La crisis de Ueno Bank en Paraguay desató una tormenta institucional sin precedentes en el país. Detrás de la intervención del banco aparecieron cientos de millones de dólares pertenecientes al Estado, fondos jubilatorios y recursos de empresas públicas que quedaron comprometidos.
Ante el escándalo, el presidente Santiago Peña decidió presentar su renuncia. El ahora ex mandatario tenía hasta el año pasado vínculos comerciales con el grupo empresario que controla la entidad.
Según información del propio banco y registros del Ministerio de Economía paraguayo, Ueno llegó a acumular alrededor de US$ 850 millones provenientes del sector público. Entre los principales depositantes figura el Instituto de Previsión Social (IPS), con aproximadamente US$ 355 millones comprometidos, cerca del 9% de su cartera de inversiones.
También quedaron expuestos unos US$ 46 millones de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán administrados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), además de otros 36.000 millones de guaraníes de fondos propios. A esto se suman depósitos de Itaipú Binacional y de la Caja de Jubilaciones de Itaipú.
Si bien los recursos no desaparecieron, quedaron atrapados en el proceso de intervención y resolución bancaria. Su recuperación dependerá de los activos disponibles, las obligaciones de la entidad y el resultado de los procedimientos que lleva adelante el Banco Central. A diferencia de los pequeños ahorristas, los organismos públicos no tienen garantizada la devolución integral de sus depósitos.
El Estado siguió depositando dinero pese a las alertas
Uno de los datos más comprometedores es que, en apenas 30 meses, Ueno captó más de 5 billones de guaraníes en recursos públicos y previsionales.
La secuencia es particularmente llamativa. En febrero de 2025, el IPS ya había colocado en el banco 1,9 billones de guaraníes, equivalentes al 10,19% de su cartera global de inversiones. El porcentaje superaba el límite del 10% establecido por la Ley 7235/2023 para las colocaciones en una misma entidad financiera.
Cuando el organismo previsional encontró ese techo legal, otras instituciones estatales comenzaron a incrementar sus depósitos mediante cuentas corrientes y depósitos a la vista. Se trata de fondos que permanecen disponibles para ser retirados, pero que prácticamente no generan intereses para el Estado y le proporcionan liquidez inmediata al banco.
La maniobra permitió que la entidad siguiera recibiendo dinero público pese a que el IPS había alcanzado el máximo permitido. En septiembre de 2026, incluso cuando Ueno ya estaba bajo investigación del Banco Central por presuntas irregularidades en sus operaciones crediticias, recibió otros US$ 20 millones del sector público. Así, los depósitos estatales llegaron a rondar los US$855 millones.
La relación de Peña con Ueno
La relación entre el banco y el Presidente es uno de los puntos centrales del escándalo. Antes de asumir el Gobierno, Peña fue accionista de Ueno Holding, el conglomerado al que pertenece la entidad financiera. Su participación se extendió hasta marzo de 2025, cuando vendió sus acciones, según los antecedentes difundidos sobre el caso.
El Grupo Vázquez, encabezado por Federico Miguel Vázquez, fue socio empresarial del mandatario. Durante la administración de Peña, Ueno amplió su participación en la captación de fondos estatales y distintas compañías vinculadas al conglomerado también consiguieron contratos con organismos públicos.
Además, las investigaciones periodísticas revelaron que el banco recibió depósitos a la vista que prácticamente no le generaban rendimientos al Estado. En otras palabras, mientras los organismos públicos resignaban posibles ganancias financieras, la entidad obtenía una fuente importante de liquidez.
Quién responde por el dinero
La intervención del Banco Central llegó después de que la solvencia de Ueno cayera por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación. Las autoridades también detectaron irregularidades vinculadas con créditos a empresas relacionadas con el grupo controlador.
El organismo regulador dispuso el procedimiento de resolución, mientras la Justicia avanzó sobre los directivos de la entidad. La crisis también alcanzó a las autoridades financieras: Carlos Carvallo dejó la conducción del Banco Central, en medio de los cuestionamientos por su anterior relación con Ueno.
Mientras el Gobierno busca garantizar la devolución de los depósitos de los pequeños ahorristas, el destino de los fondos públicos sigue siendo una incógnita. Los organismos estatales deberán determinar cuánto pueden recuperar y quiénes serán responsables por las decisiones que los llevaron a concentrar recursos en una entidad que terminó incumpliendo los requisitos mínimos para operar.
RM/EO
