El Gobierno de Entre Ríos dictó a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo la conciliación obligatoria, que obliga a Granja Tres Arroyos, la empresa avícola más grande del país, a reincorporar a los 270 trabajadores despedidos hace dos semanas. A través de la Resolución Nº 363/2026 STySS, el gobierno entrerriano estableció la vigencia de la medida por 15 días hábiles, mientras que la Secretaría de Trabajo provincial fijó la audiencia para el 20 de agosto.
La resolución marca que se debe retrotraer la situación al estado previo a los despidos, que fueron comunicados el pasado 7 de agosto. En ese marco, se intimó a Granja Tres Arroyos a reincorporar de manera inmediata a los trabajadores despedidos desde las 00.00 de ese día, y “a abstenerse de cualquier represalia contra el personal o la organización sindical”. Por su parte, sindicatos y trabajadores fueron intimados a “dejar sin efecto toda medida de acción directa y a retomar las tareas de manera normal y habitual mientras dure la conciliación”.
Esta medida ocurre debido a que la empresa aún no acató la orden y mantiene fuera de funcionamiento su planta de La China, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Los empleados que se presentaron en la planta no pudieron acceder ni recibieron respuesta por parte de algún directivo.
La ola masiva de despidos, que podría ascender a 400 personas de 900 que trabajan allí según fuentes gremiales, se fundamentó en los brotes de gripe aviar y el cierre de exportaciones, que llevó a una importante caída productiva. Según Granja Tres Arroyos, esto llevó a una “sobreoferta en el mercado interno, una marcada caída de los precios de comercialización y un sostenido incremento de los costos de explotación”.
A finales de mayo, la avícola anunció un cierre por tiempo indeterminado alegando reiterados conflictos sindicales. En ese contexto, ingresó en proceso preventivo de crisis y lanzó un programa de retiros voluntarios. A partir de esta situación, hubo un plan de asistencia estatal para los más de 900 trabajadores. Entre ellas, la entrega de 1.900 módulos alimentarios, la gestión de 825 solicitudes de subsidios de $200.000, una tarifa social de energía eléctrica para 525 trabajadores durante dos bimestres y la gestión de una prórroga y refinanciamiento de su deuda con Enersa. Asimismo, se activó un protocolo en el local Hospital Urquiza para asegurar medicamentos a afiliados del STIA con enfermedades crónicas.
“Mientras la FTIA, junto a las organizaciones gremiales hermanas de Uatre, la Carne y Molineros, y las filiales de los sindicatos de la Alimentación realizan denodadas gestiones ante la empresa y los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para encontrar alternativas que permitan paliar la situación, sostener el proceso productivo y lograr la activación de las plantas, la empresa avanza con despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis”, comunicaron la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay.
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