El relato libertario vuelve a presentar grietas en su consistencia por demostrar que este modelo económico viene a solucionar los problemas de los argentinos. Mientras el Gobierno sostiene que la flexibilización y la desregulación permitirán generar más empleo formal, un nuevo informe muestra que casi la mitad de los trabajadores se encuentra fuera de los esquemas de protección laboral.
Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el 45,2% de los trabajadores ocupados en Argentina se encuentra en situación de desprotección laboral. Esto significa que desarrolla su actividad sin aportes jubilatorios, sin estabilidad, sin antigüedad reconocida o sin una estructura laboral que garantice derechos básicos.
El relevamiento fue elaborado a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para construir su indicador, el IAG toma en cuenta variables como estabilidad, aportes, antigüedad y capital.
El resultado muestra un mercado laboral cada vez más fragmentado. Sobre una población económicamente activa proyectada en 22,5 millones de personas, el estudio identifica 5,7 millones de asalariados informales y 5,6 millones de cuentapropistas. Dentro de este último grupo, 3,4 millones no facturan.
En el otro extremo aparecen los asalariados registrados: son 9,6 millones, de los cuales 6,6 millones pertenecen al sector privado y 3 millones al sector público. El sector privado protegido representa el 39% de los ocupados, mientras que el empleo público alcanza el 15,7%.
Más trabajo, pero cada vez menos protegido
El dato que marca el quiebre con mayor claridad aparece cuando se compara la evolución del mercado laboral durante los últimos dos años.
De acuerdo con el informe, desde el cambio de Gobierno se generaron 626.000 nuevos puestos desprotegidos, mientras que se perdieron 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 puestos públicos. Es decir, la expansión de la ocupación no estuvo acompañada por una recuperación equivalente del empleo registrado y con derechos.
Más aún: los 350.000 nuevos ocupados incorporados al mercado laboral desde 2024 se concentraron íntegramente en actividades consideradas desprotegidas por el indicador del IAG.
La cuestión no se limita al presente de los trabajadores. La ausencia de aportes previsionales también implica trasladar el costo hacia el futuro, porque quienes hoy trabajan sin registración acumulan menos derechos para acceder a una jubilación.
Los jóvenes, los más expuestos
Para las personas de entre 18 y 26 años, la tasa de desprotección pasó del 53% al 61,6% en dos años, según el relevamiento. Al mismo tiempo, en ese segmento se perdieron alrededor de 160.000 puestos de trabajo.
El impacto fue particularmente fuerte entre los varones jóvenes, que resignaron unos 126.000 empleos formales, de los cuales 96.000 correspondían al sector privado protegido y otros 30.000 al empleo público.
El «desempleo blue»: otra cara de la precarización
El estudio del IAG incorpora además un indicador denominado «desempleo blue«, que intenta medir una forma de desocupación encubierta que queda parcialmente fuera de la estadística tradicional.
El concepto contempla a personas que buscan activamente empleo pero trabajan muy pocas horas -o directamente ninguna- y, cuando consiguen alguna actividad, lo hacen dentro de segmentos precarios o desprotegidos. El indicador llegó al 15,5% en el primer trimestre de 2026, según la información difundida sobre el informe.
La fotografía que surge es más compleja que la que ofrece una simple tasa de desempleo. Una persona puede aparecer estadísticamente como ocupada y, al mismo tiempo, encontrarse sin aportes, sin estabilidad y con una cantidad insuficiente de horas de trabajo para garantizar un ingreso adecuado.
La promesa de la «reconversión» frente a los datos
El Gobierno presentó la flexibilización, la desregulación y la reducción de costos laborales como herramientas para estimular la contratación y facilitar la incorporación de trabajadores al empleo formal. Sin embargo, el informe del IAG muestra que, durante los últimos dos años, el crecimiento de los puestos desprotegidos fue muy superior al de los empleos con protección.
El dato más difícil de explicar para esa narrativa es que los 350.000 nuevos ocupados que ingresaron al mercado desde 2024 lo hicieron íntegramente en actividades desprotegidas, según el relevamiento.
Así, detrás de las cifras generales de empleo aparece otra realidad: no alcanza con que una persona figure como ocupada si ese trabajo no garantiza aportes jubilatorios, estabilidad, antigüedad ni condiciones que permitan proyectar una trayectoria laboral.
A casi tres años del inicio de la gestión de Milei, el mercado de trabajo muestra una creciente brecha entre quienes acceden a un empleo protegido y quienes deben sobrevivir en actividades informales, changas o formas de trabajo sin cobertura.
RM/EO
