La polémica ante la resolución que habilita el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en los hospitales nacionales sigue escalando. La oposición salió a cuestionar la medida, con foco en la escasa incidencia real de la decisión encabezada por el ministro de Salud Mario Lugones y celebrada por el Gobierno en redes.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, calificó la decisión de «bluf» y apuntó contra su aplicabilidad: «No es una medida real: el sistema de salud está sobrecargado por falta de recursos, no por extranjeros». Según explicó, en la provincia ese grupo representa apenas el 0,4% de las guardias y el 0,5% de las internaciones, y en zonas de frontera el porcentaje «nunca supera el 2%».
Las impugnaciones también llovieron desde el Congreso. El tucumano Pablo Yedlin, diputado nacional y ex ministro de Salud de su provincia, dijo a este medio que “es absolutamente marginal al costo del sistema de salud argentino y absolutamente poco necesaria: si los hospitales están explotados es por problemas en la gestión de la salud, no por los extranjeros».
Además, el legislador peronista calificó de «parodia absolutamente fuera de lugar» la política desplegada hacia los extranjeros, alegando que «no hace a la realidad nuestra ni a nuestra forma de ver a nuestros países vecinos».
La postura choca con el discurso oficial. La libertaria Karen Reichardt publicó un video bailando para festejar la medida: «con el Gobierno de Milei, primero los argentinos», escribió en X.
🇦🇷🏥 | CON EL GOBIERNO DE MILEI, PRIMERO LOS ARGENTINOS
Desde ahora, los extranjeros NO RESIDENTES que estén en Argentina, van a tener que PAGAR para usar los servicios que pagamos TODOS los argentinos. pic.twitter.com/KfeKCTNc9k
— Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) August 12, 2026
Además de la celebración de Adrián Ravier y el ministro Lugones en sus redes, la propia Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno sostuvo que la medida «corrige una distorsión que pagaban los argentinos: un sistema de salud sostenido con impuestos locales que atendía sin costo a quienes no viven, no trabajan ni contribuyen acá».
Durante años los hospitales nacionales financiaron con recursos públicos la atención habitual de extranjeros que no residían de forma permanente en el país. Eso se termina hoy.
El Gobierno del Presidente Milei corrige una distorsión que pagaban los argentinos: un sistema de… pic.twitter.com/ZLIMHqAObW
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) August 11, 2026
Los números que contradicen a Lugones
Los datos entierran el relato oficial. Según la Fundación Soberanía Sanitaria, la atención de extranjeros no residentes representa menos del 1% de las prestaciones públicas en el país: el dato reúne todos los registros de internaciones, nacimientos y consultas externas a nivel nacional.
La contradicción también queda expuesta en los propios fundamentos del DNU 366/2025. Allí, el Gobierno sostuvo que los extranjeros representaron el 10,58% de los egresos hospitalarios nacionales, aunque sin precisar metodología ni distinguir entre residentes permanentes y no residentes: la falta de distinción entre ambas categorías es, justamente, la base de la impugnación a las cifras.
En el Posadas, la Memoria Anual 2024 registró 17.768 egresos de internación, de los cuales apenas uno correspondió a un paciente residente en el extranjero: el 0,01% del total. En el Garrahan, de 407.704 consultas externas realizadas ese año, solo 1.876 fueron de extranjeros, el 0,46%.
En Mendoza, que cobra desde agosto de 2024, se estima que los extranjeros representaban antes de la medida apenas un 3% de las atenciones, proporción que luego se redujo aún más. En la Ciudad de Buenos Aires, entre marzo y septiembre de 2025 se identificaron solo 69 personas sin DNI argentino en todo el circuito de facturación implementado.
Mientras el Gobierno insiste con el argumento del «turismo sanitario», un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) mostró que los propios hospitales alcanzados por la medida son los más golpeados por el ajuste: el Hospital Carrillo tiene en 2026 un presupuesto 38% menor en términos reales que en 2023, y el Bonaparte, un 51% menor.
JL/CM
