Los prestadores de discapacidad de todo el país comenzaron hoy un cese de actividades que se extenderá hasta mañana para reclamar por la falta de pagos de los servicios por parte del Gobierno Nacional a través de distintos programas y denunciaron “la grave crisis” que vive el sector, que está dejando a muchos al borde de la quiebra. Además, un grupo de autoconvocados fueron desalojados de la Plaza de Mayo cuando querían iniciar un acampe para reclamar la aplicación de la Ley de Emergencia.
La medida impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad abarca a escuelas, centros de día, terapéuticos y transportistas, que reclaman por el pago inmediato de las prestaciones que deben tanto el PAMI como Incluir Salud y pensionados no contributivos, que dependen del Ministerio de Salud. Hay casos de deudas que corren desde octubre del año pasado.
Desde el colectivo de discapacidad apuntaron directamente contra el ministro Mario Lugones que, hasta el momento, no les dio ninguna solución a la deuda. “Nos empujan al abismo”, le dijo a La Pluma Eduardo Maidana, director de un centro educativo terapéutico de San Miguel, provincia de Buenos Aires, que atiende a 70 chicos y chicas con discapacidad severa. “La medida que estamos haciendo es para visibilizar lo que está pasando con esta política de estrangulamiento que lleva adelante el Estado, es difícil darle de comer a los chicos si no pagan. Es muy grave”, explicó.
Martín Valdes tiene un centro de día en Palermo y le contó a La Pluma las complicaciones que se generaron en los últimos años. «Estamos trabajando a tope, con una matricula a más no poder y, sin embargo, los números no cierran. Por ejemplo, el nuevo nomenclador que tiene el aumento otorgado el mes pasado, nos da 4100 pesos para el servicio de comedor. Con eso tenemos que dar tres comidas: desayuno, almuerzo y merienda. No podés alimentar con 4100 pesos a alumnos que tienen un requisito nutricional acorde a lo que ellos tienen para sus dietas», explicó.
Maidana contó que todo el sistema se va desgastando porque los aranceles no aumentaron en el mismo sentido que la inflación. “Hay que pagar los sueldos, tenemos deudas con los proveedores. Al carnicero le debo dos meses, y los transportistas en vez de venir cinco veces a la semana, vienen dos porque no les alcanza para el combustible”, dijo.
Hay casos muy críticos, sobre todo en aquellas instituciones que trabajan mayoritariamente con los programas estatales. Es el caso de la Asociación de Padres DINAD –que funciona como centro de día y hogar permanente, además de los servicios escolares–, donde el 50% de la facturación corresponde a PAMI y un 30% a Incluir Salud. Su directora, Adriana Salomone, explicó que “ninguno de los dos pagó diciembre. Mientras tanto, los trabajadores ya deberían haber cobrado sus salarios y la institución tuvo que afrontar sueldos y aguinaldos. Hoy no podemos pagar salarios y los trabajadores tampoco pueden seguir sosteniendo esta situación”.
El presidente del Foro, Pablo Molero, explicó que las deudas con las instituciones impactan en los salarios, pero también en los insumos, alimentación o servicios básicos. “Frente a esto hay un gran silencio de parte de Incluir Salud, PAMI y las pensiones no contributivas”, dijo. Eso genera un impacto directo en la calidad de vida de las personas con discapacidad porque dejan de tener sus terapias y apoyos. Pero hay un sector más complicado aún, el de las personas que no tienen familia.
“Las escuelas o centros de día, en el peor de los casos, pueden cerrar y las personas vuelven a su casa. Pero ¿qué pasa con los hogares? Muchas de las personas que viven allí están judicializadas y no tienen familia. Si no llegan los fondos, la situación es insostenible”, explicó Salomone.
Maidana explicó que hay lugares, sobre todo en el Norte del país, donde los centros son también los espacios donde las personas más vulnerables se alimentan. “Hay casos, donde el 60% de las personas con discapacidad comen solo ahí. Es muy grave”, resaltó.
Represión en Plaza de Mayo
Paralelamente, un grupo de autoconvocados se manifestó frente a la Casa Rosada para reclamar por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y fueron desalojados por la Policía Federal cuando estaba a punto de armar un gazebo sobre la Plaza de Mayo.
La idea del grupo de personas era iniciar un acampe por tiempo indeterminado frente a la Casa de Gobierno para denunciar que Javier Milei no está cumpliendo con la ley que sancionó el Congreso el año pasado y para pedir el pago de los servicios. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque recibieron empujones por parte de efectivos policiales.
«Necesitamos que paguen el programa Incluir Salud, que deben en muchos casos septiembre, octubre y noviembre. El ministerio de Economía tiene que explicar por qué no gira los fondos”, dijo el titular de la Unión de transportistas de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Masuzzo.
CDB/VDM
