El Municipio de Lanús envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar por 180 días el estado de emergencia en el distrito y eximir de impuestos provinciales a los vecinos y comerciantes afectados por la explosión del viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, que ya dejó dos operarios de Metrogas muertos.
El proyecto declara la emergencia en los planos social, habitacional, patrimonial, económico, comercial, alimentario, ambiental y urbano, y le agrega un capítulo para la infraestructura del servicio público de gas. En lo fiscal, contempla eximir del Inmobiliario, de Ingresos Brutos y de la patente automotor, más otros tributos que la comuna no especificó.

El pedido se suma a lo que el intendente Julián Álvarez definió tras reunirse con los afectados: tasas municipales eximidas para los negocios del centro comercial, una asistencia económica extraordinaria de entrega inmediata para quienes tuvieron daños en el epicentro y obras para que las familias recuperen sus casas.
En paralelo, la comuna organizó con las prestadoras la vuelta escalonada del gas y la electricidad para los inmuebles situados fuera del perímetro crítico, y prometió reconstruir el centro comercial, que el propio jefe comunal había descripto como “totalmente cerrado” mientras siguen los peritajes.

La tragedia sumó el jueves su segunda víctima fatal. Néstor D’Alessandro, operario de Metrogas de 44 años que estaba internado en el Sanatorio Fitz Roy, no resistió las quemaduras. Ese mismo día, el ADN permitió identificar a Marcelo García, de 47, cuyo cuerpo apareció bajo los escombros. Cuatro heridos siguen graves y el distrito decretó 72 horas de duelo.
El Municipio también se presentará como querellante en la causa judicial. “Necesitamos rápidamente actuar en la mitigación de los daños de los vecinos que sufrieron en este hecho”, había planteado el intendente en declaraciones a Radio Con Vos, donde adelantó el envío a la Legislatura del proyecto de exenciones para los afectados.
El cruce con Metrogas
En esa misma entrevista, el jefe comunal fue tajante con la distribuidora: “La responsabilidad, a mi juicio, es total”. Y cuestionó que, detectada la rotura del caño, el aviso quedara en los canales internos de la empresa: “Esto altera claramente el protocolo de emergencia”.
La acusación más fuerte apunta a la documentación técnica. Álvarez aseguró que la cañería que perforó la tunelera no aparecía en los planos entregados por Metrogas a la Municipalidad, y denunció que la empresa no informó la rotura “ni al municipio, ni al 911 ni a nadie”.

Según el Municipio, el vocero de la empresa ubicó la rotura a las 9:44, mientras que el Sistema de Emergencias Municipal recibió la alerta a las 10:52, con la explosión ya consumada. A las 10:26 un vecino había avisado al municipio por olor a gas y, de acuerdo con Álvarez, ante la policía “la gente de Metrogas dijo que tenían todo controlado”.
La compañía contabilizó además cinco empleados propios heridos. Hasta ahora, no respondió en público la denuncia de Álvarez sobre los planos ni la acusación de responsabilidad total.
El frente no se cerró con el estallido. “Desde el momento de esta explosión, nosotros tuvimos hasta el día de ayer a la noche 38 denuncias de fuga de gas”, advirtió Álvarez en Infobae. De ese total, las inspecciones confirmaron pérdidas en 32 casos, y el Municipio cerró preventivamente la estación Lanús.

Con ese cuadro, el intendente subió el tono: “Le pedimos a Metrogas, a la empresa tercerizada, al seguro, que venga también al lugar del hecho a hacerse cargo”. Y llevó el caso al plano nacional: “Son las consecuencias que tiene la motosierra y la falta de un Estado que controle los servicios mínimos de nuestra sociedad”.
En esa línea, apuntó contra la Casa Rosada: “Estamos hablando de un desfinanciamiento, de una desregulación y flexibilización que realizó el Gobierno el año pasado”. También le reprochó al ente regulador que “una empresa tercerizada, sin ningún tipo de control del ente de energía” estuviera a cargo de la obra.
Desde Nación, el ENReGE inició de oficio un peritaje técnico y le requirió a la distribuidora la documentación de la red, el registro de los trabajos y el detalle de lo actuado tras la fuga. La causa, caratulada como “incendio o estrago culposo seguido de muerte”, está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 descentralizada de Lanús.
JL









