La crisis de Granja Tres Arroyos se profundizó con la paralización de la planta ubicada en Capitán Sarmiento desde el pasado 31 de agosto. La empresa comunicó a sus trabajadores que no debían presentarse a cumplir tareas «hasta nuevo aviso», sin establecer una fecha de regreso. En ese contexto, La Cámpora presentó un proyecto de ley para declarar por 180 días la Emergencia Ocupacional, Productiva y Social en los partidos de Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Salto y Exaltación de la Cruz.
La iniciativa contempla la posibilidad de una única prórroga por otros 180 días y sostiene que la paralización de establecimientos de la cadena avícola puede generar un impacto que excede a los trabajadores directamente afectados y alcanza a productores, proveedores, transportistas, comercios, pequeñas empresas y gobiernos locales.
Uno de los principales ejes del proyecto es la protección de los trabajadores y sus familias. La propuesta crea un Registro de Beneficiarios y establece un subsidio mensual no remunerativo ni contributivo que no podrá ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para quienes no tengan ingresos laborales. También contempla asistencia alimentaria, acompañamiento psicosocial, asesoramiento laboral y previsional, capacitación y programas de reinserción laboral. Además, plantea garantizar la cobertura de salud durante la emergencia y por seis meses posteriores, con especial atención a tratamientos médicos en curso y medicamentos para enfermedades crónicas.
La iniciativa también apunta a quienes forman parte de la cadena productiva sin ser empleados directos de la empresa. El proyecto incorpora como beneficiarios a los productores integrados, proveedores, transportistas, prestadores de servicios y MiPyMEs cuya actividad haya sido afectada de manera sustancial. En sus fundamentos se advierte que alrededor de 120 criadores integrados habrían abandonado el esquema productivo de la compañía debido a pagos atrasados y cheques rechazados, mientras que también se denunciaron incumplimientos salariales y dificultades vinculadas con la cobertura de salud de los trabajadores.
Otro de los puntos centrales es la creación de un Fondo Especial de Asistencia, Recuperación y Desarrollo Productivo, destinado a financiar las medidas previstas. Los recursos podrían utilizarse para sostener a trabajadores y familias, asistir a productores y empresas, otorgar financiamiento a municipios, capacitar y reinsertar laboralmente a trabajadores y preservar activos productivos estratégicos. El proyecto también crea un programa específico para evitar que instalaciones, maquinarias y establecimientos afectados terminen perdiéndose de manera definitiva y contempla asistencia financiera, créditos con tasas bonificadas, garantías públicas y alternativas de reconversión.
La propuesta busca además que la emergencia no quede limitada a la asistencia social. Para eso plantea la creación de un Comité de Emergencia integrado por representantes del Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires, los municipios, los sindicatos, los productores y las entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas. Entre sus funciones estarán relevar el impacto de la crisis, identificar deudas y créditos impagos, evaluar la evolución del empleo y proponer alternativas para recuperar o reconvertir la actividad productiva de la región.
Por otra parte, se incorpora también un capítulo de alivio fiscal y financiero. Durante la vigencia de la emergencia, los trabajadores alcanzados quedarían exentos de determinados tributos nacionales sobre sus ingresos y sobre su vivienda única y permanente, mientras que productores, proveedores, transportistas y MiPyMEs tendrían una moratoria de 180 días para obligaciones tributarias y previsionales nacionales. También se propone impedir cortes de servicios públicos domiciliarios por falta de pago para las familias beneficiarias y establecer mecanismos de gracia y refinanciación para determinadas deudas financieras.
La crisis de Granja Tres Arroyos sigue creciendo
La crisis de Granja Tres Arroyos se desarrolla después de un proceso de deterioro financiero y productivo que ya provocó cierres, suspensiones y despidos en distintas instalaciones de la compañía. La empresa atraviesa además una negociación con sus acreedores por una deuda cercana a los US$ 350,9 millones.
El domingo, empleados y despedidos volvieron a concentrarse frente a la planta de Concepción del Uruguay, donde la empresa ratificó recientemente el despido de 270 trabajadores. Allí, reclamaron respuestas sobre los salarios adeudados, las indemnizaciones y el futuro de la actividad. Durante la manifestación, uno de los trabajadores calificó la situación como “desesperante” y reclamó mayor organización para definir los próximos pasos.
“Creemos que tenemos que organizarnos para ver cómo seguimos, más que nada por el tema de las indemnizaciones”, expresó uno de los empleados al portal La Pirámide. También advirtió que existe temor por una nueva tanda de despidos. Otro de los trabajadores resumió el estado de ánimo que atraviesa al personal con una frase todavía más contundente: “Necesitamos respuestas ya”. Ante la falta de definiciones, otro trabajador planteó: “Ya no sabés qué hacer, ya no sabés qué herramienta de lucha”.
El reclamo también apunta a mantener unidos a quienes todavía conservan sus puestos con aquellos que ya fueron desvinculados. “Esto es momento de unirnos y luchar por lo que nos corresponde, sea el puesto de trabajo, sea la indemnización”, señalaron durante la protesta.
Por su parte, fuentes cercanas a los sindicatos, en diálogo con La Pluma Diario, aseguraron estar al tanto de la situación y trabajando en una posible solución para los empleados perjudicados.
La suspensión de Capitán Sarmiento no es un hecho aislado dentro de la situación de Granja Tres Arroyos. La compañía atraviesa desde fines de 2024 un proceso de fuerte deterioro financiero y productivo.
La empresa había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis y, desde entonces, avanzó con cierres, suspensiones, despidos y retiros voluntarios. Entre otros movimientos, cerró la planta de Tristán Suárez, anunció el cierre de Becar, en Concepción del Uruguay, y atravesó interrupciones de actividad en Avex, Río Cuarto, Pinazo, Pilar y las plantas Wade I y Wade II.
Este mes, además, la compañía desvinculó a 250 trabajadores de la planta La China, en Concepción del Uruguay. El gremio denunció atrasos salariales de más de cinco quincenas entre los empleados afectados.
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