Con fuertes críticas al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, representantes de las cámaras empresariales pymes reclamaron al Congreso la aprobación urgente de una Ley de Emergencia Pyme para frenar el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro del mercado interno que atraviesa el país desde el inicio de la actual gestión.
El proyecto fue presentado durante una conferencia realizada en la Cámara del Calzado, donde dirigentes industriales, comerciales y de servicios coincidieron en que la situación productiva se encuentra en un punto crítico. «Nos convoca esta difícil situación de coyuntura política que estamos atravesando hoy las pymes. Lamentablemente estamos en un momento muy difícil para toda la sociedad en función de estas políticas públicas que nos están matando», afirmó Diego Ojeda, presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).
Según explicó, las entidades vienen alertando desde agosto de 2024 sobre el deterioro del entramado productivo. «Ya visualizábamos 10.000 pymes cerradas. Hoy estamos en 2026 y con un número muy superior, alrededor de 26.000 pymes cerradas«, aseguró. Además, advirtió que un 9,5% de las empresas podría desaparecer en el corto y mediano plazo, lo que implicaría la pérdida de otras 40.000 firmas.
La iniciativa impulsada por las cámaras contempla la suspensión de embargos, planes especiales de pago de impuestos de hasta 120 cuotas y garantías para evitar cortes de servicios públicos esenciales mientras dure la emergencia.
Uno de los discursos más contundentes fue el del presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, quien apuntó directamente contra la política comercial del Gobierno y denunció que la producción nacional está siendo desplazada por importaciones que ingresan en condiciones desventajosas para las empresas locales. «Estamos para defender la industria nacional por el ataque que estamos teniendo permanentemente de los productos importados desleales. No tenemos miedo de competir, tenemos miedo del dumping, del contrabando y de todo lo que venimos sufriendo las pymes sin ser escuchados«, sostuvo.
Rosato también cuestionó la falta de diálogo con la administración libertaria. «Hace más de un año que estamos pidiendo reuniones con el ministro Caputo, con el Presidente y con los funcionarios del área y no tenemos ninguna respuesta», afirmó.
El dirigente aseguró además que la crisis ya se refleja en el mercado laboral. Según señaló, Argentina acumula unos 400.000 puestos de trabajo menos y el deterioro continúa profundizándose. Como muestra de ese escenario, advirtió sobre el aumento de las empresas que recurren a mecanismos concursales para intentar sobrevivir. «En 2025 crecieron un 130% los concursos preventivos y en lo que va de 2026 ya hay 90 empresas más que se presentaron en concurso preventivo. Lo grave es que estos datos corresponden solamente a Capital Federal», sostuvo.
Para Rosato, esos números justifican la necesidad de una intervención urgente. «Imagínense cómo no vamos a pedir la emergencia en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Estamos solicitando una emergencia por apenas un año para evitar que sigan cerrando empresas y destruyéndose puestos de trabajo», afirmó.
En ese contexto, cuestionó los beneficios otorgados por el Gobierno a las grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). «El Gobierno dice que no quiere dar privilegios. Nosotros estamos pidiendo una emergencia por un año para evitar cierres de empresas, mientras que el RIGI otorga beneficios por 30 años. Imagínense la diferencia», planteó. Y agregó una comparación que buscó dimensionar la magnitud de la crisis industrial: «Estamos perdiendo 500 Fate con todas las pymes que están cerrando. Son cientos de miles de trabajadores que de acá a fin de año pueden perder su empleo».
Las críticas al programa económico también llegaron desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). Su presidente, Julián Moreno, sostuvo que la ley puede servir para amortiguar el impacto de la crisis, pero advirtió que no modificará las causas estructurales que la generan. «Este tema de la emergencia pyme tiene que ver con el modelo económico que nos está arrastrando», afirmó.
Para Moreno, el deterioro del sector productivo forma parte de un fenómeno más amplio que afecta al conjunto de la sociedad. «La crisis sigue y va a seguir. Ojalá logremos que la ley ingrese y alguna pyme menos deje de existir en lo que queda del mandato de Milei. Vamos a lograr menguar de alguna manera la caída de empresas, pero el deterioro social que estamos viviendo tiene que ver con un modelo. Y ese modelo es el que tenemos que cambiar», sostuvo.
El empleo como eje del reclamo
Desde la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione buscó despejar las críticas que suelen asociar este tipo de iniciativas con pedidos de subsidios empresariales. «No se trata solamente de salvar empresarios. Lo que esta ley prioriza es la mantención de los puestos de trabajo», explicó.
El dirigente remarcó que uno de los requisitos para acceder a los beneficios previstos en la norma será no realizar despidos. «Si alguien despide personal queda fuera de los beneficios de la ley. Lo que buscamos es un beneficio para el conjunto de la sociedad», afirmó.
Según Galfione, la velocidad con la que se están perdiendo puestos de trabajo vuelve urgente la adopción de medidas excepcionales para evitar una profundización de la crisis laboral.
En la misma línea, Ariel Aguilar, presidente de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero (CIMA), sostuvo que la ley no resolverá por sí sola los problemas del sector, aunque puede ofrecer una herramienta para evitar una mayor destrucción de empresas. «Esto es oxígeno para un paciente que está en una situación muy complicada. Con esta ley a lo sumo vamos a lograr alargarle la vida hasta que podamos encontrar una solución», graficó.
Para Aguilar, la raíz del problema está en el derrumbe del mercado interno. «La solución es demanda, es un mercado interno dinámico», afirmó. El empresario vinculó la crisis industrial con la caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y el desmantelamiento de organismos públicos vinculados a la producción y la innovación tecnológica. «La falta de mercado interno hoy se explica por lo que cobran los jubilados, por los puestos de trabajo que ya no están, por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y por la destrucción de instituciones como el INTI y el INTA», sostuvo.
Presión sobre el Congreso
Las entidades empresariales reclamaron que la Cámara de Diputados y el Senado convoquen a una audiencia pública para debatir el proyecto y aceleren su tratamiento legislativo. El pedido refleja una creciente tensión entre el Gobierno y uno de los sectores históricamente más relevantes para la generación de empleo privado. Mientras la administración Milei sostiene su estrategia de apertura económica y equilibrio fiscal, las cámaras pyme advierten que miles de empresas enfrentan dificultades para sobrevivir y alertan sobre una nueva ola de cierres si no se adoptan medidas de emergencia.
Para los empresarios, la discusión ya no pasa únicamente por la rentabilidad de las firmas. Lo que está en juego, aseguran, es la supervivencia de una parte central del aparato productivo argentino y de los millones de puestos de trabajo que dependen de él.
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