El Gobierno anunció la adjudicación de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. Con este nuevo avance, continúa el proceso para incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, uno de los temas más controversiales de la gestión de Javier Milei.
De acuerdo con lo comunicado, será el propio Departamento de Vialidad Nacional el encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados. Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo de este mecanismo es garantizar corredores en condiciones seguras.
MÁS INVERSIÓN PRIVADA PARA RUTAS NACIONALES SEGURAS Y EFICIENTES
Se adjudicaron más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC), que comprende ocho tramos distribuidos en 11 provincias. La operación y el… pic.twitter.com/4JEFqOXZqz
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 24, 2026
Cabe recordar que, desde que asumió Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, acumula una recaudación de $1,4 billones correspondiente al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) para mejorar el sistema vial, fondos que todavía no fueron ejecutados.
La medida no solo da cuenta del nivel de abandono que existe en las rutas nacionales, sino que, además, incumple las reglas. Un punto que empeora la situación es que, con el argumento de privatizar los caminos para reparar los pozos, se van a aumentar y crear nuevos peajes. De esta manera, los argentinos deberán pagar dos veces por el arreglo de las rutas: una a través de los tributos y otra cuando abonen en las barreras a las empresas que se harán cargo de los caminos.
En una de sus últimas conferencias de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, no supo qué responder al ser consultado sobre el desfalco de los fondos del ICL. El funcionario se limitó a comentar que “el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”.
Los perjuicios económicos por el abandono del Gobierno
De acuerdo con cálculos privados, mantener anualmente un kilómetro de ruta puede costar entre US$ 15.000 y US$ 40.000, mientras que reconstruirlo totalmente puede llegar a demandar entre US$1,3 millones y US$3,5 millones. El deterioro de los caminos durante estos tres años de desinversión aumentó de manera exponencial los costos, a pesar de que el dinero se encontraba a disposición en el fideicomiso vial.
Desde el Gobierno destacan que este nuevo modelo se desarrollará sin subsidios del sector público, dejando atrás esquemas deficitarios y avanzando hacia un sistema más eficiente, orientado a mejorar la calidad de la Red Vial Nacional.
Mientras tanto, desde la oposición piden una rendición de cuentas ante la desaparición o la falta de utilización del dinero que debería destinarse a este fin. En ese sentido, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y la legisladora Marcela Pagano, del bloque Coherencia, son algunas de las voces que cuestionan el accionar del equipo de Milei y alertan sobre el estado de las rutas nacionales y las consecuencias que esto puede generar para conductores y pasajeros.
Mientras el Gobierno apuesta a que los privados asuman el mantenimiento y financien las obras mediante los peajes, crecen los cuestionamientos por el destino de los fondos recaudados a través del ICL y por el estado de una infraestructura que continúa siendo responsabilidad del Estado.
RM/EO
