El Gobierno nacional pasó a disponibilidad a todo el personal de planta permanente y contratado de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. La decisión se conoció tras la filtración de una resolución de la Jefatura de Gabinete y, según la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), afectaría a casi 60 trabajadores que viven allí junto a sus familias desde hace décadas.
En ese sentido, la Resolución 2026-129 de la Jefatura de Gabinete, a la que accedió PERFIL, establece que el “personal de planta permanente con estabilidad adquirida” pasa a situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269 del 22 de abril de 2026. La medida obliga a los empleados a buscar reubicación en otras dependencias del Estado. Si no consiguen una nueva asignación en un plazo de entre seis meses y un año, según la antigüedad de cada trabajador, perderán sus puestos de trabajo.
Ezequiel Navarro, secretario general adjunto de ATE Mar del Plata, sostuvo en una entrevista con la radio local Extra FM 102.1 que este mecanismo ya se aplicó en otras áreas. “Después de un año, el empleado queda sin puesto. Van a ser despedidos”, afirmó. Desde el gremio señalaron que estas desvinculaciones podrían derivar en el cierre de los complejos creados para fomentar el turismo social. Además, vincularon la resolución con un supuesto “gran negocio inmobiliario”. Por otro lado, el sindicato anunció una asamblea de trabajadores para definir medidas y acciones de visibilización en rechazo a la decisión oficial.
Cabe recordar que Chapadmalal y Embalse fueron construidos durante la década de 1940, cuando se impulsó el turismo social. Los complejos hoteleros fueron pensados para las familias trabajadoras que no podían acceder a vacaciones en destinos turísticos tradicionales. Hasta 2023, ambos predios habían sido recuperados. Los entonces ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, invirtieron más de $ 7.000 millones para la readecuación de las instalaciones de las unidades ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Esto permitió que los hoteles volvieran a utilizarse para su propósito original: brindar vacaciones a personas de menores recursos, luego de años de abandono tras la crisis de 2001.
Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, varios de los trabajos de reconstrucción quedaron paralizados. De hecho, a mediados del año pasado, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, encabezada por Daniel Scioli, consideró que las unidades eran “innecesarias” y las transfirió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de gestionar y vender inmuebles estatales.
“El gobierno anterior puso en marcha el proceso de reparación y restauración de los hoteles de Embalse, invirtiendo cientos de millones de pesos que hoy serán regalados a precio vil, al igual que el resto de las privatizaciones que viene ejecutando el Gobierno de Milei”, denunció David Salto, secretario general de la seccional Río Tercero de ATE.
Privatización
El proceso comenzó en 2024, cuando el Gobierno transfirió las unidades turísticas desde el área de Turismo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado con el objetivo de concesionarlas.
A fines de marzo, el jefe de Gabinete dio por hecho que los hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal serían concesionados por 30 años, aunque sin precisar plazos ni modalidad. Tampoco quedó definido si la oferta incluiría cada edificio por separado o el conjunto completo. Sí se aclaró que la residencia presidencial ubicada en el extremo norte del predio quedaría excluida de una eventual privatización.
De acuerdo con información de Infobae, la última actividad con huéspedes se registró entre enero y febrero de 2025, cuando un operador privado ofreció alojamiento con media pensión o pensión completa y alcanzó altos niveles de ocupación. Esa experiencia no se repitió en 2026.
Desde ATE sostienen que la situación que atraviesa Chapadmalal también alcanzaría al complejo de Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Allí, 44 trabajadores se verían afectados por la medida: 14 contratados serían desvinculados y otros 30 pasarían a disponibilidad.
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