medio del conflicto por la reducción del Estado.
AL/CM
