La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad profundizó el enfrentamiento político y jurídico en la Argentina. Dirigentes de la oposición y referentes vinculados al oficialismo salieron a rechazar la iniciativa, sosteniendo que busca instalar en el exterior la idea de una persecución política y desconocer una sentencia que consideran definitiva.
Una de las primeras en pronunciarse fue la abogada y ex titular de la UIF durante el macrismo, María Eugenia Talerico, quien afirmó que la expresidenta intenta construir internacionalmente el relato de que en la Argentina «no hay Estado de derecho». A través de sus redes sociales, sostuvo que la incorporación de un nuevo abogado internacional apunta a reforzar esa estrategia.
«Mientras el país pelea contra campañas de desprestigio en el exterior, hay una estructura política y jurídica local trabajando activamente para construir que en Argentina no hay Estado de derecho», expresó.
Talerico rechazó además la tesis del lawfare impulsada por la defensa de Cristina Kirchner y aseguró que «no hubo persecución política, sino una condena firme en tres instancias». En ese sentido, remarcó que la exmandataria «no puede presentarse a ningún proceso electoral» y afirmó que «no hay ningún tribunal superior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
En la misma línea se manifestó la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici, quien calificó la presentación ante la ONU como «un montaje político para armar ruido» en el escenario internacional. Según la legisladora, la estrategia de la defensa no persigue un resultado jurídico inmediato, sino instalar la idea de que la expresidenta es víctima de una persecución judicial.
Giudici recordó que la condena por la causa Vialidad ya produjo efectos concretos sobre los derechos políticos de Cristina Kirchner y sostuvo que la exmandataria se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos. También cuestionó la incorporación de nuevos abogados internacionales y desestimó los argumentos vinculados a una supuesta persecución por razones de género.
«La verdad es que me da mucha vergüenza», afirmó al referirse al pedido presentado ante el organismo internacional, al considerar que implica desconocer las decisiones de la Justicia argentina.
En paralelo, el debate también alcanzó al plano jurídico. El abogado de Javier Milei Francisco Oneto, identificado con el oficialismo, sostuvo que un eventual dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU no modificaría automáticamente la condena, pero sí podría habilitar una acción extraordinaria de revisión prevista en el artículo 366, inciso f, del Código Procesal Penal Federal.
La defensa de Cristina Kirchner sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron garantías reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado con jerarquía constitucional en la Argentina. Por ese motivo, presentó una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y solicitó medidas cautelares vinculadas con la ejecución de la condena.
Mientras el organismo internacional analiza si admite el planteo, la controversia continúa dividiendo opiniones entre quienes consideran que la estrategia constituye un recurso legítimo previsto por los tratados internacionales y quienes sostienen que representa un intento de cuestionar una condena firme dictada por la Justicia argentina.
AL/CM
