La Corte Suprema volvió a expedirse sobre artículos del DNU 70/23, un decreto ómnibus que anula o desregula un centenar de normas. Inicialmente el capítulo que incluía cambios en la legislación laboral fue anulado por la Justicia. Después el máximo tribunal dictó dos fallos sobre la Ley de Tierras, que conmocionó al oficiaismo. Ahora los cortesanos declararon la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto. Habían eliminado el control del Estado sobre el pago de medicina prepaga y ahora, con el fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes.
En su decisión, la Corte revocó el tramo de la sentencia dictada por la Cámara Federal de La Plata que establecía que los aumentos pasarían a estar sujetos de manera automática al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con el fallo, la Corte ordenó que el control se lleve a cabo bajo los mecanismos de revisión legalmente establecidos, que son: evaluación de estructura de costos y cálculo actuarial.

El fallo tiene un doble impacto: define una influencia directa sobre cerca de 500 causas análogas que aun tiene pendientes de resolver. Al mismo tiempo podría influir en muchos reclamos iniciados por otros afiliados en diversos tribunales del país, y por aquellos que ya pagaron y reclamarán su restitución.
El caso comenzó por una afiliada cuya cuota aumentó 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. De haberse aplicado la resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste previsto para enero de 2024 habría sido de 6,26%. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre el decreto 70/2023. La causa llegó a esa instancia por recursos presentados tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.
CM










