La polémica por las operaciones con oro del Banco Central (BCRA) no termina y suma un nuevo hecho escandaloso con el pedido de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili. El abogado Gregorio Dalbón planteó que las maniobras financieras ejecutadas por el Gobierno deben investigarse bajo figuras penales como defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación también alcanza a Juan Curutchet, director del Central.
El punto de partida es un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que identificó resultados negativos por US$ 1.023 millones en operaciones con derivados vinculados al oro durante 2025. El Gobierno rechazó esa lectura y defendió la operatoria con otro cálculo: una ganancia neta de US$ 2.505 millones al contemplar también la suba del precio internacional del metal. La realidad es que una operación no invalida a la otra, sino que el Ejecutivo en efecto manipuló los lingotes de modo que generó pérdidas tan grandes que recortaron en un tercio las utilidades que surgieron de otra.
Qué cuestionó la AGN sobre las operaciones con oro
El informe de la AGN sobre los estados contables del BCRA correspondientes a 2025 identificó un resultado negativo de $1,47 billones, equivalente a US$ 1.023 millones, en operaciones con derivados cuyo activo subyacente era el oro.
De ese total, US$ 960,2 millones correspondieron a resultados negativos por opciones financieras y otros US$ 62,8 millones al pago de primas. Al cierre del ejercicio, el Banco Central ya no mantenía posiciones abiertas por esos instrumentos.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, cuestionó la operatoria y planteó objeciones sobre la estrategia financiera adoptada por la conducción del Central. El organismo puso bajo observación el resultado de los instrumentos, aunque el debate se amplió a partir de las declaraciones públicas sobre un posible error de cálculo.
Cabe recordar que el oro forma parte de las reservas internacionales y que su precio fluctúa en el mercado global. Como ocurre con otros activos, la autoridad monetaria puede utilizar instrumentos financieros para limitar las pérdidas potenciales si su cotización cae.
La defensa del Gobierno y la ganancia de US$ 2.505 millones
El Gobierno de Javier Milei sostiene que las operaciones no deben evaluarse de manera aislada. El argumento oficial es que el Banco Central buscó proteger el valor de su tenencia de oro ante una eventual caída de la cotización internacional.
Según la explicación de la entidad, durante 2025 el metal registró una fuerte suba de precio. En ese escenario, los contratos utilizados para cubrir la cartera generaron resultados negativos, pero la valorización de los lingotes compensó ese costo y dejó una ganancia neta de US$ 2.505 millones. El viceministro de Economía, José Luis Daza, rechazó las críticas y calificó de “brutalidades” los cuestionamientos a la estrategia del BCRA.
La entidad también argumentó que las coberturas no comenzaron con la administración de Milei, sino que se utilizan desde 2007. Según el Central, entre 2007 y 2011 los pagos por instrumentos similares, en relación con el oro en cartera, fueron casi el doble que en 2025.
Qué dicen los economistas
El economista Juan Carlos de Pablo respaldó la lógica de contratar una cobertura para proteger un activo ante movimientos adversos del mercado. En una entrevista con LN+, sostuvo: “Me maté de risa. La contabilidad registra los hechos, no los riesgos que los generaron”.
Para explicar su postura, comparó la operación con contratar un seguro para un automóvil. Pagar una póliza y no sufrir un accidente no significa que el gasto haya sido inútil: la cobertura se contrata precisamente para reducir la exposición ante un riesgo futuro.
De Pablo también puso en duda la expresión “error de cálculo” aplicada a la maniobra, aunque aclaró que no había analizado en profundidad toda la operación del Banco Central. Su argumento apunta a que el resultado observado después de una decisión no alcanza para determinar si esa decisión era correcta cuando se tomó.
En tanto, Martín Redrado, expresidente del BCRA, cuestionó la estrategia elegida por la conducción de Bausili. En su opinión hubo un error de cálculo en el armado de la cobertura y la política de reservas debería priorizar un criterio conservador, en lugar de buscar maximizar ganancias.
El centro de su crítica es el llamado collar, una estrategia que combina opciones financieras para establecer un piso y un techo para el precio de un activo. En términos simples, el mecanismo busca limitar el impacto de una caída, pero también puede restringir el beneficio que se obtiene si la cotización sube por encima de determinado nivel.
En el caso del oro, el precio internacional avanzó por encima del techo previsto en los contratos. Eso generó un costo para el BCRA, que debió afrontar la diferencia entre el precio pactado y el valor de mercado. Para Redrado, la autoridad monetaria debió evaluar mejor ese escenario y procurar que el costo de la cobertura fuera neutro.
La denuncia contra Caputo y Bausili y el pedido de detención
La controversia financiera se profundizó con la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra Caputo, Bausili y Juan Curutchet, director del BCRA. La causa quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.
La presentación plantea posibles delitos de administración fraudulenta o defraudación en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dalbón solicitó que se investiguen las decisiones que llevaron a contratar los derivados, las condiciones de las operaciones y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Este lunes, el abogado amplió su presentación y pidió la detención de Caputo y Bausili, además de medidas sobre Curutchet.
La polémica por el oro dejó de ser una discusión entre técnicos sobre instrumentos financieros y se convirtió en un frente judicial para el Gobierno de Javier Milei. Mientras Caputo y Bausili defienden una operatoria que, según el BCRA, generó una ganancia neta de US$ 2.505 millones, las pérdidas registradas por los derivados y las críticas al diseño de la cobertura mantienen bajo cuestionamiento las decisiones adoptadas con las reservas. Ahora, la Justicia deberá determinar si detrás de esas operaciones hubo una estrategia financiera discutible o si existen elementos para avanzar sobre las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados.
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