En menos de dos días, más de medio millón de personas se inscribieron para participar de una demanda colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares sancionada el miércoles en la Cámara de Diputados. Como respuesta, varias organizaciones ambientalistas lanzaron una convocatoria que en pocas horas sumó miles de adhesiones y que se espera que sea la presentación judicial más grande de la historia.
“Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, indicaron los organizadores. La provincia de La Pampa ya presentó un amparo colectivo y hay otras que evalúan hacerlo en la próxima semanas.
Si bien el Gobierno y los gobernadores de las provincias mineras celebraron el triunfo en el Parlamento, la implementación de la reforma de la ley de Glaciares no les resultará fácil. El jueves, el mandatario pampeano Sergio Ziliotto presentó un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Una medida que también están evaluando en otras jurisdicciones.
Pero hay más. Antes de que arranque el fin de semana, el contador para iniciar la demanda ya estaba en más de 670.000 firmas y todo indica que llegarán al millón. A unas pocas horas de que La Libertad Avanza lograra la sanción de la ley, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace lanzaron una plataforma que permite ser parte de “esta demanda contra este retroceso ambiental”.
La idea de los organizadores es demostrar el escaso acompañamiento popular que tiene el proyecto pedido por los gobernadores de la Mesa del Cobre y la del Litio – San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza– que arrasará con los glaciares y las zonas periglaciares de la Argentina al dejar su protección en manos de las provincias, que buscan favorecer la explotación de los grandes capitales extranjeros.
“Lo planteamos antes, dijimos que uno de los problemas que iba a tener la reforma es que iba a generar una gran inseguridad jurídica porque el estar planteada sobre una base tan inconstitucional, ser tan regresiva y alterar tanto el sistema institucional vigente no iba a generar más que procesos de demandas judiciales múltiples”, le contó a La Pluma, el presidente de la FARN, Andrés Nápoli.
Está habilitado el sitio web www.demandacolectivaglaciares.org para sumarse. “La firma es una forma de amplificar ese reclamo colectivo. No genera obligaciones legales, pero sí construye una fuerza social imposible de desestimar”, indicaron las organizaciones.
Nápoli explicó que la presentación judicial no va a ser de las instituciones que hoy encabezan esta búsqueda de firmas, sino que se trata de una estrategia federal. “Va a ser una acción donde van a estar representadas todas las organizaciones del país, es el espíritu que buscamos”, dijo.
Desde Greenpeace indicaron que la estrategia es que toda la sociedad sea parte del reclamo. “Busca ser la más grande de nuestra historia. Si en el Congreso no quisieron escuchar a la gente, lo va a tener que hacer la Justicia porque lo que está en juego es el agua y necesitamos que toda la sociedad se involucre”, le dijo a La Pluma Agostina Rossi Serra, especialista en Biodiversidad de esa organización.
Hay varios argumentos que dan en el corazón de la iniciativa libertaria y que pueden hacer tambalear la ley en los tribunales. Por un lado, la reforma desnaturaliza el presupuesto mínimo ambiental de protección que establece la Constitución Nacional en el artículo 41 y debilita el rol de organismos dedicados a eso como el Inventario Nacional de Glaciares y el IANIGLA. Además, pone la toma de decisiones de actividades potencialmente lesivas en manos de los gobernadores.
Tampoco cumple con el mandato constitucional de la participación ciudadana para cambios de este tipo. Si bien se hicieron audiencias públicas, fueron restrictivas y sesgadas. “Fue una audiencia fraudulenta, donde el 99% de las personas no pudieron hacer uso de la palabra. La Cámara dictó un reglamento de funcionamiento de dos días pensando que se iban a inscribir mil personas, y cuando recibieron 100 mil no fueron capaces de cambiar una coma, lo que la vuelve a la audiencia además totalmente irrazonable”, dijo Nápoli.
Es decir, que no cumple con el Acuerdo de Escazú, que plantea dos principios centrales para la participación ciudadana: que sea abierta e inclusiva, y no discriminatoria. “La audiencia no tuvo participación abierta, no fue inclusiva y fue muy discriminatoria sobre todo en cómo se eligió a la gente para participar, así que no cumplen un solo de los requisitos. Y en términos de lo que es la inconstitucionalidad, yo lo sintetizaría diciendo que es una reforma constitucional encubierta. Para hacer esta ley deberían primero cambiar la Constitución, no lo han hecho”, agregó el presidente de la FARN.
La Pampa fue la primera provincia en presentarse ante la Justicia
No hay glaciares en La Pampa, pero el impacto sería directo. El gobernador Sergio Ziliotto -uno de los cuatro gobernadores peronistas enfrentados a Milei-junto con el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, y otras organizaciones presentaron una demanda en los juzgados de Santa Rosa porque consideraron que la reforma introduce un retroceso normativo injustificado al reducir el estándar de protección de ecosistemas estratégicos para las reservas hídricas del país.
El abogado que representa a la provincia, Andrés Gil Domínguez, explicó que el impacto va más allá de lo que pueda suceder en las zonas cordilleranas ya que hay jurisdicciones “que si bien no tienen glaciares, reciben de los glaciares el alimento para que los ríos que surcan sus territorios se alimenten”. Y explicó que “que va a haber una reducción del caudal de agua para estos ríos o una afectación o contaminación de las aguas que llegan a las provincias que no tienen glaciares por este tipo de explotación”.
En ese sentido, Rossi Serra sostuvo que el impacto será general. “Lo que está en riesgo es el agua, los glaciares y zona periglacial, que no solo almacenan agua sino que son sistemas que la regulan liberándola de forma gradual, que sostienen los caudales de ríos y cuencas, sobre todo en momentos de sequía. Si se debilita su protección lo que se compromete es el acceso al agua para millones de personas y de ecosistemas que no se pueden reemplazar. Si eso se daña, no se recuperará en escala humana. No es un impacto más, es perder una fuente estratégica de agua dulce de forma definitiva“, alertó.
CDB/VDM
