Diputados opositores volvieron a dar una muestra de fortaleza y formalizaron el pedido de sesión especial para el próximo 9 de septiembre, a las 12, con un temario que le vuelve a incomodar al Gobierno: la prórroga de la emergencia en discapacidad y el paquete de proyectos por el endeudamiento familiar.
La firma reunió a ocho bloques, desde el peronismo hasta la izquierda, con sectores que en otras votaciones acompañan a la Casa Rosada: Germán Martínez (UxP), Pablo Juliano (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca) y Marcela Pagano (Coherencia), entre los principales firmantes.
También rubricaron el pedido Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), a los que se sumaron Ernesto Ali, Carlos Castagneto y Cecilia Moreau, del bloque de Martínez, además de Martín Lousteau y María Inés Zigarán, de Provincias Unidas.
Ningún expediente tiene dictamen de comisión propio, así que la sesión del 9 de septiembre no habilita por sí sola el debate de fondo en el recinto. El objetivo real es votar el emplazamiento, con 129 firmas necesarias, a las comisiones que hoy controla La Libertad Avanza y que retienen sin tratamiento los proyectos.
La llave libertaria
La comisión de Finanzas, que preside el diputado libertario Santiago Pauli, es una de las llaves que no se mueven sin el paso previo del emplazamiento. Junto con la de Presupuesto y Hacienda, también bajo control de LLA, concentra buena parte de los cerca de 30 expedientes sobre morosidad familiar que la oposición busca destrabar en el recinto.
La jugada nació el miércoles pasado, cuando Juliano y Martínez pidieron un apartamiento del reglamento para meter ambos temas en el temario de esa sesión ordinaria, la misma que terminó dando media sanción a la reforma del BCRA. Necesitaban reunir tres cuartos de los presentes en el recinto para lograrlo y finalmente no llegaron a esa cifra tan exigente.
La votación nominal marcó igual un resultado auspicioso para la oposición: 133 a favor, 107 en contra y 11 abstenciones, cuatro votos por encima del piso de 129 que exige un pedido de emplazamiento en el reglamento de la Cámara. Ese número es el que ahora sostiene toda la apuesta opositora de cara a septiembre.
Números rojos
El reclamo se apoya en una cifra que la oposición repite en cada intervención pública sobre el tema: 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora en todo el país, según vienen sosteniendo los distintos bloques que impulsan la convocatoria conjunta al recinto para el 9 de septiembre.
El paquete reúne alrededor más de una treintena de expedientes sobre morosidad familiar, entre ellos el de Natalia Zaracho, que declara la emergencia crediticia por dos años y crea un régimen específico para atender las deudas ya acumuladas por los hogares argentinos más endeudados del país.
En paralelo va la prórroga de la emergencia en discapacidad, vigente hasta fin de este año, que el proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, con la facultad de Jefatura de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin recortar los créditos destinados a Servicios Sociales del área específica.
Milei bajó línea contra el reclamo en la última reunión de Gabinete, la primera en 45 días, y lo repitió después ante la Bolsa de Comercio de Rosario: «No hay elementos para culpar a la política del Gobierno», dijo, sin dejar margen para matices en su respuesta pública sobre el asunto de la mora familiar.
También sostuvo que «quienes se endeudan tienen responsabilidad, no les pusieron una pistola en la cabeza» para tomar los créditos, en la misma línea que planteó ante la Bolsa de Comercio de Rosario, sin autocrítica sobre el rol del propio Gobierno en el fenómeno de la morosidad de las familias argentinas.
Las trabas administrativas
El punto débil del frente opositor es logístico: los numerosos expedientes tienen giros de comisión distintos entre sí, lo que complica definir con precisión a qué comisiones apuntar el pedido de emplazamiento el mismo día de la sesión especial fijada para el 9 de septiembre próximo en el recinto de Diputados.
El fenómeno ya escaló, además, a las legislaturas provinciales. Córdoba lanzó el programa «Alivio Cordobés», con baja de impuestos locales sobre créditos y una reducción de la rentabilidad bancaria en el Banco de Córdoba, con invitación a que se sumen entidades privadas del sistema financiero local.
Hay iniciativas similares, con matices propios según el bloque que las impulsa, en las legislaturas de Buenos Aires, Santa Fe y La Rioja, todas atadas al mismo fenómeno que escaló a un cruce político de fondo entre la Nación y los distritos en los últimos meses de gestión libertaria en todo el Congreso.
Los bloques tienen ahora dos semanas para unificar los distintos textos entre sí y llegar al recinto con un proyecto de consenso. Si el 9 de septiembre repiten los 133 votos logrados la semana pasada, la oposición tendrá margen no solo para el quórum sino para forzar el debate que el oficialismo evitó durante meses en las comisiones que todavía controla.
JL/CM
