La defensa del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a las inconsistencias detectadas en su evolución patrimonial se topó con un punto débil dentro de la justificación de 77 páginas para responder al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita. El argumento de que cuenta con las claves privadas de las ocho billeteras virtuales mediante las cuales liquidó casi US$ 600 mil es incorrecto para algunas voces especializadas en el mundo cripto.
La investigación se inició a partir de las diferencias detectadas en las declaraciones juradas del exfuncionario. La fiscalía había identificado inconsistencias por unos $ 43 millones y US$ 400 mil, en un contexto en el que los análisis patrimoniales habían registrado un incremento significativo de los bienes declarados por Adorni.
Según la defensa, el abogado Matías Ledesma, el ex funcionario había adquirido Bitcoin entre 2014 y 2018 y posteriormente vendió los activos correspondientes a las ocho billeteras digitales. En ese sentido, estimó que esas operaciones generaron US$ 591.544,61.
“Dado que las billeteras virtuales no cuentan con datos de titularidad, es entonces la tenencia de la clave privada la que permite acreditar la propiedad de una billetera, con lo cual, la sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, dice el escrito. Además, justifican que haya mantenido sin declarar los fondos provenientes de esas operaciones por “el contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años”.
Sin embargo, el programador y especialista en IA Maximiliano Firtman explicó a La Pluma Diario que «si no puede demostrar la posesión de las billeteras en el pasado donde dice haber operado (las claves) no servirían para demostrar nada. Que hoy tenga las claves privadas y lo certifique por escribano no garantiza que eran de él«.
En esa misma línea, el especialista en tecnología y ciberdelitos Julio Ernesto Lopez tuiteó: «ADORNI, ESTO ES MENTIRA: No se puede acreditar la titularidad de billeteras por tener las llaves. Las llaves SOLO GARANTIZAN EL ACCESO, NO LA TITULARIDAD. Es como decir que si vos tenés la llave de un auto, este es tuyo«.
Cabe recordar que si la justificación no logra responder a los 20 puntos requeridos por Pollicita, o muestran alguna inconsistencia, el fiscal podría solicitar nuevas medidas y citarlo a indagatoria.
Otros puntos claves de la justificación de Adorni
La defensa también buscó explicar por qué, si los fondos provenían de operaciones realizadas años antes del ingreso de Adorni a la función pública, comenzaron a utilizarse de manera más intensa durante el período investigado. Según el escrito, Adorni y Angeletti habían decidido mantener esos ahorros con una perspectiva de largo plazo y sin modificar sustancialmente su nivel de consumo. Los abogados señalaron que el dinero estaba destinado, entre otros objetivos, a la educación de sus hijos y a la jubilación.
Esa estrategia, de acuerdo con la presentación, habría cambiado después del ingreso de Adorni al Gobierno. La defensa vinculó esa modificación con cuestiones de seguridad y con la decisión de adquirir una vivienda en el country Indio Cuá.
Los abogados explicaron que los ahorros acumulados terminaron siendo utilizados para la compra y refacción de esa propiedad y para la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró, además de otros gastos como viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas y matrículas escolares.
De acuerdo con la reconstrucción incluida en el escrito, los ahorros declarados en efectivo descendieron de USD 513.000 al cierre de 2023 a USD 388.961,52 al finalizar 2024 y a USD 209.961,52 al cierre de 2025.
La defensa sostuvo que esa disminución se explica por la utilización de esos fondos para afrontar las distintas operaciones inmobiliarias y gastos realizados durante el período bajo análisis.
Otro de los puntos centrales de la presentación es la refacción de la vivienda de Adorni en el barrio privado Indio Cuá. El monto de las obras había quedado bajo análisis después de las declaraciones del contratista Matías Tabar, quien había mencionado pagos en efectivo por aproximadamente USD 245.000.
Adorni negó esa cifra y afirmó que las obras tuvieron un costo de USD 175.000. Según su defensa, ese dinero salió de una cuenta bancaria y provenía de sus ahorros. Los abogados también cuestionaron las planillas aportadas por el contratista. Según el escrito, una de las planillas atribuidas a Tabar arroja una suma de USD 285.929, mientras que en su declaración testimonial se habría mencionado un costo total de USD 245.929.
La presentación señala además que más de quince conceptos incluidos en una planilla final carecerían de fecha de registro, una circunstancia que, según la defensa, debe ser considerada al reconstruir los pagos y el costo efectivo de las obras.
Respecto de la adquisición del lote 380 de Indio Cuá, Adorni explicó que la operación tuvo un valor de USD 120.000. Según su versión, USD 100.000 fueron financiados mediante un préstamo con garantía hipotecaria sobre el inmueble de la calle Asamblea 1132 y los USD 20.000 restantes fueron abonados en efectivo.
La defensa también respondió sobre los USD 30.000 entregados en efectivo por la compra del departamento ubicado en Miró 550. Según el escrito, ese dinero provenía de los dólares ahorrados por Adorni. La operación había llamado la atención por las condiciones pactadas: los propietarios del inmueble habrían recibido USD 30.000 inicialmente, mientras que el resto del precio, unos USD 200.000, debía ser cancelado posteriormente y sin intereses.
Otro de los aspectos abordados por la defensa fueron las declaraciones juradas rectificativas presentadas en junio de 2026. Los abogados sostuvieron que las modificaciones tuvieron como objetivo reflejar correctamente la situación patrimonial de la sociedad conyugal entre Adorni y Angeletti y negaron que hayan respondido a un intento de ocultamiento.
Según la presentación, el patrimonio cuestionado por la fiscalía ya se encontraba rectificado cuando el organismo requirió las explicaciones. La defensa sostuvo además que Adorni abonó las obligaciones tributarias derivadas de las declaraciones modificadas.
Con la presentación de las respuestas, la investigación entra en una nueva etapa. La documentación aportada por Adorni y su defensa deberá ser analizada por la fiscalía para determinar si las explicaciones y los elementos contables, bancarios, notariales y técnicos permiten despejar las inconsistencias detectadas.
La defensa sostiene que la diferencia patrimonial señalada por la fiscalía, calculada en $43.068.549, constituye una brecha residual que puede ser explicada mediante la documentación presentada. En ese sentido, afirma que ese monto representa el 15,8% de los egresos reconstruidos.
El escrito presentado ante Lijo constituye, por ahora, la explicación formal de Adorni sobre el origen y destino de los fondos bajo investigación. La última palabra sobre la suficiencia de esas explicaciones quedará en manos de la Justicia. Si la fiscalía considera que las respuestas no alcanzan para justificar las diferencias detectadas, podrá impulsar nuevas medidas y eventualmente solicitar que el exfuncionario sea citado a declaración indagatoria.
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