El Senado volvió a fracasar este miércoles en el intento de dictaminar el Súper RIGI, el régimen de incentivos para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares que ya tiene media sanción de Diputados. El plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía y Legislación General se quedó, otra vez, sin las 26 firmas necesarias: apenas reunió 20, pese a que horas antes el propio oficialismo había anunciado un principio de acuerdo con los bloques aliados. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, dejó planteada la salida de emergencia: «Si el Súper RIGI tiene tantos problemas, tendremos que quedarnos con el RIGI«.
El cortocircuito se desató cuando el PRO, un sector del radicalismo y Provincias Unidas exigieron endurecer todavía más el capítulo de «Compre Argentino»: pidieron elevar del 20% al 40% el piso obligatorio de contratación de proveedores locales para las empresas que ingresen al régimen, e insistieron en que esa compra deba priorizarse incluso cuando el producto nacional sea hasta un 15% más caro que el importado.
También reclamaron que la comparación de precios contemple el costo final del producto puesto en destino, con todos los gastos de importación incluidos, para evitar que una oferta extranjera aparezca artificialmente más barata, y que antes de autorizar una compra en el exterior por supuesta falta de oferta nacional se consulte primero a las empresas del sector. Bullrich reconoció que el planteo le llegó recién esa misma mañana, sin el aval del Ministerio de Economía: «Es un tema que va en contra de nuestra idea. Hay que consultar con Economía… no lo veo tan fácil», admitió ante la prensa acreditada.
El resultado fue que Martín Goerling Lara y Victoria Huala, ambos del PRO, decidieron no firmar el despacho, mientras que el bloque radical quedó dividido. Entre los ausentes de este plenario figuraron Carlos «Camau» Espínola y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), Andrea Cristina (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), varios de los cuales sí habían estado presentes media hora antes en el debate de otro proyecto, el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes, que también quedó sin dictamen por falta de quórum el mismo día.
La marcha atrás llega después de que el oficialismo ya hubiera aceptado, a lo largo de las últimas semanas, una serie de modificaciones para intentar destrabar el proyecto: amplió a bienes y servicios transables el porcentaje de compra nacional exigido, incorporó un artículo que obliga a los proyectos electrointensivos (como los centros de datos de inteligencia artificial) a garantizar su propia capacidad de conexión eléctrica sin afectar al sistema, y sumó como falta sancionable el incumplimiento del plan de proveedores locales cuando no pueda acreditarse que la oferta nacional no estaba disponible en condiciones de mercado. Ninguno de esos gestos alcanzó para cerrar el acuerdo esta vez.
Con seis intentos fallidos de dictamen acumulados desde que arrancó el debate en agosto, el objetivo de Bullrich de llevar el proyecto al recinto el próximo jueves 10 de septiembre queda cada vez más lejos. En el oficialismo dicen confiar en resolverlo la semana que viene, pero el propio endurecimiento de las exigencias aliadas, que subieron la apuesta en lugar de bajarla, sugiere que la negociación todavía tiene varias vueltas por delante.
JD/CM
