La discusión por las paritarias de 2026 empieza a desplazarse de la carrera entre salarios e inflación hacia una pregunta más profunda: ¿cuánto puede comprar realmente un trabajador con su sueldo? Aunque distintos gremios consiguieron en las últimas semanas recomposiciones que, de acuerdo con el IPC oficial, superan la inflación, las organizaciones sindicales advierten que esa comparación no alcanza para medir el deterioro de los ingresos.
El planteo cobra fuerza en un contexto en el que el salario continúa en el centro de las demandas gremiales y el endeudamiento de los hogares aparece como una de las consecuencias más visibles de la pérdida de poder adquisitivo. Para los sindicatos, el problema no es solamente conseguir un determinado porcentaje de aumento, sino lograr que los ingresos permitan cubrir los gastos habituales sin recurrir permanentemente al crédito.
Ganarle al IPC no alcanza
En las últimas semanas, distintos sectores cerraron acuerdos con porcentajes que se ubican por encima de la inflación oficial, aunque con diferentes períodos de vigencia y mecanismos de aplicación. Entre ellos aparecen los trabajadores del Ingenio Ledesma, con una mejora económica del 30,26%; Seguros, con aumentos del 19% y 19,5%; Seguridad Privada, con una recomposición del 17,35% para el segundo semestre; Plásticos, con un 16,83% entre marzo y agosto; y Papeleros, con un 13%.
También el sector informático alcanzó una recomposición. A través de Unión Informática, los trabajadores consiguieron un aumento del 9% en un solo pago. Pero detrás de estos porcentajes aparece el principal cuestionamiento sindical: ganarle al IPC no necesariamente significa recuperar el poder de compra perdido.
La explicación está en que el índice de precios al consumidor funciona como un promedio de una canasta de bienes y servicios desactualizado, mientras que el impacto de la inflación sobre cada hogar depende de su estructura de gastos. Alimentos, alquileres, servicios públicos, transporte, educación y salud pueden tener un peso mucho mayor en el presupuesto de una familia trabajadora que el que tienen en el promedio general utilizado para calcular el IPC.
Por eso, distintos sectores del movimiento sindical comenzaron a impulsar mediciones alternativas. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) trabaja, entre otros indicadores, sobre estimaciones propias de inflación, canasta básica y endeudamiento, con el objetivo de mostrar qué ocurre con los ingresos cuando se los compara con las necesidades concretas de los hogares.
La discusión tiene una consecuencia económica directa. Si el salario no alcanza para cubrir los gastos corrientes, la diferencia debe financiarse de alguna manera. Y en los últimos meses el crédito se convirtió para muchas familias en una herramienta para sostener el consumo cotidiano, desde la utilización de tarjetas hasta préstamos y financiamiento a través de billeteras virtuales.
Así, el endeudamiento dejó de ser una decisión financiera para convertirse en una forma de complementar ingresos insuficientes. El problema es que esa estrategia tiene un límite: cuando las familias acumulan cuotas, refinancian saldos o utilizan nuevo crédito para cancelar deuda anterior, una parte cada vez mayor del ingreso futuro queda comprometida.
«Tenemos que medir cuánto puede comprar realmente un trabajador, no solamente el porcentaje de aumento», resaltó Ignacio González, secretario general del sindicato de Informáticos.
El fenómeno también alcanza a sectores de la clase media, que durante buena parte de los últimos años habían contado con mayor margen para absorber shocks sobre sus ingresos. El deterioro de esa capacidad empieza a transformar al endeudamiento familiar en otro de los indicadores para observar el impacto social del programa económico.
El reclamo sindical busca correr la discusión de la lógica de los porcentajes. Un trabajador puede recibir un aumento superior al IPC y, al mismo tiempo, continuar teniendo dificultades para llegar a fin de mes. La diferencia está en qué gastos aumentaron, cuánto representa cada uno dentro del presupuesto familiar y cuánto ingreso queda disponible después de pagar las necesidades básicas.
La cuestión también abre un frente de conflicto para el Gobierno de Javier Milei. La administración libertaria hizo de la desaceleración de la inflación uno de los principales pilares de su política económica y utiliza el IPC como referencia central para evaluar la evolución de los ingresos. Pero la disputa salarial empieza a incorporar otra variable: la capacidad efectiva de los hogares para sostener su nivel de vida.
En ese escenario, las próximas paritarias podrían convertirse en algo más que una negociación por porcentajes. Los sindicatos buscarán discutir cuánto perdió el salario durante el proceso de ajuste, mientras que el Gobierno y las empresas enfrentarán la presión para contener los costos laborales en un contexto en el que el consumo todavía muestra señales de fragilidad. El conflicto ya no pasa solo por determinar quién le gana al IPC. El Gobierno todavía no lo termina entiende de entender.
RM/EO
