La investigación judicial por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevas instancias probatorias y testimoniales clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita avanza con medidas orientadas a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros del funcionario y su esposa, en una causa que abarca operaciones desde 2022 hasta la actualidad.
En ese marco, la Justicia solicitó información a bancos, billeteras virtuales, empresas fintech y plataformas de criptomonedas para determinar la existencia de cuentas, transferencias, créditos y posibles tenencias de activos digitales. Además, se requirieron datos a compañías de envío de dinero y remesas internacionales, con el objetivo de detectar eventuales movimientos de divisas no declarados.
Uno de los ejes centrales de la causa gira en torno a la compra de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Hoy declara Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble. El fiscal busca esclarecer en qué condiciones se encontraba la propiedad, cómo se fijó el precio de venta y de qué manera se estructuró el financiamiento de la operación.
Según surge del expediente, el departamento fue adquirido por 230 mil dólares, tras una compra previa de las vendedoras por 200 mil. El pago habría incluido un adelanto de 30 mil dólares y un financiamiento por el resto sin intereses, sustentado —según la escribana interviniente— en un vínculo de confianza entre las partes. También se investiga si el valor final del inmueble se corresponde con las tasaciones de mercado, que lo ubicarían por encima de los 300 mil dólares tras su remodelación.
La causa también analiza los gastos en viajes del funcionario y su entorno familiar. A partir de datos aportados por aerolíneas y agencias de turismo, se identificaron vuelos nacionales e internacionales a destinos como Punta Cana, Cancún, Nueva York y distintos puntos del país. La fiscalía busca determinar si esos movimientos son compatibles con los ingresos declarados, por lo que solicitó el detalle completo de pasajes, reservas, facturación y medios de pago utilizados.
En paralelo, continúan las citaciones a otros testigos vinculados a operaciones inmobiliarias y obras de remodelación, mientras la División Antifraude de la Policía Federal se encarga de recolectar la información requerida. Con una batería de medidas en curso, la investigación intenta establecer si existió un incremento patrimonial injustificado, en un expediente que sigue sumando elementos y podría escalar en las próximas semanas.
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