Con el foco puesto en utilizar la gestión como un método efectivo de escape para superar el desgaste de Manuel Adorni, el gobierno avanzará con la presentación del proyecto de Reforma Política con el que pretende dar un vuelco de 180° en la metodología de elección y existencia partidaria. Pese al estruendoso anuncio de Javier Milei, el texto aún no fue ingresado en el Congreso. La razón responde a algo más que una mera demora de tiempos: el oficialismo todavía no tiene los votos.
El gobierno insiste con la reforma desde la escritura del olvidado Pacto de Mayo, el decálogo reformista con el que el líder libertario pretendía fundar las bases de un nuevo paradigma nacional. El nuevo intento incluye modificaciones que suponen una ambición considerable. Entre los cambios más considerables, La Libertad Avanza apuesta por eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, instancia que ya empezó a generar malestar en varios sectores.
Uno de los puntos más sensibles del texto advierte sobre una suba de piso de avales necesarios para constituir un partido nacional, lo que impide la conformación de espacios “fantasma” o “sellos de goma” que tienden a utilizarse como mecanismo de negociación para la inscripción de alianzas nacionales, provinciales y municipales. En este mismo sentido, el proyecto apuesta por subir el nivel de requerimientos para constituir un partido como tal, decretando que los espacios deberán demostrar que su cantidad de afiliados representa, al menos, al 0,5% del padrón electoral.
La intención concreta de los cerebros del proyecto es reducir significativamente la cantidad de espacios de representación política para sintetizar la oferta electoral en un ecosistema mucho más reducido. “Hoy hay más de 800 partidos, en ningún país existe algo de este calibre. Con esta reforma, van a quedar en pie los 20 más importantes y la gente va a poder elegir con un criterio más lógico”, expuso un referente libertario al tanto de la escritura del texto que saben traerá una ola de reacciones adversas.
Además de la inclusión de la Boleta Única de Papel (BUP), con la que apuestan por eliminar las llamadas “listas sábanas”, otro de los cambios significativos es la inclusión del tratamiento de Ficha Limpia, el proyecto con el que se pretende que los condenados por delito doloso confirmada en segunda instancia sean imposibilitados a postularse para ejercer un cargo público. Hace un año atrás, el gobierno buscó tratar el proyecto en el Senado que rechazó con una contundente mayoría la iniciativa impulsada por entonces por los deseos de la diputada macrista, Silvia Lospennato. Pasado el período previsto por el reglamento de la cámara, el gobierno vuelve a la carga con un proyecto que vuelve a tener escasas posibilidades de supervivencia.
Según dejaron trascender desde importantes despachos, la intención del gobierno es ingresar la Reforma Política por el Senado, para luego tener un tratamiento más laxo en Diputados. La decisión de optar por la casa de las provincias descansa en la idea del oficialismo de seguir apostando por los acuerdos con gobernadores aliados a los que les volverán a prometer cuantas cosas sean necesarias para que les garanticen sus preciados votos. En las últimas horas, se anunció la firma de un acuerdo con algunas provincias que habilita concesiones de rutas nacionales mediante inversiones privadas.
El decreto comprende a las provincias de Córdoba con la ruta 19, Santa Fe con la A012, San Luis con la ruta 7, Mendoza con las rutas 7, 40 y 143, Río Negro con las rutas 22 y 151, Neuquén con las rutas 22 y 242, Salta con la ruta 51, Santa Cruz con la ruta 3 y San Juan con las rutas 40, 20 y 150. Todos territorios aliados.
Como ya se hizo costumbre desde hace meses, para lograr su cometido la gestión libertaria dará inicio a una serie de encuentros con los caciques provinciales para tantear su acompañamiento. El ministro del Interior, Diego Santilli, estará a cargo de los encuentros bilaterales y el golpe final lo efectuará la mesa legislativa conformada por los alfiles de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Aunque los entusiasmos no se camuflan, lo cierto es que están lejos de coincidir con la realidad.
Conocida la noticia sobre el envío del proyecto, más de un aliado apareció con cuestionamientos en los teléfonos de las espadas parlamentarias del Ejecutivo. “No se puede presentar un proyecto de este calibre sin hablar antes con los que te tienen que prestar los votos”, se quejó un importante dirigente al ser consultado sobre la avanzada oficial. La crítica se replicó con el mismo calibre en otras terminales aliadas. En el gobierno, que utilizarán todo lo que encuentren en el camino para quitar el foco de la causa judicial que tiene al jefe de gabinete como protagonista desde hace semanas, reconocen que los números están complicados, pero no por eso dejarán de intentar.
“Está claro que necesitan cambiar la agenda, pero nadie entiende a qué están jugando”, se sinceró un aliado de la primera ola. Para la misma fuente, la desesperación del oficialismo para mover la aguja los está empujando a una serie de malas decisiones que podrían traer aún más complicaciones. “Acompañamos, pero no es a ciegas”, alertó ayer por la mañana el diputado nacional, Cristian Ritondo, quien pese a estar alineado ya no oculta su malestar con ciertas acciones.
Como sea, en el gobierno aseguran que el envío del proyecto se hará en las próximas horas y podría ingresar en la mesa de entrada del Congreso en la madrugada de este jueves. Todavía sin animarse a dar fechas para su tratamiento, advierten que el mismo iniciará sólo cuando el Ejecutivo tenga asegurado los votos para su aprobación. Nadie se atreve a afirmar que la suerte estará o no de su lado.
TS/CM
