Un año y cinco meses después de que Javier Milei promocionara $LIBRA como un proyecto de inversión para pymes, la causa que investiga el colapso de esa criptomoneda no tiene un solo imputado indagado. Y desde la semana pasada, tampoco tiene querellantes: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los cinco inversores que venían impulsando la investigación, a pedido de la defensa de Mauricio Novelli, uno de los principales acusados.
«No hay ni un solo llamado a declarar en la causa Libra», resumió a La Pluma la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), quien integró la comisión investigadora que funcionó en el Congreso. Selva fue más allá: acusó al fiscal Eduardo Taiano de haber demorado meses la incorporación al expediente de la pericia sobre el celular de Novelli, y calificó esa demora como «obstrucción de justicia». «Había elementos contundentes para llamar a indagatoria a Novelli, no solo por el trabajo que aportamos desde la comisión, sino porque se comprobó que Milei estaba al teléfono con él en el momento en que hacía el tweet», afirmó la diputada.
Selva, como varios otros opositores que siguen la causa, entienden como «sugestivo» el momento en el que el magistrado tomó la resolución de dejar afuera a los querellantes: justo cuando su esposa, Ana María Cristina Juan, que fue propuesta por el gobierno de Milei, fue designada como jueza federal.
Apelan al fallo de Martínez de Giorgi
Martín Romeo, uno de los querellantes excluidos, presentó el recurso de apelación al que accedió La Pluma a través de su abogado, Nicolás Oszust. El escrito describe la resolución de Martínez de Giorgi como «arbitraria, ilógica y contraria a las constancias de la causa» y sostiene que el colapso de $LIBRA no fue producto de la volatilidad propia de una «memecoin», sino de un Rug Pull preprogramado: 74 billeteras operadas por bots de los imputados habrían ejecutado compras masivas con información privilegiada 22 segundos antes del tuit presidencial.
Romeo no apeló solo. Los otros cuatro querellantes desplazados —representados por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi— presentaron sus propios recursos, y a ellos se sumó una tercera presentación del diputado y abogado Juan Grabois, que directamente calificó al fallo como funcional a «consolidar precisamente el vacío de control» que la figura del querellante está destinada a cubrir. Para Grabois, no se trata de «un caso dudoso» sobre si la caída de un activo digital constituye o no un daño resarcible, sino de «una hipótesis delictiva grave, con prueba concreta de ardid» que no puede prejuzgarse para excluir a las víctimas.
La contradicción en el pedido de Novelli
Mientras las apelaciones se acumulaban en el expediente, el especialista en criptoactivos Fernando Molina resumió en un posteo en X lo que consideró el punto más débil del planteo original de Novelli para excluir a las querellas: definir a $LIBRA simultáneamente como una «memecoin de alta volatilidad» y como un token pensado para financiar pymes. «Decidan la estrategia, muchachos. Son argumentos contradictorios«, escribió Molina, en una síntesis que circuló entre los abogados de las querellas como argumento adicional.
Selva coincidió con esa lectura en diálogo con La Pluma: «Confunden, desde el punto de vista práctico, una memecoin con Milei, que no tiene nada que ver con una memecoin. Están trazando el caminito para decir que no hubo delito de estafa, que está todo limpio, y cerrar la causa«.
Cuestionamientos a Martínez de Giorgi
La resolución de Martínez de Giorgi también generó críticas por su contenido, más allá de la exclusión en sí. El juez dedicó más de quince páginas a analizar si $LIBRA se comportó como cualquier otra «memecoin» volátil, una cuestión de fondo que no le correspondía resolver en una incidencia procesal sobre legitimación. El director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Pedro Biscay, presentado como amicus curiae en el expediente, advirtió a La Nación que la decisión «sumada a las demoras del fiscal en impulsar medidas clave» genera «serios riesgos de impunidad».
Selva fue todavía más lejos y vinculó el momento de la resolución con un dato institucional: «En abril elevan el pliego de la esposa de Martínez de Giorgi al Senado, se aprueba y está ahora en la firma del Presidente. Antes de eso sale la firma de esta resolución apartando a las querellas. No me parece una casualidad«, planteó a La Pluma.
¿Causa congelada?
Con los querellantes fuera del expediente, la investigación queda en manos exclusivas del fiscal Taiano, que según reconoció el propio Ministerio Público Fiscal al periodista Hugo Alconada Mon, carece de los recursos tecnológicos y el presupuesto necesarios para avanzar con el análisis de las billeteras digitales. «Lo peligroso es que va a quedar solo en manos del fiscal, que hasta acá demostró que no quiere avanzar en la investigación», advirtió Selva a La Pluma.
La diputada arriesgó un pronóstico sobre el desenlace: «No sé si se van a animar a sobreseer a todos los investigados, pero creo que va a quedar freezada, y va a ser una causa que Milei la va a tener en la espalda por un tiempo«. Ahora será la Sala I de la Cámara Federal porteña —integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— la que deberá resolver si reincorpora a los cinco querellantes o confirma su exclusión. No hay plazo fijado para esa decisión.
JD/CM
