El Senado se apresta a convertir hoy en ley el régimen permanente de discapacidad que mantiene la actualización automática a prestadores, el nomenclador universal y la compatibilidad de la pensión con el empleo formal: los mismos puntos que el Gobierno intentó desarmar en el Presupuesto 2027 y que tuvo que retirar el martes para conseguir dictamen en Diputados. En el temario, que comenzará a ser debatido a las 11, también esta la restitución de la Ley de Tierras dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la adhesión al Régimen de Patentes (PCT).
La sesión arranca a las 11 y el dictamen de discapacidad llega sin cambios respecto del texto que la Cámara baja aprobó con una abrumadora mayoría de 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
Patricia Bullrich sostuvo la fecha pese a la resistencia de la Casa Rosada, que prefería demorar la aprobación e intentar introducir cambios que retrasaran su aplicación. La senadora, no obstante, llevó el proyecto al recinto tal como llegó de Diputados.
El argumento del Palacio de Hacienda es fiscal. Luis Caputo advirtió, con base en estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que sostener el esquema exigiría un refuerzo de 600.000 millones de pesos en 2027, el 0,04% del PBI, y desde 2028 un gasto anual superior a 1,2 billones de pesos, cerca del 0,07% del producto.

Qué dice la ley
El texto define como objetivo superar la emergencia y dar previsibilidad permanente a las políticas del área. Se declara de orden público y fija la actualización a prestadores, y de la ley 26.816 de empleo protegido.
Las pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualizarán con la movilidad previsional. La ley también incorpora como beneficiarias a las personas imposibilitadas para trabajar y elimina la facultad del Ejecutivo de otorgar pensiones específicas por invalidez.
A la vez, endurece el acceso: exige ingresos netos inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles; la aprobación de una evaluación socioeconómica; acreditar que la vivienda propia sea la única del grupo familiar; y, en el caso de los extranjeros, al menos cinco años de residencia legal en el país.

La pensión será compatible con el empleo registrado y con el monotributo o el régimen general mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos. Si los exceden, el beneficio se suspende de manera automática, y el titular puede pedir la rehabilitación inmediata cuando termina el vínculo laboral o sus ingresos vuelven a caer bajo ese tope.
El financiamiento saldrá de las partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, de Obligaciones a Cargo del Tesoro. Las leyes de presupuesto deberán garantizar recursos suficientes, el ingreso por beneficiario no podrá caer en términos reales frente al año anterior y la Jefatura de Gabinete queda facultada para reasignar partidas.
El texto suma un sistema de auditorías periódicas con debido proceso, cobertura médica con las prestaciones básicas de la ley 24.901 y la obligación de publicar datos de ejecución y aranceles. Para la deuda con prestadores, el Ejecutivo tendrá 30 días para informar un cronograma y no más de 90 para cancelarla.

El capítulo que el Gobierno retiró del Presupuesto
El giro oficial se consumó el martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde La Libertad Avanza firmó el dictamen con 27 rúbricas. “Eliminamos los artículos 36 a 41 que suprimían la pensión no contributiva por discapacidad para la protección social”, anunció la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado.
Esos artículos, incluidos en el proyecto que Javier Milei y Caputo enviaron en septiembre, volvían a hacer incompatible la pensión por invalidez con el empleo formal, eliminaban el artículo 7 bis, derogaban los artículos 5, 8, 9 y 14 de la ley de emergencia y dejaban un nomenclador sin valores universales, con aranceles fijados por cada obra social o prepaga.

El texto desató un rechazo transversal. “El Gobierno intenta colar en el Presupuesto 2027 la derogación de artículos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad”, disparó entonces Maximiliano Ferraro. La propia Bullrich, que integra la mesa política, se despegó en declaraciones radiales: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”.
En reemplazo, el oficialismo aceptó un artículo que garantiza el financiamiento: los programas correrán por la Jurisdicción 80 de Salud, el excedente saldrá de las reservas de la Jurisdicción 91 y la Jefatura de Gabinete hará cada año las readecuaciones para “garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios”.
“Con la firma de este Presupuesto es una prueba más de que cumplimos con nuestra palabra”, se jactó Rodríguez Machado. La oposición no se mostró conforme: “Quiero saber qué se está negociando acá y en el Senado”, reclamó Germán Martínez. El oficialismo prevé llevar el Presupuesto al recinto de Diputados el miércoles 25 de noviembre.
JL/CM









