La guerra en Medio Oriente y la consecuente escalada en los precios internacionales de la energía volvió a poner bajo presión las cuentas públicas. Pese a que el Gobierno de Javier Milei hizo de la reducción de los subsidios uno de los pilares del ajuste fiscal y trasladó gran parte del costo del servicio a los usuarios mediante sucesivos aumentos tarifarios, durante el primer semestre de 2026 debió incrementar las transferencias al sector para evitar que el impacto del encarecimiento del gas importado se reflejara plenamente en las boletas de luz y gas.
Según un informe de la consultora Economía & Energía (E&E), los subsidios energéticos devengados entre enero y junio alcanzaron los US$ 2.147 millones, un 80% más que en igual período de 2025. En términos absolutos, el Tesoro destinó US$ 952 millones adicionales para sostener el funcionamiento del sistema.
El conflicto impulsó una fuerte suba del precio internacional del gas natural licuado (GNL), combustible que Argentina todavía necesita importar durante el invierno para cubrir los picos de demanda.
De acuerdo con E&E, el precio internacional del GNL trepó hasta los US$ 16 por millón de BTU, un 30% más que un año atrás. En el mercado local, el costo del gas importado pasó de US$ 14 a US$ 24 por millón de BTU, lo que implicó un incremento del 67%.
Ese encarecimiento repercutió directamente en la generación eléctrica. Como cerca del 60% de la electricidad se produce en centrales térmicas que utilizan gas natural, el costo de los combustibles para generar energía aumentó 26% interanual. El costo promedio de abastecimiento eléctrico se ubicó en torno a US$ 90 por MWh, unos US$ 15 por encima del registrado durante el primer semestre de 2025.
Sin embargo, ese incremento no fue trasladado completamente a las tarifas. «El aumento en el nivel de subsidios estuvo estrechamente asociado al aumento en el costo del mercado eléctrico, incremento que fue trasladado solo parcialmente a la demanda», señaló la consultora.
Como consecuencia, el Estado debió absorber buena parte de esa diferencia. Para los usuarios residenciales, el costo de la energía promedió US$ 89 por MWh, mientras que el precio reconocido en las tarifas fue de US$ 51, lo que implicó un subsidio de US$ 38 por MWh. En el segmento comercial, el costo ascendió a US$ 91 por MWh, frente a un precio de US$ 68, por lo que el Estado cubrió US$ 23 por MWh.
La mayor parte de ese esfuerzo fiscal se canalizó a través de Cammesa, la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista. Más del 70% del incremento de los subsidios correspondió a mayores transferencias del Tesoro a esa empresa, que recibió US$ 1.567 millones, un 78% más que durante el mismo período del año pasado. Cammesa compra la energía a las generadoras y la vende a las distribuidoras; cuando el costo de generación supera el precio reconocido en las tarifas, la diferencia termina siendo cubierta con recursos públicos.
Contradicción del Gobierno
De esta forma, los datos reflejan una tensión en la estrategia energética del Gobierno. Desde diciembre de 2023, la administración de Milei avanzó con una fuerte recomposición tarifaria para reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas. Sin embargo, el shock internacional elevó los costos de abastecimiento por encima de los incrementos aplicados a las tarifas y obligó al Tesoro a reforzar nuevamente la asistencia al sector para evitar un impacto aún mayor sobre la inflación y el bolsillo de los hogares.
El aumento de los subsidios convivió, al mismo tiempo, con una mejora del frente externo. Durante el primer semestre, el superávit comercial energético alcanzó US$ 5.950 millones, frente a los US$ 3.743 millones registrados un año antes, impulsado por un crecimiento del 42,5% en las exportaciones de energía, especialmente de petróleo. Es decir, el mismo contexto internacional que fortaleció los ingresos por exportaciones también encareció las importaciones de GNL que todavía necesita el país para atravesar el invierno.
El resultado expone una de las principales contradicciones de la política energética de la administración de Javier Milei. Después de haber justificado los fuertes aumentos tarifarios en la necesidad de eliminar los subsidios y sanear las cuentas públicas, el Tesoro terminó destinando más recursos al sistema para amortiguar el impacto del aumento del costo de la energía. En otras palabras, las familias afrontaron facturas significativamente más elevadas, mientras el Estado volvió a incrementar la asistencia al sector porque el traslado pleno de los costos hubiera implicado un nuevo salto en las tarifas y en la inflación.
RM/EO
