El Gobierno dispuso un nuevo recorte del gasto público con el objetivo de garantizar el superávit fiscal y cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto marcado por la caída sostenida de la recaudación tributaria. La instrucción, transmitida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece una reducción del 2 % en el gasto corriente y del 20 % en el gasto de capital. Según informó el periodista Luis Majul, el plan de ajuste deberá estar definido antes del 30 de abril.
La decisión se produce mientras los ingresos fiscales acumulan ocho meses consecutivos de retroceso, lo que refuerza la necesidad oficial de profundizar la política de contención del gasto. Hasta el momento, no se informó el monto total de ahorro que se busca alcanzar ni cómo se distribuirán los recortes entre las distintas áreas del Estado. Sin embargo, la medida se inscribe en una estrategia que ya venía en marcha.
Hasta marzo el gasto público mostraba una reducción del 3,3 % en rubros clave como la obra pública, las transferencias a provincias y los salarios del sector público. En lo que va del año, las remuneraciones del sector público registraron una caída del 6,1 % a valores corrientes, al pasar de $ 3,9 billones a $ 3,7 billones. En paralelo, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) retrocedieron un 3,7 %, desde $ 3,2 billones a $ 3 billones.
En ese sentido, los programas sociales se redujeron un 29,8 %, mientras que las transferencias a provincias cayeron un 50,9 %, según datos difundidos por TN. En contraste, los subsidios económicos, que incluyen el financiamiento estatal de tarifas de servicios públicos, registraron un aumento cercano al 67 % interanual.
La profundización del recorte responde, además, a las metas comprometidas con el FMI. En el acuerdo vigente, la Argentina se comprometió a alcanzar este año un superávit primario del 2,2 % del PBI. No obstante, en el Presupuesto 2026 el objetivo fue fijado en un nivel menor, del 1,5 %. De acuerdo con los últimos datos oficiales, durante el primer bimestre del año el sector público acumuló un superávit primario cercano al 0,4 % del PBI y un superávit financiero del 0,1 %.
En diálogo con La Pluma Diario, el economista Haroldo Montagu, señaló que esta medida del Gobierno «es un poco más de lo mismo». El ex viceministro de Economía de la nación explicó que reducir el gasto conlleva una menor actividad económica, lo que provoca una menor recaudación. De ese modo se entra en un círculo vicioso que no tiene fin y que termina llevando al fracaso.
En esa línea, el economista jefe de la consultora Vectorial aseguró que los gastos que quedan por recortar son «hípersensibles». Sin mucho más opción de ajuste en obras públicas, sectores como jubilaciones o planes sociales son los que se verán afectados. «El Gobierno se está metiendo en una zona difícil de atravesar tanto social como política», sostuvo. Por último, el economista recalcó que esta situación era esperable y que «Javier Milei ya había sido alertado sobre esto».
La deuda flotante, bajo la lupa
Otro indicador seguido de cerca por el FMI es la deuda flotante, que refleja compromisos de gasto ya devengados pero aún no pagados. En marzo, ese pasivo ascendía a $ 3,3 billones. En términos relativos, representa cerca del 10 % del gasto comprometido, lo que evidencia demoras significativas en la cancelación de obligaciones del Estado.
En algunos rubros, el nivel de deuda es particularmente elevado. Por ejemplo, aquellos vinculados a la obra pública concentran una deuda flotante equivalente al 41,8 % de los compromisos asumidos. En bienes y servicios, el porcentaje alcanza el 29,8 %, mientras que en remuneraciones se ubica en el 11,3 %.
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