“Bienvenidos Senadores. No negocien con el agua”. Con esa frase escrita sobre un cartel, grupos ambientalistas recibieron ayer a los legisladores en la puerta del Congreso de la Nación. Uno de los objetivos del gobierno de Javier Milei es reformar de la Ley de Glaciares, pero la Reforma Laboral tiene prioridad y, como La Libertad Avanza sigue poroteando votos, excluyó del temario del miércoles la modificación de la norma.
El cambio en la Ley de Glaciares permite el extractivismo en zonas hasta ahora protegidas, que funcionan como reservas de agua dulce. LLA pretendía tratar el proyecto en el recinto el próximo miércoles, mismo día en que se debatirá la Reforma Laboral. Al final, desistieron. Aún cuando ya contaban con el respaldo de compañías mineras que, a través de una de las instituciones que le responden, respaldaron públicamente la iniciativa del oficialismo.
Las organizaciones ambientalistas siguen en alerta. Activistas de Greenpeace se apostaron el martes en uno de los ingresos a la Cámara de Senadores. Rechazan las modificaciones a ley de glaciares y reclaman el cuidado del agua y del ambiente. “Se trata de respetar una ley que protege el agua o avanzar en su debilitamiento”, dijo Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
El proyecto de LLA cuenta con el respaldo de los gobernadores aliados. Es una “adecuación” de la Ley N° 26.639 y marca una regresión respecto a los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y zonas periglaciares –validado por la Corte Suprema en 2019– y le da poder a las provincias para definir los límites, donde las empresas multinacionales quieren avanzar con explotaciones mineras. Se trata de un proyecto que tiene el acompañamiento y el impulso de la “Mesa del Cobre”, integrada por los mandatarios de provincias mineras: Marcelo Orrego, de San Juan; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, Catamarca; y Carlos Sadir, Jujuy.
El doctor en Geología y glaciólogo, Lucas Ruiz, explicó que la clave es el cambio en los ambientes periglaciares, donde hay “muchos emprendimientos mineros” que quieren asentarse. “Hoy en día hay algunos emprendimientos que entran en conflicto. Y en lugar de pensar en no desarrollar minería en esos lugares, se piensa en modificar la ley”, explicó. Eso generó la presión de las cámaras mineras y de los gobernadores para cambiar la reglamentación.
“Y el principal problema es que la ley no intenta modificar qué es ambiente periglaciar o dar una definición más precisa sino que busca darle la potestad a las provincias para que digan qué quieren proteger y qué no, sin establecer un mecanismo de medición precisa. Esto entra en conflicto con el objetivo que tienen las leyes de presupuesto mínimo ambiental, que es generar un estándar de protección ambiental. Son elementos que requieren un consenso a nivel país”, agregó Ruiz en diálogo con AM 750.
La reforma de la Ley de Glaciares recibió rechazos por parte de las organizaciones ambientales, académicos y organismos como el IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Sin embargo, consiguió dictámenes de comisión en diciembre de 2025, gracias a respaldos de aliados provinciales, como el PRO y la UCR, y está lista para ser tratada en el recinto. Pero deberá esperar.
Rossi Serra, de Greenpeace, sostuvo que cambiar la ley “implicaría una condena al agua de los argentinos” y que avanza en reservas estratégicas de agua dulce para más de siete millones de personas. “Es fragmentar la protección del agua y debilitar fuertemente una ley que fija una línea de base de protección común para todo el país, todo esto en un contexto de crisis climática alarmante. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas”, agregó. Todo eso en un contexto en el que la Patagonia sufre incendios desde mediados de diciembre. Aún no logran controlar el fuego que ya arrasó con 45.000 hectáreas.
Mientras tanto, los gigantes mineros aprovecharon el inicio de las extraordinarias para acompañar públicamente el cambio. El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) sugirió ayer que la ley actual tiene definiciones imprecisas que derivaron en interpretaciones contradictorias, conflictos de competencias y un marco de “incertidumbre jurídica” que afecta tanto a las inversiones productivas como a las autoridades provinciales encargadas de aplicar la norma. “La claridad normativa no disminuye la protección, la fortalece”, indicaron. Y agregaron que el proyecto del gobierno de Javier Milei “permite integrar conocimiento técnico y territorial indispensable para aplicar la ley con mayor eficacia”.
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