La Justicia federal profundizó la investigación sobre el manejo de los recursos destinados al mantenimiento y construcción de rutas nacionales y puso bajo la lupa la administración del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El juez Ariel Lijo ordenó requerir información a distintos organismos del Gobierno nacional para determinar qué ocurrió con partidas que, según una de las denuncias, superaban el billón de pesos y permanecían colocadas en instrumentos financieros en lugar de ser destinadas a obras viales.
La medida alcanza al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Vialidad. Además, el magistrado solicitó información a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los controles, observaciones y movimientos vinculados con el fideicomiso establecido por el decreto 976/01 y las cuentas del SISVIAL desde 2024 hasta la actualidad.
La investigación se originó a partir de distintas presentaciones judiciales, entre ellas las realizadas por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes fueron aceptados como querellantes en el expediente.
Uno de los principales datos incorporados a la causa surge de información aportada por el gobierno riojano. Según esos registros, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 asignados al SISVIAL que se encontraban invertidos en letras del Tesoro y plazos fijos.
La denuncia sostiene que, durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei, se habrían asignado aproximadamente $1,5 billones al sistema, mientras que la ejecución de obras habría alcanzado unos $394.406 millones.
A partir de esos números, Tolosa Paz denunció al ministro de Economía, Luis Caputo, y a funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación por la presunta malversación agravada de caudales públicos.
Ahora, la Justicia busca establecer cuál fue el destino efectivo de esos recursos, bajo qué criterios se realizaron las colocaciones financieras y si existieron irregularidades en la administración y ejecución de los fondos.
La causa también incorporó un análisis realizado por la diputada Marcela Pagano, quien amplió una denuncia presentada ante el Juzgado Federal N°10 con documentación sobre 1.077 operaciones realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026.
El estudio compara las fechas de esos desembolsos con 35 votaciones realizadas en el Congreso durante el período analizado. Para establecer posibles coincidencias, fueron utilizadas ventanas de tres días —la víspera, la jornada de la votación y el día posterior— además de una ventana de sensibilidad de siete días.
Uno de los episodios señalados corresponde a junio de 2024. Según la documentación presentada, entre el 10 y el 11 de junio se concentraron $5.367 millones en pagos, inmediatamente antes de la votación de la Ley Bases en el Senado, que tuvo lugar el 12 de junio.
En torno a la sanción definitiva de la norma en Diputados, el 27 de junio, se registraron otros $3.262 millones, de los cuales $992 millones correspondieron al corredor vial que atraviesa Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa.
Otro de los episodios bajo análisis ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando se registraron pagos por $3.186 millones, en coincidencia con la jornada en la que fracasó en el Congreso la insistencia para revertir el veto al financiamiento universitario.
La presentación también puso la lupa sobre cinco operaciones realizadas el 12 de diciembre de 2024 a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones por un total de $3.192 millones, monto que, según el escrito, representó la totalidad de los fondos que esa provincia había cobrado durante ese año.
El análisis de 2025 incorporó nuevos cruces entre los pagos y las jornadas legislativas. Pagano identificó tres grandes concentraciones: $6.596 millones el 21 de marzo, $7.895 millones el 7 de mayo y $20.983 millones entre el 18 y el 23 de agosto.
Sin embargo, la propia presentación introduce una diferencia respecto de 2026: sostiene que durante 2025 la anomalía no estaría necesariamente en el volumen total de dinero pagado en esas ventanas, sino en la distribución territorial de los fondos.
El escrito señala, por ejemplo, un pago de $797 millones a la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones el 13 de febrero de 2025, un día después de la media sanción de Ficha Limpia en Diputados. También identifica un desembolso de $945 millones a la Vialidad de Tucumán el 21 de agosto, la misma jornada en la que el Senado rechazó los decretos delegados que contemplaban, entre otras medidas, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
El análisis presentado ante la Justicia sostiene que entre enero y mayo de 2026 se concentraron $43.786 millones en apenas nueve días vinculados a tres ventanas legislativas.
De acuerdo con el escrito, ese monto representó el 52,7% de todos los pagos de obra del período, aunque esos nueve días equivalían solamente al 6,4% del calendario analizado.
La denuncia también señala casos particulares. El Consejo de Vialidad de Santiago del Estero habría recibido la totalidad de los $9.867 millones cobrados durante 2026 en solamente tres días vinculados con esas ventanas.
En Santa Cruz, en tanto, la documentación sostiene que la vialidad provincial recibió en un único pago, realizado el 19 de mayo, la totalidad de los fondos que había percibido durante el año.
La presentación también apunta a un cambio en la modalidad mediante la cual se canalizaron los recursos destinados a Jujuy. Según el análisis, durante 2025 la provincia habría recibido $16.500 millones a través de su Dirección Provincial de Vialidad. En 2026, esa dependencia ya no aparece en la base analizada y los fondos habrían comenzado a canalizarse mediante una contratista vinculada a la Ruta Nacional 34.
Para Pagano, el cambio plantea la necesidad de profundizar la investigación para determinar si existió una modificación administrativa legítima o si el nuevo mecanismo tuvo alguna relación con la concentración temporal y territorial de los desembolsos.
Por eso, la diputada solicitó que se incorporen a la causa los convenios, certificados y expedientes correspondientes a distintos pagos considerados relevantes, además de las actas de votación nominal y las versiones taquigráficas de las 35 sesiones analizadas.
Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer si los pagos realizados en las fechas señaladas respondían efectivamente a certificados de obra exigibles en esos momentos o si existió algún otro criterio para ordenar los desembolsos.
La pericia contable solicitada podría resultar clave para reconstruir el circuito de los fondos y determinar cuándo fueron asignados, cuándo se generaron las obligaciones, cuándo fueron certificados los trabajos y cuándo finalmente se efectuaron los pagos.
También deberá determinarse qué ocurrió con los recursos que permanecieron colocados en instrumentos financieros y si esa operatoria se ajustó a las normas que regulan el SISVIAL.
Por ahora, las coincidencias entre pagos y votaciones legislativas constituyen elementos que la Justicia deberá investigar, pero no prueban por sí mismas la existencia de un delito ni un vínculo causal.
La propia presentación de Pagano reconoce esa limitación y plantea que la coincidencia temporal debe ser objeto de una investigación más profunda.
Con los nuevos informes solicitados por Lijo, la causa entra así en una etapa en la que el análisis documental y contable será determinante para establecer si existieron simples decisiones de administración financiera y programación de obras o si, por el contrario, hubo irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la infraestructura vial.
AL/CM
