La gestión de la fauna urbana dejó de ser un asunto de voluntarismo proteccionista para convertirse en parte de las problemáticas que debe abordar la política. En el corazón de la provincia de Buenos Aires, dos realidades municipales configuran hoy los extremos de una misma problemática: cómo el Estado responde ante el abandono de perros, el control del espacio público y la crueldad extrema.
Por un lado, el municipio de Pehuajó, conducido por el intendente Pablo Zurro, ha decidido abordar el asunto bajo la bandera de la regulación a través del Programa Municipal de Tenencia Responsable de Animales de Compañía. Sin embargo, el andamiaje institucional cruje ante denuncias que sacudieron a la opinión pública.
La viralización de filmaciones caseras e informes televisivos encendió las luces de alarmas. En las imágenes difundidas se puede ver un galpón municipal con perros que viven rodeados de suciedad y sin la debida atención veterinaria. Activistas y vecinos de Pehuajó no dudaron en calificar el predio como un «campo de concentración» animal, denunciando falta de protección de los animales.
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La polémica no es solo por las condiciones edilicias, sino por la raíz política de la norma. La ordenanza local faculta a las cuadrillas municipales a levantar de la calle a cualquier animal suelto, incluso a aquellos que tienen dueños. En los informes recogidos, vecinos relatan la desesperación de buscar a sus mascotas y enterarse de que fueron capturadas.
Desde el municipio, el coordinador del programa Pehuellitas, Nicolás Carretero, indicó a La Pluma Diario que la iniciativa surgió por la demanda de vecinos que denunciaban la presencia de muchos perros en la calle, con y sin dueño, que generaban accidentes, mordeduras y peleas entre ellos. “Esto motivó la creación de una política pública integral de tenencia responsable que incluye castraciones masivas, vacunación, chipeo y adopciones, y una ordenanza que regula la situación”, explicó.
La normativa fue acompañada por unanimidad en Concejo Deliberante y entre otras cuestiones prevé que todo animal que esté en la vía pública sin collar ni correa puede ser levantado y llevado al refugio de la Sociedad Protectora de Animales Pehuajó (SOPAP) donde se constata si tiene tutor o es un perro que está en la calle. Dependiendo el caso se lo entrega al dueño con la advertencia de que puede ser multado si el animal continúa en la calle o se le busca un adoptante responsable.
“Mejoramos el refugio SOPAP, asegurando alimento, atención veterinaria y condiciones dignas para los animales”, indicó Carretero y consideró que la polémica reciente surge de imágenes descontextualizadas y campañas de desinformación. “El objetivo es reducir la cantidad de animales en la vía pública y promover la convivencia responsable”, señaló y aclaró que “todo el proceso es transparente, con control estatal y sin incentivos indebidos para los empleados”.
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La contracara más dramática e inmediata se vive en Bolívar donde la agenda política quedó atada al espanto y al reclamo vecinal.
La ciudad atraviesa una crisis de seguridad tras una ola de envenenamiento masivo y sistemático que ya registra cerca de 100 animales muertos en lo que va del año. El modus operandi es tan perverso como letal: cebos tóxicos mezclados con la comida arrojados en veredas, esquinas y plazas públicas.
En las últimos días, los vecinos se movilizaron exigiendo respuestas ante el riesgo inminente de que estas sustancias letales entren en contacto con las infancias que juegan en los espacios públicos.
Frente a esto, el municipio asumió un rol activo en la investigación, articulando con la Justicia. “Se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul para solicitar una investigación que permita esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables”, indicaron desde el municipio en un comunicado, que está trabajando en conjunto con la Sociedad Protectora de Animales de Bolívar (SAPAAB).
El escrito será presentado con el acompañamiento de la Policía bonaerense y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). En este marco, se pondrán a disposición de la Justicia todos los elementos y recursos que puedan contribuir al avance de la investigación.
Ante la denuncia vecinal, la intendenta interina María Laura Rodríguez encabezó este miércoles una reunión de trabajo junto a referentes de SAPAAB, personal de la Policía local, la DDI, Zoonosis, el Hospital Municipal, entre otros, con el objetivo de elaborar “un protocolo de actuación ante posibles nuevos casos de envenenamiento, que permita establecer procedimientos claros y una intervención rápida y coordinada de las distintas áreas”. Además, se indicó que se está trabajando desde la Fiscalía en la recopilación de antecedentes sobre episodios ocurridos durante los últimos meses.
Tanto el control estatal en Pehuajó como la búsqueda del autor de la matanza en Bolívar confluyen en una herramienta legislativa nacional que reclama urgentes actualizaciones: la ley nacional N.º 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad hacia los Animales. Sancionada a mediados del siglo pasado, esta norma penaliza los actos de crueldad con condenas irrisorias que van desde los quince días a, como máximo, un año de prisión, volviendo el delito excarcelable.
Los casos de Pehuajó y Bolívar muestran dos caras de un mismo debate: cómo compatibilizar políticas públicas de control de la fauna urbana con el respeto por el bienestar animal y, al mismo tiempo, contar con herramientas legales capaces de responder frente a hechos de extrema crueldad. En ese escenario, la vigencia de la Ley 14.346 vuelve a quedar bajo discusión.
MES/CM
