La movilización convocada para el próximo martes en defensa de las universidades nacionales quedó empañada por un nuevo capítulo judicial que fortaleció la posición del Gobierno. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y suspendió la cautelar que obligaba a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario hasta que la Corte Suprema se expida de manera definitiva.
La resolución fue celebrada por el Ministerio de Capital Humano, que sostuvo que la aplicación de la ley “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas” si el Congreso no define previamente las fuentes de financiamiento. Desde la Casa Rosada interpretan el fallo como un respaldo a la estrategia oficial de sostener el ajuste fiscal y evitar nuevas erogaciones que, según argumentan, podrían impactar en la inflación o en un aumento de impuestos.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a defender la política universitaria del Gobierno este viernes y buscó desactivar las acusaciones de desfinanciamiento impulsadas por rectores, docentes y estudiantes. El funcionario aseguró que “es falsa” la denuncia sobre una supuesta asfixia presupuestaria y remarcó que el Ejecutivo viene transfiriendo mensualmente las partidas correspondientes a las universidades nacionales.
Adorni también cuestionó el reclamo de la Universidad de Buenos Aires por fondos adicionales para hospitales universitarios. Según explicó, la casa de estudios solicitó una partida extraordinaria de más de 75 mil millones de pesos, equivalente al 94,5% del presupuesto destinado a hospitales universitarios de todo el país. Para el funcionario, ese pedido “pretende quedarse con recursos destinados al conjunto del sistema”.
Desde el oficialismo sostienen además que el presupuesto universitario previsto para 2026 asciende a 4,8 billones de pesos y destacan que, a diferencia de la gestión de Alberto Fernández, las transferencias se realizan sin atrasos significativos. En esa línea, el Gobierno insiste en que existe una campaña opositora destinada a instalar que la administración de Javier Milei busca “vaciar” o “cerrar” las universidades públicas.
La decisión judicial impacta de lleno sobre la marcha universitaria prevista para el martes, que tiene como eje central el cumplimiento de la ley de financiamiento sancionada el año pasado frente al ajuste presupuestario para funcionamiento y salarios. Con el fallo favorable al Ejecutivo y la fuerte ofensiva discursiva del Gobierno, la movilización llega en un escenario más complejo para los sectores universitarios, que ahora deberán enfrentar no solo el desgaste económico sino también un respaldo institucional parcial a la postura oficial.
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