Como consecuencia de las bajas temperaturas y de la necesidad de garantizar el abastecimiento residencial, empresas distribuidoras de gas natural decidieron interrumpir el suministro a unas 130 fábricas de Córdoba y a estaciones de servicio que comercializan Gas Natural Comprimido (GNC). La medida forma parte de los contratos firmados con usuarios interrumpibles, que contemplan restricciones del servicio en situaciones de emergencia o alta demanda.
De acuerdo con lo informado por Clarín, es habitual que durante el invierno se limite el abastecimiento de gas a los usuarios con contratos interrumpibles, quienes pagan una tarifa menor a cambio de aceptar eventuales cortes. Lo llamativo, en esta oportunidad, es que la medida haya sido aplicada en mayo, cuando las temperaturas extremas todavía no se registran de manera generalizada en todo el país.
Ante esta situación, la Unión Industrial de Córdoba (UIC) reclamó que «la industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos».
Nuevo error no forzado del Gobierno
Cabe recordar que, bajo la premisa de otorgar mayor protagonismo al sector privado, el Gobierno dejó de lado mecanismos de planificación energética y buscó trasladar al sector privado la decisión sobre cuánto gas natural licuado (GNL) importar y a qué precio hacerlo para cubrir los faltantes de suministro durante el invierno. Sin embargo, semanas atrás la Secretaría de Energía decidió no avanzar con una propuesta de la española Naturgy para encargarse de la importación y comercialización de GNL durante la temporada invernal. La oferta contemplaba un esquema integral con un costo de US$ 4,51 por millón de BTU, valor que el Gobierno consideró elevado.
La negativa estuvo respaldada por una estimación previa de Enarsa, la empresa estatal que administra la provisión de gas, que había calculado en torno a US$ 3,50 por millón de BTU el costo asociado a la regasificación, la logística y la entrega del combustible importado. La semana pasada, en el Mercado Electrónico del Gas (Megsa), la propia Enarsa terminó fijando ese componente en US$ 5,16 por millón de BTU, un valor 47% superior al utilizado originalmente como referencia y que, además, se suma al precio internacional del GNL. Como ese cargo se incorpora al valor del combustible importado, cualquier variación impacta de manera directa en el costo final del gas que utiliza el sistema energético durante el invierno.
La situación expuso una contradicción en la estrategia oficial: el Gobierno descartó una propuesta privada por considerarla demasiado costosa, pero terminó enfrentando un costo aún mayor bajo gestión estatal.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, respondió frente a eso que «el sector privado es mucho más eficiente y está en juego su dinero, y a su dinero lo cuidan». «Nosotros queremos transparentar el costo de la energía; luego el Estado decide a quién subsidia y a quién no. No tiene ningún sentido que el Estado subsidie industrias con el costo del GNL o subsidie la generación», afirmó esta semana durante las Jornadas de Energía organizadas por el diario Río Negro.
Por lo pronto, el oficialismo enfrenta por segunda vez en 2026 episodios de restricciones en el suministro de gas. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su objetivo de reducir el gasto público y profundizar la participación privada en el sector energético, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para responder a los picos de demanda.
La expectativa oficial está puesta en los nueve cargamentos de GNL que arribarán durante junio y que deberían contribuir a normalizar el abastecimiento. Sin embargo, si las bajas temperaturas se intensifican o se prolongan más de lo previsto, el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro seguirá presente.
RM/EO
