Este miércoles se realizarán movilizaciones en distintos puntos del país para rechazar el nuevo proyecto de ley de discapacidad que presentó el Gobierno. Comenzarán a partir de las 11 con marchas en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales provinciales, que serán protagonizadas por familiares y prestadores de personas con discapacidad.
Los reclamos apuntan a rechazar los principales puntos del proyecto, después de que la Justicia ordenó al Gobierno para cumplir con la norma sancionada por el Congreso, vetada por el presidente y nuevamente insistida, con la obligación de su cumplimiento. Como la administración de Milei no lo hizo, un fallo de segunda instancia ratificó el cumplimiento de la norma. En ese contexto, el Ejecutivo envió el nuevo proyecto, mientras sigue sin cumplir con la norma vigente. Por eso el presidente Javier Milei fue denunciado por abandono de las personas con discapacidad.
La iniciativa modifica puntos centrales de la ley de emergencia en discapacidad ratificada por el Congreso. Impulsa un cambio de enfoque, porque se vuelve a un criterio más restrictivo de «invalidez laboral” como eje central, un concepto que implica que sólo acceden quienes no pueden trabajar. De ese modo se pierde el enfoque de derechos y se vuelve a una lógica asistencial restrictiva. Pero por sobre todo, las personas con discapacidad leve o moderada quedan afuera.
El monto de la pensión pasará al 70% de la jubilación mínima, no ofrece ninguna garantía de actualización real y tampoco vincula alguna relación con el costo de vida. Además define que será incompatible con un trabajo formal, incluso como monotributista o con cualquier actividad registrada.
Sin embargo la situación actual es tan delicada que los prestadores ya realizaron un paro en marzo para advertir la gravedad de lo que está sucediendo.
También desincentiva la inclusión laboral porque obliga a elegir entre trabajar o tener pensión una pensión. Contradice la convención internacional de derechos para las personas con discapacidad. Nuevamente establece un reempadronamiento obligatorio en un plazo de 90 días, con 30 de prórroga y hay baja definitiva si no se realiza. Uno de los mayores riesgos es que las personas con discapacidad cognitiva, problemas de movilidad y falta de acceso digital pueden perder el beneficio.
El texto, según la Casa Rosada, apunta sobre el sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El Gobierno plantea que entre 2003 y 2023 esos beneficios pasaron de 76 mil a 1,2 millón y sostiene que hubo un crecimiento “exponencial” atravesado por irregularidades. A partir de ese diagnóstico, propone auditorías periódicas, cruces masivos de datos con ANSES, ARCA y SINTyS y posibilidad de suspensión preventiva ante incumplimientos objetivos.
CM
