En 2025, la apertura de concursos preventivos se disparó más de un 130% en comparación con 2023. De acuerdo con un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA), que toma como base datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el año pasado se registraron 190 concursos preventivos, frente a los 82 de hace tres años. Asimismo, el estudio señala que este año las empresas concursadas en CABA podrían «romper el récord alcanzado durante la pandemia».
Desde la entidad advirtieron que la inercia destructiva se agravó en el arranque de este año. De hecho, el documento revela que entre febrero y abril ya se abrieron 92 procesos concursales en la jurisdicción porteña. Según el informe, esa cifra ya supera la cantidad total de concursos preventivos registrados en cada uno de los años comprendidos entre 2021 y 2024. En otras palabras, en apenas tres meses de 2026 se iniciaron más concursos que en los doce meses completos de cualquiera de esos años.
La comparación con 2020 resulta elocuente. Durante el pico de la pandemia se registraron 106 concursos preventivos. Ese número contrasta con los 190 del año pasado y con los 92 acumulados en apenas un trimestre de 2026. De mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con más de 350 concursos preventivos en CABA, un récord histórico que marcaría un punto de inflexión en la crisis del sector productivo argentino.
Miles de empresas cerradas, todavía más empleados despedidos
Desde la asunción de Javier Milei, cerraron 24.437 empresas. A las consecuencias económicas que esta situación genera para el país se suma el fuerte impacto social derivado de la pérdida de puestos de trabajo. En el mismo período, 327.813 trabajadores perdieron su fuente de ingresos.
Por otra parte, el informe de IPA advirtió que la contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión, reflejado en una pérdida neta de inversión extranjera directa en el sector. Según la entidad, por primera vez en 22 años el indicador arrojó un saldo negativo. «Importantes firmas multinacionales abandonaron el país», mientras que otras empresas locales intentaron sobrevivir transformando su matriz productiva.
En esa línea, señalaron que la imposibilidad de sostener el patrimonio empresarial, que empuja a muchas pymes hacia un «fatal resultado falencial», provocó una pérdida incalculable de capital, con bienes de uso inactivos y una capacidad ociosa que alcanzó el 40,2%. Además, destacaron que la consecuencia más grave del cierre de fábricas es la pérdida de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, así como el impacto negativo sobre los distintos actores vinculados a la actividad de las empresas.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, afirmó: «Habíamos alertado que este año íbamos a superar el cierre de mil pymes, pero el ritmo de deterioro de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos nos demuestran que el daño al entramado productivo es mucho mayor. Estos son solo datos de Capital Federal; aún faltan los del resto del país para dimensionar la verdadera magnitud de la crisis. No hay tiempo para debatir ideologías: es momento de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los principales perjudicados por tanta inacción».
Rosato también reclamó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención urgente ante la «crisis terminal» que atraviesan las pymes. Además, exigió al Congreso de la Nación que trate y apruebe «de manera inmediata» el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de empresas.
RM
