La crisis de Granja Tres Arroyos tiene una particularidad que la vuelve especialmente incómoda para el relato económico del Gobierno. La empresa avícola más grande del país, perteneciente a un sector que Javier Milei suele presentar como uno de los grandes beneficiados por sus políticas, atraviesa una caída que derivó en plantas paralizadas, cientos de despidos y un derrumbe de su producción. La compañía pasó de elaborar unos 700.000 productos a apenas 200.000 y ya cuesta más encontrar sus marcas en las góndolas.
Milei construyó buena parte de su discurso económico alrededor de la idea de liberar a las empresas de impuestos, regulaciones y trabas estatales para que puedan crecer. El campo y las cadenas agroindustriales fueron, además, algunos de los sectores más favorecidos por la reducción de retenciones y otras medidas de su gestión. Sin embargo, Granja Tres Arroyos se hunde en medio de ese modelo. Si ni siquiera la principal empresa avícola argentina logra sostener su producción, la pregunta excede a una compañía y alcanza al funcionamiento de la política económica.
El propio Gobierno destacó recientemente las medidas tomadas para favorecer al agro, entre ellas la baja de retenciones y la reducción de restricciones, mientras Milei aseguró que más de mil de las reformas realizadas durante su gestión estuvieron orientadas específicamente a liberar al sector. Pero la situación de Granja Tres Arroyos muestra que beneficiar a una actividad en los papeles no necesariamente alcanza para garantizar que sus empresas sobrevivan.
De 700.000 a 200.000, el derrumbe de la producción
La magnitud de la caída se observa con claridad en los números. Granja Tres Arroyos llegó a producir alrededor de 700.000 pollos por día y representaba cerca del 35% de la producción avícola argentina. Era una de las empresas más importantes de una actividad históricamente vinculada al mercado interno y a las exportaciones.
Hoy, la producción cayó a unos 200.000. Esta diferencia explica una consecuencia que ya puede percibirse fuera de las plantas. Los productos de Granja Tres Arroyos comenzaron a perder presencia y encontrar algunas de sus marcas en las góndolas resulta cada vez más difícil.
La situación es todavía más significativa porque Granja Tres Arroyos no es una pequeña empresa incapaz de resistir los cambios económicos. Es el gigante del sector. Si la empresa que lidera la actividad no puede sostener sus niveles de producción en un modelo que promete justamente favorecer al sector privado y al campo, el caso obliga a revisar la idea de que una menor intervención estatal, por sí sola, garantiza mejores resultados empresariales.
La paradoja del modelo que promete beneficiar y termina con plantas cerradas
La administración de Milei puede mostrar medidas que, en términos generales, resultan favorables para buena parte del sector agropecuario, pero al trasladarse a una economía real donde no todas las empresas enfrentan las mismas condiciones, los resultados son dispares.
Granja Tres Arroyos atraviesa una crisis marcada por una deuda cercana a los US$ 350 millones, despidos masivos y plantas paralizadas. En las últimas semanas, la compañía mantuvo establecimientos sin actividad en Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires mientras buscaba una salida financiera.
La respuesta oficial podría ser que los problemas financieros de una empresa no son responsabilidad del Gobierno. Y, efectivamente, sería simplista atribuir toda la crisis de Granja Tres Arroyos exclusivamente a Milei. La deuda de la compañía, sus decisiones empresariales y las dificultades particulares del sector forman parte de una historia más compleja.
Sin embargo, la apertura comercial, por ejemplo, generó preocupación en la industria avícola ante el ingreso de pollo importado. El sector advirtió que la habilitación de importaciones desde Estados Unidos, sin un acceso equivalente para los productos argentinos a ese mercado, podía profundizar los problemas de competitividad en un momento de caída de las exportaciones.
En ese sentido, una política puede ser presentada como proempresa porque reduce restricciones, pero una empresa industrial no compite solamente contra el Estado. También enfrenta costos internos, una demanda debilitada, problemas de financiamiento y competidores extranjeros que pueden llegar con estructuras de costos diferentes.
Mientras el Gobierno nacional promueve un Estado menos presente en la economía, la crisis de una empresa privada terminó requiriendo la intervención directa de las provincias para intentar evitar un colapso laboral.
El Gobierno de Entre Ríos dictó a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo la conciliación obligatoria, que obliga a Granja Tres Arroyos, la empresa avícola más grande del país, a reincorporar a los 270 trabajadores despedidos hace dos semanas. A través de la Resolución Nº 363/2026 STySS, el gobierno entrerriano estableció la vigencia de la medida por 15 días hábiles, mientras que la Secretaría de Trabajo provincial fijó la audiencia para el 20 de agosto.
La resolución marca que se debe retrotraer la situación al estado previo a los despidos, que fueron comunicados el pasado 7 de agosto. En ese marco, se intimó a Granja Tres Arroyos a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde las 00.00 de ese día, y “a abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical”. Por su parte, sindicatos y trabajadores fueron intimados a “dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación”.
Esta medida ocurre debido a que la empresa aún no acató la orden y mantiene fuera de funcionamiento su planta de La China, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Los empleados que se presentaron en la planta no pudieron acceder ni recibieron respuesta por parte de algún directivo.
La crisis incluso llevó a la conformación de una mesa de diálogo entre gobiernos provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos para buscar una salida. Axel Kicillof, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio anunciaron la conformación de este espacio de trabajo conjunta para “evitar a toda costa que la crisis salpique la actividad económica de sus jurisdicciones”.
Esa es otra señal que complica el argumento de que el mercado puede resolver por sí solo todas las tensiones. El Estado, que supuestamente debía correrse, vuelve a aparecer cuando las consecuencias sociales de una crisis empresarial amenazan con desbordar.
La historia de Granja Tres Arroyos es, en ese sentido, un problema político para Milei. La compañía pertenece precisamente al universo empresario que su modelo busca reivindicar. El caso no demuestra que toda crisis empresarial sea responsabilidad del Gobierno nacional, pero sí deja al descubierto el límite de las ideas de Casa Rosada.
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