Mientras el Gobierno insiste en mostrar señales de equilibrio fiscal y estabilidad económica, la realidad de los argentinos cuenta otra historia. Hoy, una pareja de jubilados necesita más de $ 1,5 millones por mes para cubrir gastos básicos, una cifra totalmente alejada de los haberes que paga la Anses.
La situación se vuelve todavía más dramática para quienes alquilan. En esos casos, el costo de vida supera los $ 2,3 millones mensuales, siempre de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Estuvo el incremento del costo de vida empujado por alquileres imposibles, tarifas en alza y medicamentos cada vez más caros. El «ajuste ordenado» es un eufemismo para hablar de quienes sufren los recortes.
Para junio, la jubilación mínima pasará a ser de $ 403.317,99, una cifra que multiplicada por dos se queda corta para sostener un nivel de vida al menos digno.
En detalle, el rubro que más golpea sigue siendo la alimentación. Solo en comida, una pareja de adultos mayores necesita cerca de $ 600 mil por mes. La carne y los lácteos, dos productos básicos de cualquier mesa argentina, se transformaron en bienes difíciles de sostener incluso después de toda una vida de trabajo.
A eso se suman los servicios esenciales como la luz, el gas, el transporte y las expensas, que ya consumen $ 529.000 mensuales. En la práctica, miles de jubilados deben elegir entre pagar remedios, comer mejor o mantener la calefacción encendida durante el invierno. La situación sanitaria también preocupa. En abril, los remedios aumentaron un 2,7% promedio, superando el alza general de la canasta, según precisó el Índice de Precios de Medicamentos (IPM).
El problema no es solamente económico, sino que también es político. Es que la motosierra no distingue trayectorias ni necesidades, más bien lo contrario: parece tener un filo especial cuando se trata de las personas mayores.
La oposición busca dar marcha atrás con la quita de los subsidios a pasajes de personas con discapacidad
Sectores de la oposición buscan dejar sin efecto la polémica Resolución 28/2026, que elimina los subsidios a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera para trasplantes. Según el proyecto presentado, la nueva normativa entrará en vigencia de manera inmediata una vez aprobada por ambas cámaras.
La diputada Natalia de la Sota -presentó el proyecto- criticó de manera categórica la decisión del Gobierno. En su cuenta de X, la legisladora de Defendamos Córdoba comentó: «La crueldad no tiene límites. Ahora, el gobierno de Milei y Adorni eliminó compensaciones a empresas de transporte de larga distancia que otorgaban pasajes sin cargo a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera para trasplantes. Presentaremos un proyecto de ley para anular la medida».
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