La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, integrada por Sergio Torres, presidente; Daniel Soria, vicepresidente; e Hilda Kogan, ministra, habilitó una consulta participativa para avanzar en la regulación del uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de agosto. Durante ese plazo, magistrados, colegios profesionales, funcionarios, agentes judiciales, instituciones académicas y otros interesados podrán presentar sugerencias sobre la propuesta que busca establecer criterios para el desarrollo y uso responsable de estas tecnologías. Quienes quieran participar deben completar un formulario.
El proyecto también prevé la creación de la «Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial (IA)», organismo que tendrá a su cargo funciones de aplicación vinculadas a la futura normativa. El espacio estará integrado por áreas de planificación, tecnología informática y servicios jurisdiccionales de la Suprema Corte.
Qué establece el proyecto
Entre los principales lineamientos, la Suprema Corte bonaerense establece que la función jurisdiccional es indelegable y no puede ser reemplazada por sistemas automatizados.
En ese sentido, el proyecto señala que bajo ninguna circunstancia una herramienta de inteligencia artificial podrá tomar decisiones judiciales, valorar pruebas ni elaborar los fundamentos jurídicos de una sentencia o resolución.
Otro de los puntos centrales del reglamento indica que el uso de inteligencia artificial no exime de responsabilidad a quienes la utilicen.
La propuesta establece que jueces, funcionarios y operadores judiciales deberán ejercer un control efectivo y permanente sobre cualquier herramienta tecnológica empleada durante su labor, siendo responsables de supervisar y validar los resultados obtenidos.
De esta manera, la Suprema Corte busca establecer un marco regulatorio que permita incorporar nuevas tecnologías sin afectar principios fundamentales del sistema judicial.
Por el momento, el proyecto tiene carácter orientativo y no vinculante. Su versión definitiva será elaborada una vez concluida la etapa de consulta pública.
AG/VDM
