La situación económica de las familias argentinas continúa mostrando señales de preocupación y San Juan se encuentra entre las provincias más afectadas por las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras. Un reciente relevamiento sobre el endeudamiento de las personas ubicó a la provincia en el quinto lugar del ranking nacional de morosidad, un indicador que refleja los problemas para pagar préstamos, créditos y otras deudas en los plazos establecidos.
El estudio, elaborado por la consultora EcoGo junto con la Universidad Austral, analizó datos correspondientes a agosto de 2026 y determinó que el 22,6% del monto total de los créditos registrados en San Juan presenta irregularidades en los pagos. La cifra se encuentra por encima del promedio nacional, que alcanza el 18,4%, y evidencia las dificultades que atraviesan numerosos deudores para mantenerse al día con sus compromisos financieros.
Con este resultado, San Juan quedó detrás de La Rioja, Santa Cruz, San Luis y Catamarca. La Rioja encabeza la clasificación con una morosidad del 26,2%, mientras que Santa Cruz y San Luis comparten el segundo puesto, con el 24,2% cada una. Catamarca, por su parte, registra un 23,4% y ocupa la cuarta posición.
Uno de los aspectos más llamativos del relevamiento es que San Juan no figura entre las provincias con las deudas promedio más elevadas por persona. Según los datos del informe, el monto promedio adeudado por cada deudor sanjuanino asciende a 3,3 millones de pesos, una cifra considerablemente inferior a los $ 4,9 millones registrados a nivel nacional.
Esta diferencia muestra que el nivel de endeudamiento y la capacidad de cumplir con los pagos no necesariamente evolucionan de la misma manera. Aunque los compromisos financieros promedio de los sanjuaninos son menores que los de los habitantes de otras jurisdicciones, la proporción de créditos con irregularidades es más alta que la media argentina.
En la economía cotidiana, estas dificultades pueden traducirse en un esfuerzo cada vez mayor para distribuir los ingresos entre gastos esenciales, como alimentos, transporte, alquileres y servicios, y las cuotas de préstamos o tarjetas de crédito. Cuando el dinero disponible no alcanza para cubrir todos los compromisos, los vencimientos pueden acumularse y generar nuevas dificultades para regularizar la situación financiera. Además, el atraso en los pagos puede incrementar el costo de las deudas por la aplicación de intereses y recargos, lo que complica aún más la posibilidad de ponerse al día.
El panorama nacional también refleja una tendencia prolongada: de acuerdo con el relevamiento, la morosidad acumula 22 meses consecutivos de aumento. En este contexto, los datos de San Juan muestran que las dificultades para cumplir con los compromisos crediticios constituyen un problema relevante para la provincia, incluso con un endeudamiento promedio inferior al nacional.
Una de cada tres familias que refinanció deuda volvió a caer en mora
La morosidad en los hogares argentinos se mantiene en niveles altos y suma una nueva dificultad a la ecuación: un 30% de los clientes que lograron refinanciar sus deudas volvieron a incumplir con los pagos. Si bien el Banco Central informó que en julio la mora de las familias se ubicó en 12,9%, frente al 12,8% de junio, y que la irregularidad del crédito total al sector privado fue del 7,7%, el dato que despertaba cierto optimismo era que continuaba desacelerándose el crecimiento del saldo de la cartera en situación irregular.
En esa línea, otra de las variables que alimentaban la sensación de mejora era la mora temprana, es decir, los atrasos que todavía no superaron los 90 días. De acuerdo con información de la agencia Noticias Argentinas, ese indicador tuvo un pico superior a los 6 puntos en noviembre de 2025 y se ubicó en torno a los 4 puntos en julio de este año. Sin embargo, la reincidencia de los clientes refinanciados vuelve a poner en duda el techo de la morosidad.
Entre los factores que explican este aumento del incumplimiento de pagos se destacan la falta de recuperación del ingreso real, el crecimiento del crédito durante el inicio de la gestión y las condiciones de otorgamiento, que se flexibilizaron durante esa primera etapa de expansión y competencia entre entidades.
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