La administración de Javier Milei a través del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, mediante el cual se dispuso la suspensión cautelar de un conjunto más de 80 artículos de la reforma laboral.
Este mediodía la CGT logró que la Justicia laboral suspendiera provisoriamente más de 80 artículos de la reforma laboral sancionada en marzo, tras presentar una acción declarativa cuestionando la constitucionalidad de la norma. La medida cautelar fue dictada por un tribunal del trabajo y frena, por el momento, la aplicación de cambios clave incluidos en la Ley 27.802 de Reforma Laboral.
El fallo, encabezado por el juez Raúl Ojeda, pone el foco en posibles afectaciones a derechos fundamentales de los trabajadores. Según el tribunal, varias disposiciones introducidas por la reforma podrían vulnerar principios protegidos por la Constitución, como la estabilidad laboral, la libertad sindical y la protección contra despidos arbitrarios.
Entre los puntos suspendidos se encuentran modificaciones que reducían el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, eliminaban el principio de irrenunciabilidad de derechos y flexibilizaban las condiciones de jornada laboral. También quedaron en suspenso cambios vinculados a la responsabilidad en casos de tercerización y a la regulación de asambleas y medidas de fuerza, aspectos que habían generado fuerte rechazo sindical.
Asimismo, el tribunal cuestionó la creación de los llamados Fondos de Asistencia Laboral, al considerar que su diseño no garantizaba una protección efectiva frente a despidos injustificados. En su resolución, el juez destacó que cualquier reforma que implique una reducción de derechos debe estar acompañada de mejoras concretas para los trabajadores, algo que —según evaluó— no quedó acreditado en esta etapa inicial.
La medida tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley. Mientras tanto, el Estado nacional deberá presentar sus argumentos en defensa de la reforma impulsada por el oficialismo, en un proceso que promete profundizar el debate político y judicial en torno al futuro del régimen laboral en Argentina.
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