El intendente de La Plata, Julio Alak, volvió a la carga contra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), al sostener que el nuevo sistema de contrataciones municipal viene a terminar con “ñoquis” y “falsas cooperativas”, al mismo tiempo que los responsabilizó por los graves incidentes ocurridos el viernes en el Palacio Municipal.
El origen del conflicto tiene que ver con una decisión de fondo de parte del intendente Julio Alak: reemplazar las contrataciones directas con cooperativas por un sistema de licitación pública. Esta decisión se tomó tras la exigencia del Tribunal de Cuentas de la provincia de terminar con este tipo de contrataciones para tareas de barrido, limpieza de zanjas y corte de pasto.
Ante esta situación, el municipio decidió dar de baja contratos por 90 millones de pesos mensuales y más de 1.000 millones al año que estaban vigentes con las organizaciones sociales y se venían renovando desde el año 2011. Para implementar el nuevo sistema, la comuna publicó los pliegos de licitación pública e informó que todas las cooperativas y empresas que prestaban estos servicios adquirieron los pliegos para competir, menos una: el MTE.
Para la comuna la negativa de la organización social a participar de la licitación y su posterior participación en la protesta no tiene que ver con la resistencia a la pérdida de puestos de trabajo sino con la baja del millonario contrato vigente hasta el momento. Según el municipio, una de las entidades involucradas llegaba a facturar cerca de $90 millones mensuales, pero no lograba justificar entre $30 y $40 millones en gastos operativos, lo que implicaba un desfasaje cercano a los $50 millones por mes.
Hay una causa penal cruzada entre el gobierno comunal y los cooperativistas.19 personas fueron detenidas tras los disturbios del viernes. Hubo destrozos en el Salón Dorado y daños estimados en más de $43 millones de pesos. Los cooperativistas pidieron una mesa de diálogo.
Motivos del rechazo
Desde el MTE desmintieron categóricamente haberse negado a competir en los procesos de selección, reafirmaron su predisposición a concursar bajo mecanismos claros y aclararon que el primer convenio con el municipio fue en 2018 y no de 2011 como señala la comuna.
Los cooperativistas también expresaron un profundo rechazo hacia las alternativas propuestas por las autoridades locales, consistentes en la entrega de Tarjetas Alimentar en sustitución de los contratos caídos.
“Nosotros hace 10 años que formamos parte de la cooperativa, y el martes pasado nos comunican que nos dejan sin contrato a más de 200 compañeros”, dijo a Radio Estación Sur Verónica San Martín, presidenta de la Cooperativa Recicladores Unidos, quien además agregó que el Municipio ofreció tarjetas alimentarias, pero desde la cooperativa rechazaron esa alternativa y exigen la continuidad de las fuentes laborales: «Los compañeros no quieren tarjetas, quieren trabajar”, agregó San Martín.
Según explicaron los cooperativistas en un comunicado, tras un año con ingresos congelados, mantuvieron encuentros iniciales donde se había pautado avanzar hacia una licitación transparente del servicio de reciclado. Sin embargo, al publicarse las condiciones oficiales, el pliego local solo contempló tareas de mantenimiento, zanjeo y limpieza urbana, dejando afuera la recolección diferenciada y el reciclado.
Las organizaciones calificaron esta medida como un intento de cambiar empleo digno, ambiental y genuino por asistencia social focalizada para intentar contener los reclamos. Defendieron el valor estratégico de su labor diaria en las calles, argumentando que su gestión no solo impide que toneladas de desechos terminen enterradas, sino que además genera un beneficio ecológico y un ahorro presupuestario directo para el Estado municipal.
El nuevo esquema de licitaciones y control externo
El flamante sistema de licitación será adjudicado a fines de julio y comenzará a regir el 1° de agosto. La ciudad quedará dividida en 20 unidades territoriales, cada una administrada por una cooperativa distinta, bajo un esquema de control externo.
Para sustentar el rediseño del sistema, el Municipio se apoyó en un informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que determinó que las tareas de barrido, corte de césped y zanjeo realizadas actualmente por unos 5 mil cooperativistas podrían ser ejecutadas por aproximadamente mil setecientos trabajadores. Por su parte, la fiscalización del trabajo en territorio estará a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que actuará como auditor técnico calle por calle, verificando la ejecución de las tareas.
Según el Ejecutivo municipal, la reforma permitirá reducir el gasto actual en cooperativas de aproximadamente $5.000 millones mensuales a cerca de la mitad, generando un ahorro estimado de $2.500 millones que será destinado a obras de pavimentación barrial.
AG/VDM
