El Gobierno volvió a la carga con uno de sus proyectos más ideológicos y, a la vez, más técnicos: la llamada “ley hojarasca”. Con la firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, el Poder Ejecutivo envió al Congreso una nueva versión de la iniciativa que busca derogar más de un centenar de normas vigentes, en un intento por avanzar con su agenda de desregulación.
El proyecto no es nuevo: una primera versión había sido girada en octubre de 2024, pero perdió estado parlamentario. Ahora, el oficialismo relanza la ofensiva con un texto que retoma aquellos fundamentos y amplía el alcance de la depuración normativa, en un contexto en el que necesita construir mayorías para avanzar en su agenda legislativa.
El mensaje que acompaña la iniciativa plantea un diagnóstico con el sello del ministro de Desregulación, donde argumenta que el sistema normativo argentino acumuló durante décadas una “sobrerregulación” que, según el Gobierno, genera costos, distorsiones y restricciones a la libertad.
Qué leyes busca derogar el Gobierno
El proyecto agrupa las derogaciones en seis grandes categorías, que funcionan como el corazón técnico de la iniciativa.
Por un lado, incluye normas que fueron reemplazadas por marcos legales posteriores o que perdieron sentido con el paso del tiempo. Allí aparecen leyes vinculadas a la viruela, al padrinazgo presidencial o a esquemas productivos que ya no existen.
También incorpora leyes que el gobierno entiende ya como superadas por avances tecnológicos o económicos: regulaciones sobre microfilmación de documentos, disposiciones que habilitaban la televisión a color o premios para el descubrimiento de minas de carbón.
Otro bloque apunta a normas que, según el Ejecutivo, afectan libertades individuales. Entre ellas, una ley de 1951 que penaliza a quienes promuevan sanciones contra el Estado, regulaciones sobre reuniones privadas o la obligación de portar un “carnet de mochilero” para viajar a dedo.
El proyecto también avanza sobre leyes consideradas “burocráticas”, como aquellas que crean organismos superpuestos, imponen trámites redundantes o generan costos administrativos innecesarios. En esa línea, cuestiona incluso normas que obligan al propio Estado a informarse a sí mismo o que financian estructuras sin actividad real.
Finalmente, propone eliminar el financiamiento estatal de entidades como el Círculo de Legisladores o la Federación Argentina de Municipios, que podrían seguir funcionando pero sin aportes del Tesoro.
El trasfondo económico y el costo de la regulación
Más allá del enfoque jurídico, el proyecto tiene un componente económico central. El Gobierno sostiene que la acumulación de normas encarece la actividad privada y desalienta la inversión.
“Cada trámite adicional suma tiempo, esfuerzo y dinero”, señala el mensaje, que advierte sobre el impacto de la burocracia no solo en el cumplimiento de las reglas, sino también en la dificultad para conocerlas.
En ese marco, la iniciativa incluye la derogación de leyes que obligaban al Estado a comprar productos de la industria nacional, que restringían la participación extranjera en determinados sectores o que creaban fondos específicos sin resultados comprobables.
El argumento oficial es que muchas de esas regulaciones no solo perdieron sentido, sino que generan efectos contrarios a los que buscaban: encarecen procesos, reducen incentivos y distorsionan el funcionamiento del mercado.
Un nuevo test parlamentario para el oficialismo
El envío del proyecto abre un nuevo frente legislativo para el Gobierno, que ya enfrenta dificultades para reunir mayorías en el Congreso.
En el oficialismo sostienen que la iniciativa no implica eliminar derechos ni generar vacíos regulatorios. El propio texto aclara que los beneficios vigentes, como el padrinazgo presidencial, podrán mantenerse para quienes ya los perciben.
Pero en la oposición ya anticipan reparos sobre el alcance de la reforma y sobre el criterio utilizado para definir qué normas deben ser eliminadas.
El proyecto, en definitiva, vuelve a poner en discusión quién define qué parte del entramado normativo es “hojarasca” y cuál sigue siendo necesaria.
JD/CM
