El Gobierno nacional volvió a mostrar superávit fiscal en abril, aunque para conseguir este equilibrio de las cuentas públicas cayó con peso el recorte sobre áreas sensibles como universidades, transferencias a provincias y empleo estatal. Según informó el Ministerio de Economía, el resultado financiero del mes fue positivo en $ 268.103 millones, mientras que el saldo primario alcanzó los $ 632.844 millones. En términos relativos, el sobrante acumulado del primer cuatrimestre representa el 0,5% del PBI.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advirtió que, pese al saldo positivo, el superávit financiero cayó 64% interanual en términos reales. Es decir, pese a la motosierra, consiguió un superávit de menos de la mitad del año pasado. La consultora señaló además que el resultado primario retrocedió 43,3% real debido a una combinación de menores ingresos y mayor gasto. Aun así, el Gobierno mantiene como prioridad sostener la meta acordada con el FMI de alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI en 2026. (Giro de US$ 1.000 millones).
El dato fiscal de abril dejó en evidencia que mientras los ingresos pierden contra la inflación y la actividad económica sigue sin despegar del todo, el Ejecutivo eligió profundizar el ajuste sobre sectores que dependen de fondos nacionales. En el primer cuatrimestre, el superávit acumulado equivale apenas al 0,5% del PBI.
Los gastos totales treparon a $ 12,78 billones y mostraron un incremento real de 1,6%, impulsados en buena medida por el freno parcial a la quita de subsidios energéticos. El Gobierno destinó $ 1,4 billones para sostener tarifas, una suba real de 150%, buscando amortiguar el impacto inflacionario en los hogares y evitar otro salto en los servicios públicos.
También crecieron con fuerza los llamados “otros gastos corrientes”, una categoría poco detallada en la ejecución presupuestaria, que avanzó 70% real hasta los $303.295 millones. En paralelo, las jubilaciones y pensiones contributivas, que representan el 39% del gasto primario, tuvieron una mejora real de 3,6%.
Del otro lado quedaron los sectores que absorbieron el ajuste. Las transferencias a provincias sufrieron un recorte real de 54%, con giros por apenas $ 154.978 millones. Las universidades nacionales perdieron casi la mitad real (48%) de sus recursos y recibieron sólo $ 412.546 millones. La poda presupuestaria profundizó el conflicto con rectores y gremios universitarios, que la semana pasada llevaron a cabo una nueva Marcha Federal Universitaria en distintas ciudades del país.
Mientras se argumenta que la educación supone un gasto inmenso para los ciudadanos argentinos, los docentes sufren de un recorte salarial histórico, mientras que algunas universidades pueden con suerte afrontar los gastos de mantenimiento básicos. El deterioro del sistema educativo propone una migración hacia el sector privado, solo para los afortunados que pueden afrontar el desafío con una economía destruida. En última instancia, se los privará de estudiar.
«Estamos en una situación dramática. Unos meses más podemos seguir, pero no te puedo hablar de años», dijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
El ajuste también alcanzó al empleo público. El gasto en personal cayó 3,2% real como consecuencia de una reducción de la planta estatal y salarios que siguieron corriendo detrás de la inflación. Mientras tanto, los ingresos totales crecieron nominalmente 29,3%, unos tres puntos por debajo del IPC, reflejando el deterioro de la recaudación tributaria.
Pese a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la estrategia oficial y aseguró que el superávit “permite asegurar el orden en las cuentas públicas” mientras se avanza con baja de impuestos. Sin embargo, el equilibrio fiscal descansa en un ajuste selectivo, a priori, sobre educación, provincias y salarios públicos.
Superávit en la APN: menos gasto y caída de ingresos
La ejecución financiera de la Administración Pública Nacional (APN) también mostró números positivos en abril. El superávit financiero fue de $ 1,56 billones y el primario llegó a $ 1,87 billones. En el acumulado del primer cuatrimestre, el resultado financiero ascendió a $ 3,87 billones y el primario a $ 8,64 billones.
Sin embargo, aquí la fórmula fue similar. Los recursos totales retrocedieron 58% interanual real y en materia de gasto, el ajuste volvió a concentrarse en partidas sensibles. El gasto total cayó 6,1% real y las transferencias corrientes se redujeron 13,5%. Las provincias sufrieron una baja de 53,6% y las universidades de 13,4%. También se recortaron fondos para empresas públicas, bienes y servicios y prestaciones sociales.
La única partida que mostró crecimiento real fueron las remuneraciones, con un alza de 3,3%, aunque en un contexto de fuerte licuación acumulada de los salarios estatales. Al cierre de abril, la ejecución presupuestaria ya consumió el 30,1% del crédito vigente, un nivel superior al promedio de los últimos diez años. De hecho, el propio informe oficial reconoció la necesidad de ampliar el Presupuesto mediante una nueva ley o un DNU, una señal de que el margen fiscal empieza a quedar cada vez más ajustado.
MM/EO
